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Cómo la falta de información convierte un fenómeno natural en un desastre: a 11 meses del huracán Eta en Chiapas
Cuando el Estado no favorece la transparencia proactiva en el acceso a la información ante fenómenos climatológicos, aumentan los riesgos de pérdidas humanas, pánico, acceso a servicios humanitarios y diálogo con la ciudadanía damnificada.
Por Nayelli Torres y Mayra López Pineda
16 de octubre, 2021
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El paso del huracán “ETA” entre los meses de octubre y noviembre de 2020 por el estado de Chiapas dejó a miles de personas damnificadas y en situación de desplazamiento, deslaves, destrucción de cultivos, carreteras y viviendas en zonas rurales, incluso personas que perdieron la vida.

Las cifras reportadas en esta entidad contabilizaban la muerte de al menos 20 personas, 54,976 personas damnificadas, 2 mil 845 viviendas dañadas, 26 tramos carreteros interrumpidos por deslizamiento de ladera inestable, el desbordamiento de cinco ríos, tres comunidades incomunicadas por inundación, entre otros daños materiales.

Si bien las cifras presentadas anteriormente sirven para brindar un panorama de los daños provocados por un fenómeno natural de este tipo, los impactos de tipo social y económico entre las personas y comunidades afectadas, principalmente pueblos indígenas y rurales, usualmente no se registran, por lo cual, sus necesidades no son atendidas.

Además, en estos contextos permea la ausencia de información que hace posible a la población hacer frente a los graves impactos de un huracán. En el mes de noviembre de 2020, mientras el huracán ETA hacía presencia en territorio chiapaneco, ARTICLE 19 dio a conocer que la información sobre las medidas de apoyo dirigidas a la atención de personas damnificadas era desconocida por muchas comunidades indígenas, principalmente porque su publicación se realizó mayoritariamente en redes sociales, imposibilitando su acceso a comunidades que no tienen internet, no saben leer ni escribir y no hablan español.

Hoy, a 11 meses del paso de este huracán, muchos pueblos indígenas han quedado en el olvido, sin apoyos ni información sobre las medidas que emprenderán las autoridades para la reconstrucción de sus viviendas, la reactivación de sus cultivos, y en muchos casos, el retorno a sus territorios, como es el caso de diversas comunidades de la zona Zoque en el estado de Chiapas.

Al respecto, el Centro de Cultura y Lengua Zoque, organización que lleva meses documentando los daños presentados en esta zona a raíz del huracán, han denunciado que, a la fecha, ninguna autoridad ha presentado a las comunidades desplazadas un plan Integral de Reubicación y Reconstrucción y/o un Plan de Manejo de Riesgos, teniendo que asumir ellas mismas el costo de la reconstrucción y recuperación de sus viviendas o, en su caso, mediante el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y eclesiásticas.

Por otro lado, ARTICLE 19 documentó la falta de respuesta por parte de sujetos obligados federales y estatales a la solicitud de información y apoyo realizada por la comunidad Cho´l de Panszuteol en el municipio de Tila, Chiapas. De acuerdo con una fuente anónima de esta comunidad, debido a la situación de desinformación en la que se encontraban la población decidieron enviar diversos oficios a las autoridades no solo para solicitar ayuda humanitaria, sino también inspecciones técnicas para evaluación de riesgos e información sobre el estatus del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Nunca recibieron respuesta a sus solicitudes.

Precisamente en este escenario se presenta la determinación de eliminar el FONDEN, que fue publicada el 27 de julio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para crear en su lugar el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, cuyos lineamientos fueron publicados el 16 de agosto de 2021, y que en la práctica sustituyen las reglas de operación del fondo.

Cabe señalar que a la fecha aún no se aprueba la Ley General de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil, que sustituye la Ley General de Protección Civil y que prevé la creación de la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos que se encargará de evaluar las solicitudes de recursos que presenten los gobiernos de los estados por un evento catastrófico, así como dar seguimiento a la aplicación del presupuesto.

La intempestiva desaparición del FONDEN aunado a un marco jurídico legal incompleto frente a un contexto de emergencia no sólo abonan a la incertidumbre en cuanto a la gestión del presupuesto aprobado este año para la atención de riesgos provocados por fenómenos naturales, sino que traen a luz una problemática más compleja: las políticas públicas en México están encaminadas más hacia un enfoque reactivo y menos hacia un enfoque preventivo e integral de respuesta ante fenómenos climatológicos. Esto sucede a pesar de que internacionalmente se ha reconocido que la desigualdad económica, que provoca mayor vulnerabilidad en grupos determinados, es un factor determinante para que un fenómeno natural termine siendo un desastre no-natural.

Asimismo, ante el carácter impredecible de los fenómenos climatológicos, el derecho a la información se vuelve primordial para prevenir desastres, así como salvaguardar el derecho a la vida y la seguridad. En los procesos de toma de decisiones en contextos como éste, el derecho a la información se vuelve primordial para luchar contra la desigualdad y la discriminación. Cuando el Estado no favorece la transparencia proactiva en el acceso a la información ante fenómenos climatológicos, aumentan los riesgos de pérdidas humanas, pánico, acceso a servicios humanitarios y diálogo con la ciudadanía damnificada.

* Nayelli Torres es enlace del Programa de Derecho a la Información en el estado de Chiapas para la oficina de ARTICLE 19, México y Centroamérica. Mayra López Pineda es coordinadora de Promoción y Transparencia, para la oficina de ARTICLE 19, México y Centroamérica.

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