¿Por qué es importante la impunidad administrativa? - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Agenda ICERO: impunidad en la mira
Por Impunidad Cero
Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad... Impunidad Cero es una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad, para poder combatirla. @ImpunidadCeroMX (Leer más)
¿Por qué es importante la impunidad administrativa?
De 2014 a 2019, la impunidad administrativa a nivel federal fue de 80.69%, por la ineficacia del sistema para sancionar a servidores públicos que no cumple con su finalidad para desincentivar conductas indebidas de las personas que se desempeñan en el servicio público.
Por Darío Ángeles
3 de agosto, 2021
Comparte

En México es indudable que la negligencia de la Administración Pública mata.

Ya sea porque sus fallas provoquen socavones en una carretera,1 o porque no se verifique adecuadamente que las construcciones cumplan con los lineamientos para soportar un sismo;2 o porque se desarticule el sistema de compra y distribución de medicamentos en el país,3 o incluso porque se construya una línea de metro con fallas estructurales. Estos casos tienen en común dos cosas: han provocado la muerte de personas y se encuentran asociados a fallas imputables al gobierno.

En el 2017, a meses de ocurrida la tragedia del socavón del paso exprés, Impunidad Cero se planteó una duda: ¿cómo se debería sancionar a los servidores públicos vinculados a la obra pública fallida? Ello generó una investigación en la que se plantea cómo sancionar a las personas que, con motivo de sus actos u omisiones, guardaban una relación directa con la muerte de las dos personas en el socavón.4 Ahora, aunque el objetivo principal de la investigación era ese, durante los trabajos de recopilación de información surgió una pregunta relevante que dio lugar a una segunda investigación. La pregunta era: ¿cuáles son las posibilidades de que estas conductas indebidas efectivamente se sancionen? La respuesta que encontramos fue simplemente deprimente: solo 8 de cada 100 faltas de servidores públicos se sancionan a nivel federal.5

No obstante la relevancia de ese dato, lo cierto es que este es un problema que ordinariamente se ha pasado por alto. Cuando suceden tragedias como las indicadas arriba, las personas suelen pensar en que alguien debería de ir a la cárcel (lo que quizá sea cierto), pero rara vez se identifica que existe un sistema que hubiera permitido prevenir y sancionar irregularidades del gobierno de forma previa a que sucedan ese tipo de acontecimientos trágicos. Ese sistema es el sistema de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

A muy grandes rasgos, toda persona que se desempeña como servidora pública tiene que cumplir con una serie de deberes, obligaciones y prohibiciones. El incumplimiento de estos debería dar lugar a que les sea impuesta una sanción que sea proporcional a la falta cometida y en un sistema eficaz, por cada falta cometida, debería existir una sanción.

Para nosotros, la importancia del sistema radica en que, cuando es eficaz, permite que las autoridades corrijan sus errores y, al mismo tiempo, sirve para disuadir otras conductas (como, por ejemplo, las de corrupción). Pero además, si bien tiene sus particularidades, el sistema tiene una regulación menos severa que la legislación penal al momento de probar conductas indebidas o de determinar las sanciones. En este sentido, puede pensarse en el sistema de responsabilidades como un sistema preventivo-sancionador de conductas indebidas de funcionarios públicos y de ahí deriva su importancia.

Ahora, el problema es que ciertamente no existe mucha información sobre este sistema en el país. Así que, con esta idea en mente, desde Impunidad Cero llevamos a cabo una investigación con la finalidad de evaluar los sistemas de responsabilidades administrativas de las distintas entidades federativas así como la Federación, para cada uno de sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial, y por su relevancia social, las fiscalías o procuradurías de justicia). Para ello, realizamos 132 solicitudes de información, con 21 preguntas dirigidas a obtener información relevante de los sistemas correspondientes.

La primera dificultad con que nos encontramos fue la dispersión y falta de homogeneidad en la información disponible, lo que presenta la dificultad de diagnosticar el problema en términos reales en el país. Gran parte del tiempo que nos tomó integrar la investigación final consistió en agrupar y homogeneizar la información disponible, para que se pudiera comparar.

Una vez agrupada la información, encontramos la siguiente información relevante:

La impunidad administrativa global a nivel federal es de 80.69%, considerando esas cuatro autoridades, de 2014 y 2019.

Al calcular la impunidad administrativa para cada uno de los poderes federales de 2014 a 2019, se encontró que en el Ejecutivo fue de 80.77%,6 en el Legislativo de 52.83%, en el Judicial de 14.56% y en la FGR de 100%. El poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos, mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR, al no haber sancionado a ningún servidor público durante el periodo analizado, o al no haber compartido información solicitada vía transparencia que nos dijera que sí sancionó y cómo.

A nivel estatal, los poderes ejecutivos de Chihuahua y Querétaro son los dos con mayor impunidad administrativa, con 97.2% y 91.3%, respectivamente. Los poderes ejecutivos de Nuevo León y Chiapas cuentan con los niveles más bajos de impunidad administrativa, con 6.8% y -3.3%7, respectivamente. Los poderes legislativos de Michoacán, Coahuila y Sonora destacan por su baja impunidad administrativa, con -36.5%, 0% y 8.7%, respectivamente. Mientras que los de Puebla y Querétaro son los que más alta impunidad administrativa tienen, con 98.8% y 84.6%, respectivamente. Sin embargo, un alto número de poderes legislativos estatales no dio información suficiente para poder hacer el cálculo correspondiente.

En cuanto al poder judicial, Jalisco, Quintana Roo y Colima registran la menor impunidad administrativa, con -61.5%, -58.3% y 8.3%, respectivamente. Mientras que el poder judicial que menos sanciona faltas administrativas es Campeche, con 99.5%. Nuevamente, un alto número de poderes judiciales no presentó información suficiente para poder hacer el cálculo. Finalmente, las fiscalías estatales con menor impunidad administrativa son Tlaxcala y Querétaro, con -87.5% y 0.9%, respectivamente. Mientras que las fiscalías estatales con mayor impunidad administrativa son Aguascalientes y Baja California, con 93.6% y 93.2%, respectivamente.

De la información aquí presentada, lo que se puede observar es que en un gran número de poderes públicos, la impunidad administrativa es alta. Ello, a grandes rasgos, significa que el sistema para sancionar a servidores públicos es ineficaz, y en esa medida no cumple con su finalidad para desincentivar conductas indebidas de las personas que se desempeñan en el servicio público.

Considerando los casos indicados al principio de este texto, valdría la pena preguntarse si los mismos se hubieran presentado si hubiera habido sanciones previas a las personas involucradas en el tema. En nuestra opinión, no. Si mejoramos el sistema de responsabilidades administrativas es posible generar un mejor servicio público, y además desincentivar conductas indebidas que pueden derivar, más allá que en casos de corrupción, en tragedias que representen la pérdida de vidas.

Es por ello que vale la pena atender el fenómeno de la impunidad administrativa.

* Darío Ángeles es abogado especialista en derecho administrativo e investigador de @ImpunidadCeroMx.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

5 Disponible aquí.

6 Si bien el porcentaje de impunidad para la Federación disminuyó respecto a nuestra investigación anterior, es importante considerar que en esta ocasión no se consideró el número de sanciones revocadas por tribunales y, además, que se integró una serie de conceptos que permiten considerar casos que no representan impunidad administrativa.

7 Los porcentajes de impunidad negativa significa que hubo más salidas, o casos resueltos, que de los que hubo entradas, ya sea vía denuncia, reporte, auditoría, o algún otro medio.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.