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Acuerdo de Escazú: Estado mexicano, obligado a garantizar derecho a la información medio ambiental
La propuesta presidente de eliminar el INAI contraviene los compromisos internacionales que asume el día de hoy con la ratificación del Acuerdo de Escazú y otros estándares internacionales en la materia.
Por Marilyn Alvarado Leyva y Mayra López Pineda
23 de enero, 2021
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El 22 de enero, el Estado mexicano realizó el depósito del Instrumento de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe1, conocido como Acuerdo de Escazú, después de años de incidencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras del medio ambiente, tierra y territorio.2

Este suceso ocurre en un contexto en el cual el propio gobierno mexicano se ha visto cuestionado por el incumplimiento de estándares internacionales sobre consulta indígena y participación pública. Por mencionar un ejemplo, recientemente en el marco del megaproyecto denominado “Tren Maya”, seis de los relatores de la ONU han expresado su preocupación al considerar que México está incumpliendo con los estándares internacionales mínimos sobre el derecho a la consulta indígena previa, libre e informada, así como la posible criminalización de los defensores medio ambientales.3

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú ocurre en un escenario donde se pretende eliminar, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los organismos autónomos e independientes que garantizan el ejercicio del derecho humano a la información y protección de datos personales en el país, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cabe señalar que, con la firma y ratificación de este tratado internacional, México estaría obligando a garantizar el derecho a la información ambiental a todas las comunidades indígenas que están siendo impactadas directa o indirectamente por los megaproyectos, así como generar acciones que van desde la difusión de conocimientos y asistencia a las personas para facilitar el ejercicio de sus derechos de acceso a la información.4

Además, el Estado mexicano asume la obligación de crear o designar un organismo autónomo, imparcial e independiente, que fomente y promueva la transparencia sobre acceso a información ambiental que permita fiscalizar el cumplimiento normativo, así como vigilar, evaluar y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información, de acuerdo con el artículo 18 de este tratado internacional.

Cabe destacar que, este no es el único estándar internacional existente que obliga a México a crear un organismo imparcial, autónomo e independiente que promueva el acceso a la información y la transparencia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH,5 ha expresado que uno de aspectos fundamentales para el cumplimiento del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege el derecho a la información radica en el “establecimiento de un órgano administrativo especializado destinado a supervisar y satisfacer el cumplimiento de la legislación y la resolución de controversias que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del Estado en proteger determinada información”.6

Por tanto, la propuesta del ejecutivo federal de eliminar al organismo autónomo que defiende y promueve el derecho a la información en el país para quedar bajo el control estatal, contraviene los compromisos internacionales que se asumen con la ratificación del Acuerdo de Escazú y otros estándares internacionales en la materia. Y no sólo ello, la experiencia nos ha demostrado que este gobierno mantiene prácticas de opacidad, esto tomando en cuenta las violaciones graves al derecho a la información y consulta indígena por parte del Estado mexicano que muchas organizaciones y colectivos han denunciado a nivel nacional e internacional no solamente en torno al Tren Maya sino a diversos mega proyectos a lo largo del país.

Para que este acuerdo no quede sólo en un cúmulo de buenas intenciones y actos protocolarios, México tiene que cumplir y asumir las obligaciones que conlleva la ratificación, lo cual implica el fortalecimiento de la promoción de la transparencia y el acceso a la información, la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones en asuntos ambientales, así como la protección de las personas defensoras de derechos ambientales.

* Marilyn Alvarado Leyva es consultora en el Programa de Derecho a la Información para el Estado de Yucatán. Mayra López Pineda es coordinadora de promoción y transparencia de ARTICLE 19 oficina regional para México y Centroamérica.

 

 

1 ONU, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Costa Rica, 4 de marzo de 2018.

2 ARTICLE 19, reconoce el gran trabajo y el impulso de las organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Cultura Ecológica, Fundar (Centro de análisis e investigación), Comunicación y Educación Ambiental, Amnistía Internacional, CCC (Centro de colaboración Cívica); que realizaron las gestiones para que El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) sea ratificado  y firmado por México en noviembre del 2020, siendo así México el 11° país en ratificar el acuerdo.

3 Gómez Magdalena, Tren Maya: el Estado mexicano ante la ONU en “La Jornada”, 19 de enero de 2021, consultado el 20 de enero de 2021.

4 ONU, Op. Cit. 1

5 CIDH.Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 26; CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Acceso a la Información Pública en las Américas). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 205.

6 CIDH. Los órganos de supervisión del derecho al acceso a la información pública. Compilación de informes temáticos contenidos en los Informes Anuales 2013 y 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 14/16, 2016, párr. 7.

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