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Archivos por la memoria, la verdad y la justicia: a 50 años del Halconazo
A medio siglo, el 10 de junio es un ejemplo de impunidad que ha sido constante en México. A cinco décadas, ejecuciones masivas como esa se siguen cometiendo en México sin ser castigadas. La impunidad del pasado garantiza la del presente.
Por Estela Aguilera, Jessica Alcazar, Marisol Garzón, María De Vecchi y Valeria Gutiérrez
10 de junio, 2021
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A 50 años de la masacre acontecida el 10 de junio de 1971 en el casco de Santo Tomás y en el marco del 9 de junio, día internacional de los archivos, desde el proyecto Archivos de la Represión coordinado por ARTICLE 19, reflexionamos sobre la utilidad del archivo histórico en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia.

La conmemoración de los 50 años de la masacre conocida como el Halconazo nos invita a pensar en el asesinato de estudiantes no como un hecho aislado sino como un acontecimiento sintomático y revelador de la represión llevada a cabo por el Estado mexicano entre las décadas de los sesenta y ochenta  del siglo pasado. Cincuenta años que representan la necesidad de memoria histórica, pero sobre todo, de justicia. A medio siglo, el 10 de junio es un ejemplo de impunidad que ha sido constante en México. A cinco décadas, ejecuciones masivas como esa se siguen cometiendo en México sin ser castigadas. La impunidad del pasado garantiza la del presente.

El 10 de junio de 1971, en el entonces Distrito Federal se llevó a cabo una marcha en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en defensa de la autonomía universitaria; al ser jueves, el acto coincidió ese año con la celebración católica de Corpus Christi. Tanto profesores como estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y a exigir una nueva Ley Orgánica Universitaria que garantizara la democratización de esa institución. La movilización iniciaría en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás hasta llegar al Zócalo capitalino.

Sin embargo, cuando el contingente de estudiantes avanzaba de manera pacífica por Avenida de los Maestros, el grupo paramilitar llamado Los Halcones abrió fuego contra los estudiantes, quienes se dispersaron. Los testimonios escritos y orales muestran que la persecución hacia los estudiantes duró horas. El objetivo no era disolver la manifestación, era tirar a matar: asesinar a los manifestantes. Documentos de la DFS y de la DGIPS reportan que la masacre dejó 23 muertos, 153 detenidos y 120 heridos. Esas son, sin embargo, las cifras oficiales. Como con la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, las cifras reales pueden ser mucho más altas. Por ejemplo, sobrevivientes de la represión estudiantil han dado a conocer el nombre de 34 personas que fueron asesinadas ese día. Algunas de las personas asesinadas, cuyos nombres se conocen, son: Francisco Treviño Tavares, líder de la Preparatoria Popular de Tacuba; Josué Moreno Rendón y Edmundo Martín del Campo. Destaca también el caso de Jorge Callejas Contreras, un niño de 14 años.

Los Halcones fueron un grupo paramilitar creado a finales de los años sesenta con el objeto de controlar el movimiento estudiantil y reprimir las manifestaciones y movilizaciones efectuadas en contra del gobierno. Estuvieron constituidos, fundamentalmente, por jóvenes provenientes de barrios marginales, quienes fueron reclutados, organizados, entrenados y armados por parte de elementos militares. Quienes estaban al mando de Los Halcones eran militares y en sus filas también se insertaron personas que habían formado parte del Ejército. Asimismo, quienes estuvieron a cargo de su creación y organización fueron actores del Estado, concretamente, aquellos que estaban en el seno del Departamento del Distrito Federal, que se convirtió en su centro de operaciones. Si bien los Halcones fueron el actor protagónico de la masacre de aquel 10 de junio, conviene señalar que este grupo paramilitar constituyó sólo una parte, ciertamente la más emblemática, del complejo contrainsurgente que tejió la represión y posibilitó la matanza, por acción o beneplácito, como fueron los cuerpos policiales, los granaderos o los agrupamientos clandestinos de militares vestidos de civil que estuvieron presentes.

Imagen en proceso de catalogación, extraída del “Archivo Íntegro” del Proyecto Archivos de la Represión.

Al pensar en la represión por parte del Estado y en lo que como sociedad nos falta por saber, vale cuestionarse sobre la importancia de los archivos. Retomamos entonces la pregunta de Cristina Rivera Garza “¿Es posible entrevistar a un documento histórico?” (Rivera Garza, 2008, p.173). Hacer esta pregunta implica una elección sobre lo que se busca indagar, en este caso es sobre lo que se desconoce. La pregunta que se realiza entonces es aquella que interroga, no sólo qué ocurrió aquel 10 de junio de 1971, sino cómo fue posible que sucedieran estos acontecimientos, cómo ha funcionado el aparato estatal para perpetuar la impunidad, y cómo es que ciertas narrativas han permanecido ocultas o, más bien, casi indescifrables. Los documentos que permitirían reconstruir lo que ocurrió ese día no son aún públicos y no se ha revelado quiénes dieron las órdenes, por qué, en qué contexto, quiénes fueron los victimarios y quiénes son las víctimas. Esta ausencia es un dato en sí mismo, los silencios u omisiones brindan información sobre la forma en que se han articulado códigos de censura y represión para no acceder a esta información a más de 50 años. Al tener esta información, el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad no ha sido garantizado.

Documento en proceso de catalogación, extraída del “Archivo Íntegro” del Proyecto Archivos de la Represión.

Sin embargo, existen otros documentos que exponen el modus operandi y la sistematicidad de la represión, la vigilancia, la estigmatización, el seguimiento y el hostigamiento que el Estado mexicano llevó a cabo en aquella época. El proyecto Archivos de la Represión busca, a través de la sistematización de documentos donados por la excomisión de la verdad, aportar a la construcción de narrativas que se contrapongan al silencio, la negación y el ocultamiento que han caracterizado al Estado mexicano por décadas.

En la plataforma Archivos de la Represión encontramos testimonios que son evidencia de la violencia y represión que vivió el movimiento estudiantil en estas fechas emblemáticas, mismos que abonan a la comprensión del contexto en el que se dio la masacre. Por ejemplo, a un año de la masacre de Corpus Christi, fueron giradas órdenes con motivo del primer aniversario de los “sucesos de San Cosme”. El archivo histórico da entonces evidencia del despliegue que el Estado ejerce contra las manifestaciones políticas y sociales. También se confirma la sistematicidad en la respuesta y planes de acción, por ejemplo, con las secciones de fusileros paracaidistas, fusileros de la brigada de infantería, batallón de la brigada de infantería, vehículos móviles, batallón de ingenieros de combate y helicópteros. Así como con la infiltración de jefes y oficiales encubiertos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tanto en las manifestaciones como en los grupos disidentes.

El calendario de la resistencia, las fechas emblemáticas para los movimientos populares, fueron asediadas por el Estado mexicano. Así, la conmemoración del 2 de octubre y el 10 de  junio se convirtieron en estandarte de demanda y lucha para el movimiento estudiantil, y para ciertos sectores del pueblo mexicano, pero también han sido objeto de vigilancia y control por parte del Estado; los archivos señalan cómo estas fechas han sido tratadas con un “protocolo” específico de contención.

El Archivo nos muestra cómo en fechas posteriores a 1968,  el movimiento estudiantil siguió siendo constantemente perseguido con un “seguimiento” por parte de las agencias de seguridad. Los informes de la DFS, cuyo tema principal es el “Problema estudiantil”, muestran los mecanismos que utilizó el Estado para ejercer su control mediante espionaje político, persecución, acoso y represión estudiantiles. En estos documentos no sólo se muestra la vigilancia abierta, sino también el uso de infiltrados y provocadores dentro de los movimientos. En ellos se reportan desde huelgas, mítines, manifestaciones y pintas; hasta cambios al interior de la comunidad estudiantil, como la elección de representantes, las riñas entre grupos, etc.

Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), “(Informe del Secretario de la Defensa Nacional al Presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, sobre el análisis de la situación nacional, 1972)”, (Septiembre 1972), Primera foja. Extraída del sitio web: Archivos de la Represión/Artículo 19

Hay que poner también atención al espionaje en los centros de reunión estudiantiles por parte de  de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) vestidos de civiles, así como, a las operaciones “Castor II”, llevadas a cabo en torno a la conmemoración de la masacre del 2 de octubre en 1974. De acuerdo a la documentación que se encuentra en el archivo, dichas “operaciones” tuvieron como objetivo impedir las concentraciones estudiantiles en la vía pública, la salida de contingentes de los Centros de Estudios y “actos de pandillerismo”.

La maquinaria de violencia política estuvo compuesta por una serie de instituciones y funcionarios públicos. Uno de los testimonios documentales que pueden ser encontrados en Archivos de la represión, ha revelado que el Estado mexicano se ha encargado, por un lado, de monitorear y mantener un registro puntual, casi diario, de lo que ocurría en distintas partes del país en lo tocante a movilizaciones y organizaciones estudiantiles, campesinas, y de distintos gremios sindicales. Por otro lado, la construcción del enemigo del Estado llevó a la continuidad de la represión ejercida por grupos paramilitares y por fuerzas de seguridad hacia el movimiento social o cualquier disidencia política, incluido el movimiento estudiantil.

Una de las características de la violencia estatal ha sido la negación de los hechos y el ocultamiento de la verdad, así como la persecución de aquellas personas comprometidas con develarla. De ahí que en la represión del 10 de junio uno de los blancos de la acción represiva, además de los estudiantes, fueron también los reporteros y fotógrafos, cuya labor sería fundamental en la documentación de la masacre. Fotógrafos como Miguel Rodríguez, Raúl Pedraza y Alfredo Sánchez Ariza, entre otros, figuraron entre los lesionados y detenidos de aquel día. Mas la vigilancia y represión del Estado contra aquellos que desde su labor periodística estaban comprometidos con los movimientos sociales y con la denuncia de la represión estatal, y que en aquel momento documentaron la matanza, continuó tras ocurridos los hechos. Un caso paradigmático fue el del fotógrafo Armando Lenin Salgado, quien documentó la masacre a través de sus imágenes. Pocos días después de haber cubierto el Halconazo, así como de su incursión en la sierra de Guerrero para documentar la guerrilla de Genaro Vázquez, Armando Lenin Salgado fue secuestrado por agentes del Estado y torturado durante varios días en las mazmorras de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD).

El reconocimiento de los hechos ocurridos el 10  de junio de 1971 por el Estado mexicano es un paso fundamental, pero aún insuficiente para el acceso a la justicia y para el castigo de los responsables de la represión. La exigencia de justicia pervive, el archivo y el conocimiento de los perpetradores es indispensable en el ejercicio de la verdad. Porque nos negamos al olvido, mencionamos en el presente artículo los principales responsables que aún han quedado impunes por la  masacre del 10 de junio de 1971,  e invitamos a quienes leen este texto, a adentrarse en el archivo para conocer sus nombres y entender su accionar, como un primer paso para la justicia y la no repetición.

Luis Echeverría Alvarez, principal responsable de la masacre del 10 de junio de 1971, quien hasta el día de hoy continúa impune.

Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación en este periodo (1970-1976). A pesar de que la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) lo nombra como uno de los funcionarios responsables del Halconazo del 10 de junio de 1971, fue exonerado por la justicia federal del delito de genocidio.

Manuel Díaz Escobar Figueroa. Militar, conocido como “El Zorro Plateado” o “El Maestro”, quien fuera fundador de Los Halcones, fue ascendido en 1966 como Subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, institución que incluyó en nómina a Los Halcones en 1971 a cambio de sus servicios. Posteriormente, fue diplomático en Chile durante el golpe de Estado en ese país en 1973.

Jesús Castañeda Gutiérrez, fue jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) en el mismo periodo.

Hoy, a cincuenta años del Halconazo estas personas (por mencionar las principales responsables), no han sido juzgadas. La evasión de las responsabilidad del Estado y el desconocimiento de los represores es la historia que perpetúa la impunidad y la hace hoy presente. A 50 años de estos crímenes, grupos paramilitares siguen funcionando en el país.  Sin embargo, la memoria también es un reclamo de justicia. Nombrar y emprender la búsqueda de los responsables en los archivos históricos transgrede, rompe con el decreto de olvido impuesto por el Estado mexicano.

Hacer público el archivo, trabajarlo cada día, es un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Es una invitación a trabajar en colectivo por la construcción de narrativas que pongan al centro las historias de las víctimas y los sobrevivientes. Además, cada documento que se cataloga, firmado por diferentes personas servidoras públicas a los largo de las décadas, es también una apuesta a seguir abonando a la comprensión de la sistematicidad de la represión por parte del Estado. Conocer los nombres de las personas que llevaron a cabo la política de represión contra personas opositoras desde el Estado mexicano es también fundamental para ver la continuidad de la violencia y entender la actual crisis de derechos humanos que vive el país.

* Estela Aguilera, Jessica Alcazar, Marisol Garzón y Valeria Gutiérrez son parte del equipo de Archivos de la Represión, y María De Vecchi es Coordinadora de Derecho a la Verdad de @article19mex. Este texto es colaborativo y resultado del proyecto que puede ser consultado aquí.

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