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Violencia contra las mujeres: ausencia de datos la crisis de la COVID-19
La falta de información promueve los estigmas y estereotipos de género que propician la discriminación para el acceso a la justicia, ya que no se identifican situaciones de riesgo de violencia. Por tanto, se carecen de protocolos específicos para dar cumplimiento y garantía a una vida libre de violencia a las mujeres, atendiendo a su contexto particular.
Por Leslie Jiménez
14 de abril, 2021
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El pasado 24 de marzo se cumplió un año de la suspensión de actividades no esenciales debido a la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 en México1, lo que trajo consigo otra crisis: la de violencia contra las mujeres en espacios domésticos.

Sin embargo, antes de la llegada de la pandemia, la violencia contra las mujeres ya constituía un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI, encuesta encargada de medir las experiencias de mujeres de 15 años o más sobre los tipos de violencia (física, económica, sexual, emocional y patrimonial) y los ámbitos de su vida en los que la enfrentan (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario), el 66.1% de las mujeres han vivido al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, ya sea emocional, económica, física, sexual o discriminación; es decir, casi 7 de cada 10 mujeres han vivido situaciones de violencia y el 43.9% recibó violencia por parte de su actual o última pareja2.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿cómo la violencia durante la pandemia ha afectado a las mujeres en México? La respuesta es bastante sorprendente: realmente no lo sabemos. Esto, debido a que la información oficial generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contempla categorías indispensables que nos permitan analizar qué mujeres sufren violencia.

El SESNSP informó que durante el año 2020 se registraron incrementos en el número de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer. Dichos reportes son sobre violación, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia familiar. No obstante, existen imprecisiones en la generación de información respecto a las llamadas de emergencia y carpetas de investigación abiertas por delitos de violencia contra la mujer.

Los problemas inician desde cómo le reportan esta información las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, así como la Fiscalía General de la República, al SESNSP en cuanto a la ocurrencia de delitos registrados tanto en averiguaciones previas como en carpetas de investigación, toda vez que no desglosan categorías como la condición social o económica, discapacidad, condiciones de salud, orientación sexual, identidad de género, racialidad y expresión de género. De igual manera sucede en el caso de reportar la incidencia del delito de feminicidio, en virtud que las Procuradurías y Fiscalías no contextualizan la hipótesis normativa que determinó que se calificara como feminicidio, tales como el lugar de los hechos, antecedentes de violencia, información de la persona señalada como imputada, entre otras.

A lo anterior se suma otro problema que es la forma en cómo el SESNSP comprende la tipología y modalidades de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, a la violencia de pareja la define como: “agresión infligida por la pareja que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por un compañero íntimo”. Por otra parte, la violencia familiar es definida como: “hecho o acción que incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario realiza en forma reiterada y continua actos de violencia física, verbal, moral o psicológica en contra de algún miembro de su familia”. Y finalmente, la violencia contra las mujeres como: “todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”3.

¿Qué consecuencias tiene todo esto? Un escenario en el que las Procuradurías y Fiscalías propician la falta de información y comprensión de los matices de la violencia dirigida hacia las mujeres, el cual perpetúa el SESNSP. Esto porque por un lado, tenemos definiciones, como las arriba mencionadas, que no nos permiten saber en qué casos la víctima era mujer ni en qué casos la información recabada atiende al rubro indicado. Y por el otro, datos obtenidos sin un enfoque interseccional y de derechos humanos, que no toman en consideración los distintos contextos y entornos que incrementan la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas dentro del Estado mexicano.

En consecuencia, se requiere un análisis metodológico con perspectiva de género y con un enfoque transversal que permita contar con datos desagregados que incluyan las diferentes realidades de las mujeres en México. Toda vez que se desconoce el impacto de la crisis, por ejemplo, en mujeres trabajadoras domésticas, migrantes y refugiadas, trabajadoras sexuales, niñas y adolescentes estudiantes así como mujeres con discapacidad.

La falta de información promueve los estigmas y estereotipos de género que propician la discriminación para el acceso a la justicia, ya que no se identifican situaciones de riesgo de violencia. Por tanto, se carecen de protocolos específicos para dar cumplimiento y garantía a una vida libre de violencia a las mujeres, atendiendo a su contexto particular.

Este tema no es ajeno para el Estado mexicano. En la sentencia González y Otras (Campo Algodonero) vs. México se evidenció que la violencia contra las mujeres en nuestro país se encuentra influenciada por un fenómeno social y cultural de discriminación, reconocido por el propio Estado mexicano. Dicho problema está enraizado principalmente en las costumbres y mentalidades4.

La discriminación empleada por los agentes del Estado en las omisiones de investigar las violencias enfrentadas por las mujeres reproduce el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada5. Esto favorece escenarios de impunidad que normalizan la aceptación de dicho fenómeno social.

* Leslie Jiménez (@les_iju) es Coordinadora de Proyectos en @ImpunidadCeroMx.

 

 

1  Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020.

2 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, Principales Resultados, disponible aquí.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, información con corte al 24 de marzo de 2021. Disponible aquí.

4 Véase, Corte IDH, Caso González y Otras (Campo algodonero) vs. México, (Fondo), op. cit., párr. 231.

5 Véase, Corte IDH, Caso González y Otras (Campo algodonero) vs. México, (Fondo), op. cit., párr. 400.

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