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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Cambian las personas, pero no las deudas del Estado
En casi 13 años de “guerra contra el narco”, las y los periodistas hemos aprendido a organizarnos a pesar de los obstáculos de autoridades que limitan recursos y operan a medias logros como el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas o la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Por Artículo 19
9 de febrero, 2019
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Por: Verónica Espinosa (@veroespinosav)

En noviembre del año pasado fuimos invitadas e invitados por Artículo 19 e integrantes del Parlamento Europeo a Bruselas, donde se nos recibió con la mayor calidez, donde se nos hizo sentir acompañados, donde se nos escuchó hablar sobre lo que es ser periodista y hacer periodismo en México en éstos, los años de la guerra nunca declarada que tantas miles de personas asesinadas y desaparecidas ha dejado, como el más macabro de los trofeos.

Hablamos sobre la oportunidad que significa y que vemos ante nosotras, nosotros, en un gobierno nuevo que quiere marcar una distancia del pasado, pero que le debe a millones de mexicanas y mexicanos la justicia que ha sido negada por décadas.

Porque cambian las personas y los nombres, pero las deudas del Estado no se pueden borrar o reducir a la cuenta de cero.

Son dos meses de este nuevo gobierno y tenemos urgencia, tenemos prisa; las y los periodistas tenemos urgencia de certezas sobre si podremos recobrar el derecho a trabajar, el derecho a informar, el derecho a la justicia, el derecho a vivir sin miedo.

Han sido años de agravios y de pérdidas de amigas, colegas; años de miedo, de amenazas; años de huir, de desaparecer, de sufrir violencia de género, acoso sexista, precarización laboral; años de morir y ver morir a periodistas que también eran nuestros seres queridos. Años de impunidad.

Mi estado, Guanajuato, vive hoy una violencia sin tregua y sin precedentes. Grupos criminales suman su ofensiva social a las prácticas ya conocidas de censura, amenaza e intimidación contra periodistas desde el poder público.

El temor no es gratuito: tenemos los ejemplos de Tamaulipas, de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, de la Ciudad de México; tenemos los ejemplos de periodistas desplazados, desplazadas, de sus ciudades; de colegas amenazadas por rostros anónimos o falsos desde el ciberespacio, o por acoso judicial y demandas millonarias.

Las agresiones en Guanajuato siguen proviniendo en su mayoría de funcionarios municipales, pero ahora se suman dos nuevos factores: las campañas de criminalización en redes sociales y la presumible presencia de grupos vinculados a la venta de ilegal de combustible o huachicol. Estas acciones son consecuencia directa de trabajos periodísticos, particularmente las investigaciones sobre corrupción en los municipios y en el gobierno estatal.

En varios de los casos se ha identificado a las autoridades municipales que de manera reiterada han incurrido en agresiones en distintos niveles, desde acoso en redes sociales a través de emisarios, ataques digitales. Pero el principal sigue siendo el veto para acceder a los contratos de publicidad oficial, a manera de castigo, y así expresamente se ha hecho saber, particularmente por gobiernos municipales, pero también por el gobierno del estado.

A esas amenazas se suma una nueva, pero no menos forma de perseguir, criminalizar y censurar al periodismo: la persecución judicial en forma de demandas por daño moral, sea directamente de funcionarios y políticos o de personeros y, como ocurre en Guanajuato, propietarios de medios favorecidos o coludidos con gobiernos para acallar voces críticas.

Todo eso que acabo de mencionar es historia sabida. Porque esa lista de riesgos ha recorrido gran parte del mapa nacional, y hoy luchamos para que no se quede en Guanajuato. Y justo es eso lo que resalto por paradójico: han pasado casi 13 años del comienzo de lo que llamamos “guerra contra el narco” y aunque las y los periodistas hemos aprendido a organizarnos, apoyados por grandes aliados como Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, CIMAC, para cuidarnos, sentarnos con autoridades para exigir leyes, mecanismos, fiscalías y medidas, lo que hemos logrado lo hemos logrado a pesar de y con los obstáculos de esas autoridades, que limitan recursos y operan a medias logros como el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas o la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.

Ésta es, pues, nuestra urgencia fundamental, senadora (Citlali Hernández): que lo que existe sirva, funcione, sea mejorado; que lo que falta para que el Estado garantice plenamente los derechos que enumeré, deje de faltar. Que este gobierno no nos niegue ni la libertad, ni la justicia.

 

* Verónica Espinosa es corresponsal de Proceso en Guanajuato y editora en El Otro Enfoque.

 

Este texto es un discurso de la periodista para la presentación de la iniciativa “De la mano”, del Parlamento Europeo y ARTICLE 19.

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