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72 razones para no olvidar: a 9 años de la masacre de San Fernando
A nueve años de la masacre de San Fernando, las personas migrantes que caminan por nuestro país huyendo de situaciones de violencia siguen siendo sujetas a los agravios más cruentos.
Por Artículo 19
26 de agosto, 2019
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Por: María De Vecchi Gerli (@maria_devecchi) y Ricardo Reyes Márquez (@vegetable0000)

Entre el 22 y 23 de agosto del 2010 fueron asesinadxs en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 72 personas migrantes, la mayoría centroamericanxs, pero también de Ecuador, Brasil y una persona de la India; 58 hombres y 14 mujeres. Setenta y dos personas fueron asesinadas por el crimen organizado, con la participación de agentes del Estado. Este caso, conocido como la masacre de San Fernando, ha dado muestra de la lentitud e ineficacia de las autoridades en sus investigaciones. A nueve años de lo ocurrido, poco sabemos de este atroz acontecimiento que sigue en la impunidad.

Ante la falta de verdad y justicia en el caso, ARTICLE 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) iniciaron en 2012 un proceso de acceso a la información ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se solicitaron versiones públicas de las averiguaciones previas que éstas habían realizado, mismas que fueron negadas en repetidas ocasiones tanto por la Procuraduría como por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la CNDH, reservando la información por tratarse de un expediente de una averiguación previa en curso.

Lo que no consideraron las autoridades fue que, al tratarse de presuntas violaciones graves a los derechos humanos, era información de interés público, pues el presente caso no sólo afecta a las víctimas y ofendidos en forma directa, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican. Por lo tanto, el entonces IFAI hubiera podido determinar prima facie —facultad que tienen las autoridades para determinar a simple vista y con fines de acceso—, presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

Se iniciaron litigios estratégicos a raíz de las violaciones al acceso a la información en los casos de las averiguaciones previas de la masacre de San Fernando. En febrero del 2012, un juez de distrito concedió el amparo a ARTICLE 19 y se requirió de nueva cuenta al IFAI para emitir una nueva resolución, en la cual reiteró la reserva y clasificación de la información y, por lo tanto, se reincidió en la violación al derecho de acceso a la información.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en abril del 2019 resolvió otorgando el amparo y protección de la justicia a ARTICLE 19 afirmando que, en efecto, el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), puede (pudo) determinar para fines de acceso a la información, presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Este precedente marca un antes y después, ya que en múltiples casos como el de la masacre de migrantes en San Fernando, la opacidad, la desinformación y el desconocimiento prevalecen, y el derecho a saber queda relegado en formalismos que impiden a la sociedad conocer cuáles han sido las actuaciones de las autoridades encargadas de las investigaciones, impiden procesos de justicia e impiden conocer el derecho a la verdad.

Este caso es un claro ejemplo de cómo los tiempos de la justicia y de las familias son diametralmente diferentes. Han tenido que pasar nueve años para que se determine que debe cumplirse un derecho básico en términos de acceso a la información: que tanto las familias como la sociedad tengamos acceso al expediente de la investigación de este caso, lo cual es fundamental para poder dar seguimiento y escrutinio a la misma, para entender lo que sucedió, quiénes estuvieron implicados, para trabajar por el nunca más.

Para los familiares de lxs 72 migrantes asesinadxs en San Fernando, y de las cientos de miles de personas asesinadas y decenas de miles personas desaparecidas en México, cada minuto sin saber la verdad de lo que sucedió y sin acceder a la justicia, son eternos. La justicia, por el contrario, parece alargar cada procedimiento lo más posible, apostándole al olvido, el dolor y la desmemoria.

Esta lentitud e ineficiencia en términos de acceso a la verdad y la justicia han hecho que este crimen se repita en miles de rincones de nuestro país. Y mientras no se aclare qué fue lo que pasó en cada uno de estos eventos, quiénes son las víctimas, quiénes los responsables y cómo se dieron estos hechos, mientras no se juzgue y castigue a las personas responsables, los agravios a personas migrantes seguirán aumentando, las masacres de migrantes seguirán sucediendo.

La sentencia emitida por la SCJN en abril de 2019, en donde se reconoce la facultad del INAI para determinar si un hecho representa graves violaciones a derechos humanos con fines de acceso a la información, busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. El lograr que el INAI pueda determinar prima facie si un caso es o no violación grave de derechos humanos, debería evitar situaciones como la presentada con el caso de San Fernando. Ninguna víctima ni la sociedad en su conjunto deberíamos tener que esperar nueve años para conocer qué fue lo que sucedió en casos de violaciones graves de derechos humanos. El Estado está aún lejos de cumplir con su deber de de garantizar el acceso a esta información, pero esta sentencia es un pequeño paso hacia esa dirección.

A nueve años de la masacre de San Fernando, las personas migrantes que caminan por nuestro país huyendo de situaciones de violencia siguen siendo sujetas a los agravios más cruentos. Más allá del acceso a la información oficial cuando se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes, es urgente que se establezca una política migratoria que garantice su seguridad e integridad en su paso por territorio nacional; una política que no esté regida por la militarización de las fronteras y que proteja sus derechos humanos; una política que garantice que ninguna masacre más sea posible. Es urgente que asumamos, desde los diversos espacios, desde el Estado, la prensa y la sociedad, que ningún ser humano es ilegal y que migrar es un derecho humano.

Precedentes judiciales como éste, abrirán camino para que prevalezca el derecho a saber de la sociedad en casos donde atrocidades como la de San Fernando se han cometido o se sigan cometiendo. El derecho a la información, como pilar de un Estado democrático, debe prevalecer para reforzar la búsqueda de justicia y de no repetición; garantizar el derecho a la verdad.

* María De Vecchi Gerli. Coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de @article19mex. Ricardo Reyes. Abogado del programa de Derecho a la Información de @article19mex.

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