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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Apuntes sobre la censura electoral
En la actual campaña electoral, el uso y abuso del concepto de calumnia es preocupante. En la práctica, está llevando a censurar informaciones, expresiones y opiniones que atañen a funcionarios y candidatos a ocupar cargos públicos, respecto de quienes, no cabe duda, debe exigirse un mayor nivel de tolerancia y apertura.
Por Artículo 19
8 de mayo, 2015
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Por: Luis Knapp (@luisknapp1988) y David Mora (@dmoravera)

En el actual proceso electoral, la ausencia de un criterio claro y unívoco de calumnia entre las y los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral ha fracturado la libertad de expresión y el derecho de acceso a información.

Como árbitros de la contienda electoral, las dos autoridades –en materia administrativa y jurisdiccional, respectivamente– han dirimido conflictos surgidos entre partidos políticos, candidatos, funcionarios públicos y personas con notoria proyección en la esfera pública del país, relacionados con videos de propaganda electoral que les calumnian y violan su privacidad y honra, argumentan unos, o que simplemente están amparados por su libertad de expresión, alegan otros.

En entrevista con La Razón, Adriana Favela, consejera electoral e integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, reconoció que dicha comisión había determinado bajar 49 de 122 videos de propaganda electoral impugnados desde el inicio de campañas hasta entonces. Era 21 de abril y quedaban 43 días de contienda. Preocupante. Más aún, si, como indica el diario Reforma, el INE prevé que “el vigor de la confrontación entre candidatos y partidos suba de tono en las próximas semanas”.

¿Por qué preocupante? De forma sucinta, a pesar de que públicamente las autoridades reconocen que la sociedad debe informarse sobre los candidatos, partidos y sus propuestas, sus acuerdos y resoluciones no reflejan que la libertad de expresión ampara no sólo el derecho de cualquier individuo a expresar pensamientos, informaciones u opiniones, sino también el derecho de la sociedad para buscar, recibir y difundir cualquier tipo de informaciones e ideas. Entonces, paradójicamente, es el derecho de las audiencias (y en concreto de las personas que votarán, aquellas que se abstendrán y cualquier otra que incautamente presencie un spot electoral) el que realmente se restringe.

Cierto es, la libertad de expresión no es absoluta. Sin embargo, cualquier límite debe ser excepcional y evaluarse con rigurosos parámetros (como estar establecido en una ley, de forma clara y precisa; perseguir algún fin legítimo superior, y ser necesario y proporcional). Tal es el valor que nuestra democracia y sociedad han asignado a la libertad de expresión, que incluso “es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión que el riesgo de una restricción general de la libertad mencionada”, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo directo en revisión 3111/2013). Es decir, es preferible asumir los riesgos de ésta, que aquellos que supone su ausencia.

En concreto, basta asomarse a la discusión en torno a algunos spots impugnados para notar que no se ha formulado un elemento unívoco, o una “prueba ácida”, para determinar la existencia o no de calumnia en la propaganda electoral. En otras palabras, la calumnia, como ha sido empleada, no parece colmar los requisitos para ser un límite legítimo a la libertad de expresión.

En algunos casos, como la fiesta del Partido Acción Nacional con impuestos y sexoservidoras, las autoridades electorales toman en consideración la referencia expresa o vínculo directo entre una persona, su nombre o su imagen con un hecho o delito como el elemento para determinar la configuración de calumnia, y al no ver satisfecho este elemento, determinan su legalidad. En otros casos, como el spot del viaje presidencial a Londres, este elemento se deja a un lado y sólo es suficiente un contexto, por vago que sea, o una simple asociación, suposición o conjetura para determinar su ilegalidad.

Por esto creemos que el uso y abuso del concepto de calumnia es preocupante. En la práctica, está llevando a censurar informaciones, expresiones y opiniones que atañen a funcionarios y candidatos a ocupar cargos públicos, respecto de quienes, no cabe duda, debe exigirse un mayor nivel de tolerancia y apertura.

Otro caso similar de elocuente disparidad se encuentra al valorar la publicidad de las personas que no son candidatos ni servidores públicos. Cuando el Partido del Trabajo utilizó en un spot la imagen de Adán Cortés, mexicano que protestó durante la entrega del premio Nobel de la paz, la Comisión de Quejas encontró que “el hecho de que se use su imagen sin autorización no es suficiente para determinar medidas cautelares”. Adán, la persona en cuestión, alegó que en dicho spot se afectaba su privacidad y que si bien no se le calumniaba en el video, sí se producía calumnia por parte de terceros que lo habían asociado con ese partido político. Sin embargo, el INE desestimó estos alegatos, contrariamente usados en la resolución de López-Dóriga, en la que argumentaron que el uso de su imagen  “sin que éste haya dado su consentimiento o aprobación para ello, puede afectar sus derechos fundamentales” (nos referimos al spot Queremos ser tu voz). En estos dos casos, el peso que la Comisión de Quejas otorgó a argumentos como la autorización del uso de la imagen, los aspectos técnicos de la aparición y el análisis de la imagen en relación con otras que se proyectan, es notoriamente sesgado.

Ahora bien, toda esta discusión no debe descontextualizarse, pues un proceso electoral supone aún mayor protección y garantía por parte de las autoridades. No olvidemos que existe una expectativa, apenas justa y natural, de presenciar un debate abierto y desinhibido sobre los asuntos públicos, que además de propuestas y promesas, incluya también las faltas y excesos que han cometido los políticos y partidos. Si los candidatos y partidos usan sus prerrogativas para señalar mutuamente sus errores no hay lugar para que las autoridades electorales censuren este contenido, buscando uno que sólo incluya propuestas, promesas o versiones desafortunadas de las canciones de moda. Mejorar el contenido de la política (y su reflejo en los spots) no puede partir de la censura de lo chocante, incómodo y desolador de ésta.

Estamos convencidos que las denuncias y opiniones que se expresan en los spots deben estar precedidas por la refutación de la parte agraviada, el contraste por los electores y la consecuente elección informada de una opción política. Desafortunadamente, este proceso se coarta cuando la denuncia sobre hechos de interés público se persigue y se acalla, cuando se procura la censura y no el debate.

 

 @article19mex

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