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AMLO, presidente del tribunal de ética periodística
La libertad de expresión no fue pensada para que los gobiernos se defiendan de la ciudadanía que los critica, sino al revés. El papel del gobernante es tolerar la crítica y dirimir sus diferencias con los medios de una manera democrática.
Por Artículo 19
17 de marzo, 2019
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Por: Sebastián Salamanca (@_JuanSalamanca_)

Mientras el presidente recibía a finales del año pasado un país con los más altos índices de violencia contra periodistas en el hemisferio, al mismo tiempo se dedicaba a deslegitimar el trabajo de algunos medios de comunicación llamándolos “fifís” y etiquetando a periodistas como “chayoteros”.

Pero esa historia ya es vieja; han pasado 100 días y ahora ya vamos en que periodistas que cubren las conferencias de AMLO están recibiendo toda clase de insultos por redes sociales. Peor aún, esta semana el @Signa_Lab del ITESO de Guadalajara afirmó que existen operaciones organizadas para atacar a periodistas críticos al presidente en Twitter y difundir un mensaje de repudio hacia la prensa.

Desde que fue electo, Andrés Manuel ha reaccionado cada vez que un medio dice algo que a él no le gusta. De Proceso dijo en noviembre del año pasado que es “amarillista y sensacionalista”, de Reforma dijo en enero que “difunde información falsa” y la semana pasada afirmó sin más que “ayudó en el fraude electoral”. También se ha pronunciado en contra de periodistas en específico: de Carlos Loret de Mola insinuó en octubre del año pasado que “miente como respira”.

En este punto alguien podría pensar: “Bueno, ¿y cuál es el problema? Si la prensa manipula e informa de acuerdo a intereses”, “Y dónde queda la libertad de expresión de mi presidente? ¿Acaso él no puede hablar?”. La respuesta no es sencilla y quienes trabajamos en organizaciones que defienden la libertad de expresión no hemos sabido comunicarla. Pero tendremos que encontrar la manera, pues la retórica antimedios es un problema creciente en los discursos oficiales de gobiernos como el de Trump, Bolsonaro, Maduro y -guardadas las proporciones- el de AMLO también.

Las tensiones políticas de los últimos años entre Venezuela y Colombia ayudan a explicar por qué son graves estos discursos. El 28 de diciembre de 2006, Hugo Chávez ordenó cerrar RCTV – Radio Caracas Televisión (vía decidir no renovar la concesión de uso del espectro). Fue el resultado de un proceso que inició con un gobierno al que le resultó cada vez más incómodo el cubrimiento de la oposición y que comenzó a señalar a la prensa no oficialista, para luego calificarla de “fascista” y finalmente “golpista”. Quienes trabajaban en RCTV denunciaron en su momento cómo fueron hostigados después de esos señalamientos por colectivos chavistas.

El cierre de RCTV en mayo del 2007 fue un punto de quiebre en la consolidación del autoritarismo en Venezuela. Algo similar ocurrió con el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. En febrero de 2009 Uribe acusó públicamente a los periodistas Hollman Morris y Jorge Enrique Botero de ser “cómplices del terrorismo”, puesto que estos habían cubierto la entrega de unos militares secuestrados en poder de las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que para Uribe constituía un “show mediático” inaceptable.

De manera paulatina Uribe fue tomando la costumbre de señalar como “pro Farc” a periodistas críticos de su administración. Algunos de ellos, como Morris, terminaron siendo víctimas de actos de espionaje ilegal por parte de las agencias de inteligencia del Estado colombiano y recibieron amenazas de muerte. El de Uribe pasará a la historia como un gobierno que persiguió a la prensa desde el discurso oficial y desde el aparato de seguridad del Estado.

Uribe y Chávez son dos extremos aún lejanos de lo que pasa en México, pero nos sirven para ver cómo el problema de los discursos oficiales antiprensa no es un asunto de colores políticos sino una metodología que han utilizado gobiernos de toda índole en Latinoamérica para controlar la conversación pública.

El caudillismo es un fenómeno que atraviesa los últimos dos siglos de historia de la región. Y como necesita movilizar a las masas en torno a enemigos, la prensa es el chivo expiatorio perfecto puesto que puede mentir, manipular, desinformar y todo lo que quieras. Cuando al caudillo le gusta lo que los medios dicen entonces celebra la independencia y la imparcialidad de la prensa libre, y cuando no le gusta se rasga las vestiduras condenando la falta de objetividad y la manipulación mediática. Hay que cuidar que el sistema político mexicano no reproduzca el mal ejemplo de países vecinos que han normalizado este tipo de liderazgos.

El problema con AMLO es que termina fungiendo como tribunal de ética periodística, señalando qué información es veraz y qué no, cuál periodismo es amarillista y cuál no, y cuál es la prensa fifí y cuál no. Pero el papel de los gobernantes no es graduarse como analistas de calidad de contenidos periodísticos: no les corresponde. La libertad de expresión no fue pensada para que los gobiernos se defiendan de la ciudadanía que los critica, sino al revés. El papel del gobernante es tolerar la crítica y dirimir sus diferencias con los medios de una manera democrática.

La experiencia regional muestra que los discursos oficiales estigmatizantes traen consecuencias reales en contra de los medios y periodistas señalados. Estos discursos pueden ser entendidos por seguidores de los mandatarios como instigaciones, invitaciones o autorizaciones para actuar violentamente contra periodistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado en detalle de dónde nace el deber de los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión.

Por último, la retórica antiprensa de AMLO tiene un agravante. No estamos en Suiza o en Noruega. No vivimos en un país con una cultura de respeto a la libertad de expresión. Estamos en México. Un país donde matan 9 periodistas al año, o más, y asesinan a decenas de personas defensoras de derechos humanos por hablar.

Como respuesta al estudio publicado por @Signa_Lab, el gobierno negó estar detrás de “campañas sucias”, y de “contratar gente para organizar ataques a personas”. Se agradece la aclaración, aunque en realidad nadie estaba acusando a AMLO de estar detrás de los ataques. Lo que realmente sería de mucha ayuda es que el presidente de la República en persona rechazara públicamente las agresiones que han recibido periodistas que están informando y opinando sobre su gobierno.

Más que andar haciendo juicios sumarios a la prensa en sus conferencias mañaneras y arrojarla a los leones en Twitter y Youtube, AMLO debería concentrarse en crear una política integral que prevenga agresiones, que proteja a periodistas y que sancione a los agresores.

 

* Sebastián Salamanca es periodista y Oficial del Programa de Protección y Defensa de @article19mex.

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