close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Agenda ICERO: impunidad en la mira
Por Impunidad Cero
Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad... Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad, para poder combatirla. @ImpunidadCeroMX (Leer más)
La fiscalía de la fiscalía: los usuarios del sistema penal
Los actos de corrupción siguen siendo atractivos pues al ponderar las ganancias esperadas contra la pérdida que tendrían en caso de ser descubiertos, la balanza se inclina por cometer el ilícito.
Por Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz
28 de marzo, 2019
Comparte

Por: Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz

Andrés, guardia de seguridad, fue detenido el 3 de febrero alrededor de las 8 de la noche en Paseo de la Reforma, tras una inspección realizada por la policía de la Ciudad de México. ¿Los cargos? Portar un arma de fuego con licencia vencida hace dos años. Andrés fue llevado ante la delegación de la hoy Fiscalía General de la República, en la cual un Ministerio Público (MP) determinó la detención como legal e inició una investigación. Unos momentos después, el MP se entrevistó con el defensor y la familia del detenido para hacerles una propuesta muy sencilla: “No está mi jefe y es domingo, júntenme $50,000 y tráiganlos como fianza para que esto se termine antes de que vayamos al juez”. Cuando la esposa de Andrés le contestó que no los tenía, el MP le advirtió que si no los juntaba Andrés se quedaría por lo menos cinco años en la cárcel. En menos de 10 horas, la familia vendió el coche del año 2007 y entregó el dinero en efectivo en la esquina de la delegación en la Colonia Doctores. Andrés estuvo libre en menos de 2 horas.

Esta historia de ficción es solo un ejemplo de la realidad que enfrentan todas las procuradurías y fiscalías de nuestro país y la vulnerabilidad e impotencia que corrompe a los usuarios del sistema de justicia, principalmente motivados por un desconocimiento de la norma. La fianza ya no existe y seguramente Andrés no iba ir a la cárcel, ya que existen distintas alternativas que pudieron ocurrir en el futuro si hubiera ido ante un Juez. Sin embargo, se conjuntan dos problemas: la completa falta de supervisión sobre los actos de corrupción en los que pueden incurrir los ministerios públicos y el desconocimiento de la norma por parte de los usuarios, quienes la mayoría de las veces son pobremente asesorados por defensores o asesores jurídicos saturados de trabajo. Esto nos lleva a un desolador resultado, crecimiento de la impunidad y de la “caja chica” que día con día alimentan los operadores del sistema de justicia mediante actos de corrupción.

No obstante, pese que estas pequeñas y grandes corrupciones han quedado en la mayoría de los casos en impunidad, no han quedado en vano. Decimos que han quedado en impunidad porque la entonces Procuraduría General de la República reportó que, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, la Visitaduría General –órgano encargado de conocer de los delitos cometidos por servidores públicos que pertenecen a esa Institución tal como ministerio públicos, policías y peritos– inició 376 carpetas de investigación y determinó 346, sin precisar cómo se determinaron o dieron por terminados. En esas investigaciones, sólo 15 investigaciones llegaron ante un juez.

Sin embargo, no quedaron en vano si consideramos que, de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, en 2008 México se encontraba en el lugar 72 de 180 países, y en 2018 fue el número 138 de 180 países: es decir, caímos 66 lugares en 10 años hasta ocupar el peor nivel entre los miembros del G20 y de la OCDE.

Los actos de corrupción siguen siendo atractivos pues al ponderar las ganancias esperadas contra la pérdida que tendrían en caso de ser descubiertos, la balanza se inclina por cometer el ilícito. Máxime cuando se tiene una institución débil que aún y cuando conozca la noticia criminal, no cuenta con las herramientas ni capacidades para llevar a cabo una investigación robusta que permita hacer valer la ley en toda la extensión de la palabra. Un sistema penal que no detecte, investigue y sancione a los individuos corruptos, estará fomentando que tanto particulares como servidores públicos actúen fuera del marco de la ley.

Mucho se ha repetido que los ánimos punitivos y la regresión legislativa, tal como lo ocurrido con el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, han señalado al propio sistema penal acusatorio y su construcción legal como el principal culpable de la sistémica impunidad. Sin embargo, un punto crítico causante en gran medida de los altos índices de impunidad dentro del sistema penal es la corrupción interna de las procuradurías y fiscalías, que se debe a la baja calidad regulatoria de los medios de control interno. Así, un régimen de responsabilidades poco claro impide una correcta orientación del actuar del servidor público e inhibe un correcto mecanismo de supervisión, que a su vez genera un mayor margen de discrecionalidad en su actuar que, sumado al temor o complicidad de los usuarios del sistema (víctimas, acusados, denunciante o testigos), ha tenido como consecuencia el incremento de la crisis de impunidad en el sistema de justicia penal.

En este contexto, en Impunidad Cero y TOJIL estamos convencidos de que si bien urge generar políticas públicas efectivas para combatir la corrupción y fortalecer la correcta ampliación del sistema de justicia, el verdadero cambio sólo puede venir acompañado de la información y empoderamiento de los ciudadanos. Con esto en mente hemos creado una “Guía contra la corrupción en ministerios públicos”, que tiene el objetivo de lograr que se genere una cultura colectiva de la denuncia y de la exigencia de los derechos y obligaciones que les corresponden a ciudadanos y funcionarios públicos. Sólo así podremos aspirar a que un día la corrupción deje de ser impune.

 

* Estefania Medina Ruvalcaba es licenciada en Derecho por la UIA y especialista en sistema penal acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, ha desempeñado varios cargos directivos sobre la materia en la PGR y el SESNSP. Es autora del libro La Delincuencia Organizada en el Sistema Penal Acusatorio (mitos y realidades) y cofundadora de la organización TOJIL. Adriana Greaves Muñoz es abogada egresada del ITAM con una maestría en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado en la Benjamin N. Cardozo School of Law. Colaboró en la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral dentro de la PGR, desempeño cargos directivos en CNS y es cofundadora de la organización TOJIL.

 

 

Sexto informe de Labores de la Procuraduría General de la República, disponible aquí.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2008, disponible aquí.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018, disponible aquí.

Catálogo de delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los casos en que una persona tendrá oficiosamente que seguir su proceso penal en libertad, sin ponderar el caso en concreto.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
Comparte