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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La censura penal, un obstáculo que derribarán las y los periodistas de Yucatán
En Yucatán es cada vez es más común que sean las propias autoridades las que persigan a los comunicadores a través de denuncias por el delito de difamación, con el único objetivo de amedrentar y callar voces críticas.
Por Artículo 19
24 de mayo, 2022
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Aunque siempre se presume que en Yucatán no se violenta a periodistas, la realidad es que una de las agresiones más comunes a los que se enfrenta la prensa hoy día es la censura penal. Lamentablemente, cada vez es más común que sean las propias autoridades las que persigan a los comunicadores a través de denuncias por el delito de difamación, con el único objetivo de amedrentar y callar voces críticas.

Si bien es cierto que en la entidad no han ocurrido asesinatos de periodistas y que la violencia física no alcanza niveles extremos como en otras regiones del país, no se puede negar que las y los periodistas se encuentran en una situación vulnerable porque la legislación actual permite que puedan ser procesados penalmente por los llamados “delitos contra el honor”.

Yucatán es de los pocos estados de México que conservan esos ilícitos en sus Códigos Penales. Tan sólo en el artículo 295 se establecen penas de tres días a dos años de prisión -o de 20 a 200 días de multa- por el delito de difamación. También se castiga penalmente la calumnia y la injuria.

Esta normativa representa un obstáculo a la actividad profesional de las y los periodistas yucatecos, sobre todo en los municipios del interior del estado en donde se han registrado casos de denuncias por parte de autoridades que consideran que, al cuestionar su labor en notas periodísticas, reportajes o artículos de opinión,  se convierten en  “víctimas de difamación”.

El delito de difamación es tan ambiguo como obsoleto, pues desde el 2007 el Congreso de la Unión derogó todos los ilícitos contra el honor del Código Penal Federal, en cumplimiento a recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos, precisamente para defender la libertad de expresión en México y evitar hostigamientos a la prensa.

Pero en Yucatán, todas y todos los que nos dedicamos al periodismo estamos propensos a ser denunciados, con todo lo que eso implica, como el hecho de tener que erogar dinero en el pago de servicios de defensa legal para evitar absurdas sentencias.

A las y los periodistas yucatecos sí se les está denunciando. Por ejemplo, la comunicadora Beatriz Vera May, directora del medio de comunicación “Noticias y más Motul con Bety Vera”, fue denunciada penalmente en el 2021 por un funcionario del Ayuntamiento de Motul. La querella se debió por unas publicaciones que escribió en las redes sociales en las que lo responsabilizó de diversas agresiones de las que fue objeto.

La denuncia en su contra prosperó y al poco tiempo fue vinculada a proceso, sin que la abogada dispuesta por el Instituto de Defensoría Pública de Yucatán le brindara el apoyo legal que requería. Finalmente, en una audiencia judicial, la afectada llegó a un acuerdo con la parte denunciante, por lo que éste retiró la denuncia penal y prometió poner fin al hostigamiento en su contra.

Sin embargo, ella misma declaró que su caso evidenció que en Yucatán no se garantizan los derechos a la libertad de expresión y de manifestación plasmados en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. Además, recalcó que el proceso penal que enfrentó en el último año fue muy desgastante y  le provocó afectaciones económicas, en su salud y en su moral.

Sobran más ejemplos, como el del periodista Roberto López Méndez, quien fue denunciado por la senadora yucateca Verónica Camino Farjat, luego de los temas políticos que abordó en su libro “Cártel político que secuestró a Morena”. Aunque todavía no ha sido imputado, llamó la atención que unos agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) acudieron a su domicilio hace unos meses para constatar que vive ahí y le advirtieron que pronto recibiría un citatorio de la Fiscalía.

Ante este panorama delicado, periodistas de Yucatán nos organizamos para solicitar de manera formal al Congreso del Estado que promueva reformas que eliminen el delito de difamación del Código Penal y, de esta manera, evitar que sigan esos actos que inhiban nuestro trabajo y el ejercicio pleno de nuestro derecho a la libertad de expresión.

Previo a la entrega de dicha solicitud, las y los comunicadores realizamos una campaña para promover y concientizar entre los colegas sobre la importancia de hacer dichos cambios al Código Penal y recabamos más de 100 firmas de apoyo a través de la plataforma de internet. El documento con las rúbricas fue entregado a la Oficialía de Partes del Legislativo el pasado 16 de febrero.

Acompañadas de asociaciones como Artículo 19, las y los periodistas hemos hecho un fuerte llamado a todas las fracciones legislativas de Yucatán para que reformen, de manera urgente, las disposiciones legales que atentan en contra de nuestra labor periodística.

No queremos que funcionarios, empresarios o políticos intenten censurarnos con acciones penales únicamente porque usamos nuestras plumas para hacer críticas o cuestionamientos. Además, en una sociedad democrática, por más incipiente que sea, no puede prevalecer la censura penal, ya que eso impacta directamente a la sociedad que requiere estar informada de lo que ocurre en la actualidad.

Con esta estrategia, también estamos demostrando que sabemos y podemos organizarnos para defender nuestros derechos y que no vamos a permitir futuros ataques a nuestra labor profesional y a nuestras condiciones laborales.

Por cierto, esta iniciativa, que esperamos se apruebe en breve en  el Congreso –ya que prácticamente sólo se trata de derogar tres artículos del Código Penal-, no es un “cheque en blanco para calumniar a quien sea”. Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del año 2000: la protección a la reputación  de las personas debe garantizarse exclusivamente a través de sanciones civiles, no por la vía penal.

Un periodista no difama; un periodista investiga, cuestiona, corrobora, explica, critica y expone. El que difama no está ejerciendo periodismo.

* Herbeth Escalante (@HerbethEscalant) es periodista yucateco, cofundador de Haz Ruido (@HazRuidoYuc).

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