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Agenda ICERO: impunidad en la mira
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¿Cómo operan las empresas fantasma en el sector salud?
Miles y miles de facturas son expedidas por empresas fantasma a favor de instituciones públicas de salud con la finalidad de extraer recursos públicos que estaban destinados a la atención médica de millones de personas.
Por Luis Pérez de A., Denise Tron Z. y Mariana Ruiz A.
12 de marzo, 2020
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El uso de facturas falsas es una epidemia que se ha propagado a nivel nacional y que a la fecha no ha recibido atención por parte de autoridades federales y estatales. Miles y miles de facturas son expedidas por empresas fantasma a favor de instituciones públicas de salud con la finalidad de extraer recursos públicos que estaban destinados a la atención médica de millones de personas. Esto reveló la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud” realizada por las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. Pero ¿cómo es que estos grandes esquemas de corrupción han logrado infectar el sistema de salud del país?

Para lograrlo, los servidores públicos tienen la necesidad de instrumentar una cadena de simulación con el fin de encubrir el desvío de recursos públicos. En esta cadena, las empresas fantasma y las facturas falsas juegan un papel fundamental. Necesariamente existe un acuerdo informal entre el o los servidores públicos que pertenecen a una institución de salud y la empresa fantasma, que permita simular la adquisición de bienes o servicios. Puede ser a través de una licitación a modo o con un esquema de adjudicación directa, para posteriormente generar “el papeleo” que exige la legislación en materia de adquisiciones. Además, las personas físicas también operan como empresas fantasma, ya sea simulando una actividad empresarial o bien, recibiendo pagos de honorarios por la “prestación de servicios”. En todos los casos, los contratos, pedidos o cualquier otro documento son también documentación fantasma, ya que se utiliza para cumplir formalmente o “cubrir” las obligaciones a las que están sujetas las instituciones de salud.

En esta investigación se detectaron algunos de los esquemas de operación entre empresas fantasma y el sector salud. Por un lado, están las empresas fantasma “consentidas”, que reciben pagos millonarios de una sola institución. Este caso se presentó en el Instituto de Salud del Estado de México, el OPD Servicios de Salud de Oaxaca, el OPD Instituto de Salud de Chiapas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las empresas “multiestatales” tienen un mayor alcance, en tanto operan en varios estados con distintas instituciones de salud. De la investigación realizada se obtuvo que existen 45 empresas fantasma que operan en, al menos, dos estados de la República. Asimismo, parece existir un patrón o triángulo de operación de empresas fantasma entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán debido a que cuatro empresas fantasma operan por igual en estos estados, y cuatro más que coinciden en los últimos dos. También se detectó una sola empresa que operó en once estados.

Por otro lado, a nivel federal se identificaron 135 empresas fantasma con las que contrató el IMSS y 185 empresas fantasma con las que contrató el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ambas instituciones comparten un total de 26 empresas fantasma. En cuanto a recursos públicos desviados, la empresa del gobierno federal dedicada al desarrollo y comercialización de vacunas, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), pagó $213 millones de pesos a cinco empresas en tan solo 17 meses, entre 2014 y 2016.

La contratación forma parte de la cadena de simulación, por eso, las facturas precedidas por procesos de adjudicación directa o invitación cerrada facilitan a los servidores públicos contratar a empresas fantasma. A primera vista podría pensarse que las empresas fantasma del sector salud únicamente simulan la venta de medicinas y material médico. Sin embargo, la mayoría de las empresas fantasma identificadas aparentan dedicarse a la comercialización, a la prestación de servicios o a la distribución. Esto se debe a que siempre resulta más sencillo simular la prestación de un servicio a simular la entrega de bienes. De ahí que las empresas dedicadas a la consultoría, asesoría o logística también sean populares en el sector salud.

Un esquema utilizado por los servidores públicos de las instituciones de salud es el de solicitar el reembolso de viáticos mediante el uso de facturas falsas. La práctica consiste en colocar este tipo de facturas junto con otras que amparan gastos que sí se efectuaron. Los servidores públicos adquieren estas facturas de empresas fantasma, las cuales se emiten a nombre de la institución de salud que realiza el reembolso de viáticos. El servidor público se beneficia de manera indebida, a costa de recursos públicos.

Son varias las empresas dedicadas a “prestar este servicio”; una de ellas expidió facturas a 21 instituciones de salud de la Federación y de 11 estados. Los montos en estos casos son bajos, ya que este modus operandi no genera facturas por cantidades altas, pero constituyen una especie de robo hormiga en cantidades que en suma resultan desorbitadas.

El desvío de recursos públicos se da en todos los niveles, según el alcance y poder que tenga el servidor público que participa en la simulación. Pretender que las autoridades desconocen estos esquemas resulta poco creíble, sobretodo ante la evidencia de que desde enero de 2014 hasta febrero de 2019 se identificó el uso ininterrumpido de facturas falsas.

El sistema de corrupción en el sector salud solo se ha podido mantener en el tiempo debido a un sistema de encubrimiento. Tanto las instituciones de salud, los gobiernos federal y estatales, y el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) han permitido el avance de esta enfermedad, por lo que todos ellos son partícipes de este sistema que se ha mantenido en impunidad.

Para leer el informe completo consulta aquí.

* Luis Pérez de Acha (@luisperezdeacha), Denise Tron Zuccher (@denisetron) y Mariana Ruiz Albarrán (@Mariana_Ruiz_A) forman parte de Justicia Justa, A.C., asociación dedicada a temas del sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción.

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