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Agenda ICERO: impunidad en la mira
Por Impunidad Cero
Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad... Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad, para poder combatirla. @ImpunidadCeroMX (Leer más)
¿Cuánto gastan los estados en combatir la impunidad y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia?
Un mayor gasto destinado al combate a la impunidad se relaciona con un mejor índice global de impunidad y una mayor efectividad en la procuración de justicia, mientras que en aquellos estados con menor gasto aumenta la impunidad en homicidios dolosos, de acuerdo con el más reciente estudio de Impunidad Cero.
Por Roberto Durán Fernández y Arturo Ramírez Verdugo
6 de octubre, 2021
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¿Cuánto gasto público se destina a nivel estatal en México para contar con un Estado de derecho sólido y libre de impunidad? ¿Existe alguna relación entre este gasto y los niveles de impunidad en el país? ¿Cómo se relacionan estas variables con otros fenómenos sociales, como la violencia familiar o la movilidad social? ¿Cómo ha cambiado la priorización del combate a la impunidad en las entidades? Contar con una respuesta objetiva a estas preguntas es un paso crítico para consolidar un Estado de derecho sólido y libre de impunidad en México. A continuación se presentan los principales resultados del estudio Presupuesto estatal para el combate a la impunidad: ¿Cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia, publicado recientemente por Impunidad Cero, en el cual se busca responder estas preguntas.

¿Qué entendemos por gasto para combatir la impunidad y cuánto se está invirtiendo?

El gasto estatal en el combate a la impunidad se define como la suma de los recursos presupuestales destinados a la procuración de justicia, impartición de justicia y seguridad pública. Con base en esta definición, se encontró que en 2019 el total de recursos erogados por parte de todas las entidades federativas en este concepto fue de $172,879 millones de pesos constantes de 2018. Este monto equivale a 0.77% del producto interno bruto (PIB), es decir, $3.74 pesos por persona al día. En promedio, se destina el 50% del gasto a labores de seguridad pública, el 25% a la procuración de justicia o fiscalías y el 25% restante a la impartición de justicia o poder judicial. Este análisis se llevó a cabo con información de las cuentas públicas y los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas para el periodo 2006 a 2020. El nivel de gasto en 2019 se compara favorablemente respecto con 2015, cuando el total era de $144,517 millones de pesos constantes de 2018, equivalentes a 0.68% del PIB, o $3.26 per cápita al día. Es decir, se observa un incremento de alrededor de 3.5% por año y un 15% acumulado entre 2015 y 2019. Sin embargo, los niveles de gasto son sumamente asimétricos entre las entidades, con diferencias de hasta 4 veces el monto erogado entre una y otra. Cabe señalar que entre 2006 y 2020 también se ha observado que cada vez más estados publican su información presupuestal con mayor transparencia.

 ¿Cuál es la relación entre los niveles de impunidad y el gasto para combatirla?

Una vez que se cuenta con el nivel de gasto destinado al combate a la impunidad a nivel estatal, es posible analizar su relación con indicadores que miden la solidez del Estado de derecho y los niveles de impunidad. En particular, analizamos dicha relación utilizando cuatro indicadores: el índice global de impunidad, la impunidad en homicidios dolosos, la efectividad en la procuración de justicia, y la tasa de homicidios. En general, nuestro análisis encuentra que un mayor gasto destinado al combate a la impunidad se relaciona con un mejor índice global de impunidad y una mayor efectividad en la procuración de justicia. Mientras que en aquellos estados con menor gasto aumenta la impunidad en homicidios dolosos. Las variables que tienen una relación más fuerte con el índice global de impunidad son el gasto del poder judicial estatal y la suma del gasto en los tres rubros.

¿Existe relación entre el gasto para combate a la impunidad y otras variables sociodemográficas?

En este estudio analizamos la relación entre la impunidad y otras variables sociodemográficas. Este análisis parte de investigaciones recientes en México sobre la relación entre niveles de violencia y descomposición del tejido social. Nuestra investigación encuentra que las entidades con mayores índices de delitos relacionados con abuso y acoso sexual presentan un mayor nivel de impunidad. Asimismo, encontramos que aquellos estados con mayor movilidad social presentan mayor efectividad en la procuración de justicia. Finalmente, observamos una relación significativa entre la tasa de homicidios y la violencia contra la mujer y la violencia familiar, ilustrando un vínculo ampliamente estudiado respecto a la relación entre la violencia hacia la mujer, la estructura patriarcal y la violencia generalizada en la sociedad.

La importancia de los Planes Estatales de Desarrollo

Finalmente, en el documento se analiza si la lucha contra la impunidad es un eje estratégico en los planes estatales de desarrollo (PED). Lo anterior es relevante ya que las leyes presupuestales dictan que el gasto público debe destinarse a aquellos programas prioritarios contenidos en los PED; si estos últimos no conceden prioridad al combate a la impunidad, no sorprende que el gasto para estos rubros sea bajo. En términos cuantitativos, las menciones al término impunidad en los PED crecieron en 19 de las 32 entidades federativas entre 2015 y 2019 y el número de menciones promedio pasó de 4.3 a 8.6 menciones. En términos cualitativos las entidades que presentan al combate a la impunidad como un eje rector o prioridad del gobierno crecieron de 7 a 11. Adicionalmente hay 11 estados que presentan el combate a la impunidad únicamente asociado a un objetivo, estrategia o línea de acción particular; 9 donde la impunidad sólo se presenta como parte del diagnóstico inicial del PED; y un Estado que no menciona el término impunidad en su PED. Se concluye que el tema de impunidad ha tomado mayor relevancia en años recientes, al aumentar el número de estados que lo considera un eje estratégico de su gobierno. Integrar el combate a la impunidad como eje rector en los PED es un paso fundamental para posibilitar el aumento de recursos en estas tareas.

Reflexiones finales

Los recursos totales que se destinan para combatir la impunidad en las entidades federativas se han incrementado en los últimos años en términos per cápita y reales. Asimismo, existe evidencia de que los estados que más gastan en estas labores presentan mejores indicadores sobre la solidez del Estado de derecho y menores niveles de impunidad. Estamos convencidos que de continuar esta línea de investigación, en el futuro será posible confirmar la relación causal entre el gasto en el combate a la impunidad y los indicadores analizados, así como un entendimiento más amplio de las interrelaciones entre la impunidad y la política social. Para ello, es deseable que grupos de investigadores multidisciplinarios estudien qué tipo de gastos en específico tienen una mayor incidencia y, por ende, son más efectivos en reducir los índices de impunidad. El estudio completo y la base de datos pueden consultarse en www.impunidadcero.org.

* Roberto Durán Fernández es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y profesor en el Departamento de Economía y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Arturo Ramírez Verdugo es doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Se agradece el apoyo en la investigación y organización de la base de datos de Mariana Flores Lizaola y Edgar Hernández del Ángel, así como los comentarios de Irene Tello Arista y Luna Mancini.

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