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Agenda ICERO: impunidad en la mira
Por Impunidad Cero
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Los más afectados por la prisión preventiva oficiosa
Mujeres, jóvenes y personas con un nivel educativo son la población más afectada por la prisión preventiva oficiosa. Quienes más frecuentemente son encarcelados por sus condiciones sociales también están altamente expuestos a no recibir una sentencia y por tanto a mantenerse en el umbral de impunidad del sistema penal en México.
Por Impunidad Cero
14 de febrero, 2019
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Por: Raúl Santiago Castellanos Guzmán (@rulocastellanos) y Diana Nava Casiano (@dianii_nava)

En México, una de cada tres personas que está en la cárcel no tiene una sentencia. Para todas ellas, su caso no ha finalizado y no poseen certidumbre jurídica sobre su estancia en prisión. En este contexto, cabe recordar que el pasado 28 de noviembre el Senado de la República aprobó un decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución, con el objetivo de ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que se podrá meter a las personas a la cárcel por un mayor número de delitos mientras se investiga si realmente fueron responsables. Bajo la promesa de disminuir los niveles de incidencia delictiva y la impunidad, delitos como la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, el hucachicoleo, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, el abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de transportes y la corrupción se incluyeron en el dictamen para aumentar el catálogo de delitos del art. 19 constitucional.

A pesar de que la Cámara de Diputados redujo el número de delitos de este dictamen a tres (uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos) existe la probabilidad de que los nueve delitos iniciales sí sean castigados con prisión preventiva

¿Mayor prisión es igual a menor impunidad?

Crecemos con la idea de que el culpable de un delito será castigado, que esa acción ayudará a reducir el crimen y que la reclusión del responsable en prisión mantendrá a salvo al resto de las personas. Pero en México existe evidencia de que la prisión no siempre conduce a este resultado. Al respecto, Montserrat López y Carlos de la Rosa  demuestran que del 2017 al 2018, la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentó a nivel nacional 34%. No obstante, sólo en 14 estados se cumple la relación entre mayor prisión preventiva y menor incidencia delictiva. En el resto, la relación es contraria: a más prisión preventiva oficiosa, más víctimas.  

Respecto a los delitos que actualmente merecen prisión preventiva oficiosa, sabemos que en 2014 la tasa de homicidio doloso en México fue de 16.95% y que para 2017 aumentó a 20.51%. De acuerdo con Guillermo Zepeda, la impunidad en homicidio doloso también incrementó, pasando de 78.6% en el 2014 a 87.5% en el 2017. Es decir que, frente a un aumento en incidencia delictiva, este medida no fue suficiente para enfrentar la impunidad en este delito.   

En este espacio se expondrán las características de las personas más afectadas por la prisión preventiva: aquellas que están en la cárcel y no tienen sentencia.

¿Quiénes no tienen sentencia?

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en el 2016 había 211 mil personas privadas de la libertad distribuidas en 338 centros penitenciarios¹. De esta población una de cada tres personas (29.37%) no tenía sentencia. A partir de la misma encuesta del INEGI, sabemos que en las cárceles hay 18 hombres por cada mujer. Aún cuando existe un mayor porcentaje de hombres que de mujeres privados de su libertad, esta relación se invierte respecto a la situación jurídica de cada grupo: el porcentaje de mujeres encarceladas sin sentencia es de 44%, frente al 28.5% de los hombres.

El 55.4% de las población encuestada por la ENPOL son personas entre 18 y 35 años, el grupo de edad que también concentra el mayor porcentaje de personas privadas de su libertad sin sentencia. El 62.8% de las personas en este rango de edad no han sido sentenciadas. Algo similar sucede con la distribución de personas sin sentencia y su nivel educativo. El 67.8% tiene educación básica, es decir sólo estudiaron hasta la secundaria.

Mujeres, jóvenes y personas con un nivel educativo son la población más afectada por la prisión preventiva oficiosa. Quienes más frecuentemente son encarcelados por sus condiciones sociales también están altamente expuestos a no recibir una sentencia y por tanto a mantenerse en el umbral de impunidad del sistema penal en México.

¿Dónde están las personas sin sentencia?

Las entidades que concentran la mayor cantidad de personas sin sentencia son el Estado de México (10.8%), Baja California (5.2%) y Guerrero (4.8%). De estos estados, llama la atención el caso de Guerrero, pues es el doceavo estado con mayor población privada de su libertad, pero el tercer estado con más personas sin sentencia.

Cada estado tiene su propia distribución de personas sin sentencia. En el caso de los hombres, existe un mayor porcentaje en Oaxaca, Guerrero (ambos con 48.6 %) y Colima (44.3%). En el caso de las mujeres, los estados en los que hay un mayor porcentaje  sin sentencia son Oaxaca (64.5%), Tamaulipas (61.9%) y Guerrero (58.7%)

¿Cómo fue su arresto y de qué se les acusa?

El 49.9% de las personas privadas de su libertad que todavía no tienen una sentencia reportaron haber sufrido algún tipo de violencia en el arresto. Este porcentaje es superior dentro de la población femenina (46.9%) que la masculina (29%).

Para muchos tipos de violencia, las características de la población total en centros penitenciarios son similares a las de las personas sin sentencia. Por ejemplo, el 60% de la población en prisión fue arrestada con el uso de la fuerza, mientras que en aquellos que no tienen sentencia el porcentaje es de 60.43% ². En general, el 61% de las personas que no tienen sentencia reportaron haber sido pateados, 41% aplastados, 42% golpeados y un 23% sufrieron descargas eléctricas.

El 66.2% de las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia reportaron haber sufrido algún tipo de tortura durante su traslado al Ministerio Público. Los hombres en mayor porcentaje: 66.7% contra un 59.5% en el caso de las mujeres. Sin embargo, si eres mujer, tienes mayor probabilidad de ser víctima de ciertos tipo tortura, como una violación. Una de cada dos mujeres (50.9%) que no tienen sentencia fueron violadas durante su traslado al Ministerio Público.  

Por si eso no fuera suficiente para evidenciar la serie de irregularidades y violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las personas que enfrentan prisión preventiva, una de cada cuatro personas sin sentencia denuncia haber sido víctima de corrupción directa. En otras palabras, 24.7% de las personas reportan que de forma directa, la autoridad que realizó el arresto le pidió algún beneficio como dinero, bienes, regalos o favores. En cuanto a delitos por los cuales se les acusa inicialmente, el 18.8% de las personas que están privadas de su libertad y no tienen sentencia, fueron acusados de homicidio. Seguido de la posesión de armas largas con un 14.9% de los casos sin sentencia, y del secuestro con un 13.9%.   

Conclusión

La población carcelaria en México que no cuenta con una sentencia (un tercio de la población total) tiene características similares a aquella que ha sido sentenciada: la mayoría de ellos son jóvenes y poseen educación básica. Sin embargo, difieren en cosas muy importantes: las mujeres, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de no haber recibido sentencia que los hombres. El hecho de no tener una sentencia no es la única impunidad a la que se enfrenta esta población. La mayoría reporta haber sido víctima de algún tipo de violencia, tortura e incluso de corrupción durante su proceso, lo cual conduce a una doble victimización.

Lejos de disminuir la incidencia delictiva, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa potencializa la exposición de mayores violaciones de las personas privadas de su libertad, quienes en incontables ocasiones son la propias víctimas de un sistema que no esclarece debidamente su responsabilidad, si es que tienen alguna. Aunado a esto, el pasado 25 de enero de 2019 se informó que se cancelarían 14 estudios de opinión del INEGI debido a un recorte presupuestal, incluyendo la ENPOL. Con la desaparición de esta encuesta, la condición de estas personas quedaría nuevamente invisibilizada.

 

¹ Esta encuesta fue levantada del 31 de octubre al nueve de diciembre de 2016 en un total de 37 centros penitenciarios, que son los más densamente poblados del país. En total fueron encuestadas 64,150 personas.

² Las tres autoridades que más arrestos realizaron fueron la Policía Judicial (33.3%), Policía Municipal (32.6%) y Policía Estatal (13.1%). Estos números coinciden con los porcentajes de las personas que sin sentencia.

 

@ImpunidadCeroMx

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