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Congresos simulan atender la violencia en línea contra las mujeres
Si las leyes penales no generan justicia, ni reparación, ni cambian el contexto de violencias al que las mujeres están sujetas, ¿por qué se siguen aprobando?
Por Martha Tudón
28 de agosto, 2020
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Generar leyes penales y venderlas como soluciones es un negocio político lucrativo, donde la exigencia de derechos y de justicia por parte de las víctimas es la moneda de cambio. Ya van más de 10 congresos estatales en México que se han auto-elogiado por haber aprobado reformas en los códigos penales para sancionar penalmente la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual. Los resultados han sido, justamente, la inefectividad e incapacidad de estas leyes y de las autoridades para proveer justicia y reparación a una población a la cual tradicionalmente se le ha negado el acceso a una vida libre de violencia: las mujeres.

Una investigación conducida por Luchadoras expone que, en 2019 y los primeros meses de 2020, se abrieron 4,296 carpetas de investigación por difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual en 12 estados de la República que consideran esta conducta como delito penal.1 Analizando la información provista por 7 de los 12 estados que sí respondieron a las solicitudes de acceso a la información de Luchadoras, se conoce que de 847 carpetas de investigación abiertas en esos 7 estados: a) el 64% de éstas (543) siguen en trámite, lo que quiere decir que los procesos de investigación, casi de forma inequívoca, se encuentran estancados, y b) existe solo una sentencia condenatoria por el delito cometido.2

Si dichas leyes penales no generan justicia, ni reparación, ni cambian el contexto de violencias al que las mujeres están sujetas,3 ¿entonces por qué se siguen aprobando? La respuesta es más sencilla y coloquial que compleja: para dar atole con el dedo. La vendimia comienza cuando los congresos ofrecen varias ideas que -por inocencia, necesidad, propaganda o conveniencia- varias personas han comprado.

Primero, venden la idea de que la violencia en línea contra las mujeres se resuelve al penalizar una conducta específica -la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual-, obviando la violencia estructural que sufrimos las mujeres día con día y que se manifiesta a través de diversas conductas que nos impactan de forma diferenciada (según nuestras identidades y características propias de nuestro entorno). Reducir el debate para señalar una sola conducta hace que también se reduzcan las posibilidades de resolver un problema tan complejo y sistémico como lo es la violencia de género.

Segundo, nos reiteran que el sistema judicial está de nuestro lado y no del lado de los perpetradores, cuando sabemos que el sistema de justicia penal se encuentra rebasado, deteriorado y sin capacidades técnicas ni de perspectiva de género, y que nos ha fallado de manera reiterada a toda la ciudadanía, pero principalmente a las mujeres. La omisión y falta de seriedad con la que opera el aparato de justicia cuando una mujer denuncia algún delito ya existente – y que se manifiesta de forma específica cuando una mujer es la víctima, como es el caso del acoso, el hostigamiento, las amenazas o la intimidación- son características que persisten crónicamente.

Tercero, nos han vendido la idea de que las políticas reactivas, basadas en asignar responsabilidad a la mujer de denunciar un delito -ante un ministerio público carente de sensibilización y de conocimiento sobre las leyes que deberían de conducir su actuar-, son la panacea y la cura para el cáncer social que nos aqueja, donde acosan, agreden y matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como si castigar al individuo perpetrador fuera a cambiar la estructura social que permite su comportamiento. Esta visión paternalista y que no admite el fracaso del modelo punitivo les impide ver a las y los congresistas que se necesitan políticas públicas integrales de prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo anterior implica que se identifiquen y atiendan las situaciones de violencia contra las mujeres desde las primeras señales de su manifestación, poniendo en el centro las necesidades y la voz de las víctimas y los derechos humanos, para organizar y coordinar un conjunto de medidas y acciones institucionales concretas para evitar la impunidad, prevenir la revictimización y garantizar la no repetición.

Cuarto, nos han abaratado la idea de lo que significa abrir procesos de participación activa, libre y significativa en espacios de discusión e interlocución con el poder legislativo. Copiar y pegar reformas a los códigos penales basados en el planteamiento de lo que se conoce como la “#LeyOlimpia”, de forma indiscriminada y sin discusiones basadas en evidencia, deriva en que existan graves problemas de redacción y lógica jurídica en las leyes que se aprueban.

La vendimia ha tenido éxito porque el debate se ha reducido a decir que “ahora sí se meterán a la cárcel los perpetradores”, sabiendo que el derecho penal no ha cambiado, cambia ni cambiará la desigualdad estructural entre hombres y mujeres ni reducirá la impunidad. Todo esto solo deriva en unos claros ganadores: los congresos y las y los políticos que lucran con estas ideas. Han logrado lavarse las manos de abordar el tema con seriedad y nos han dado iniciativas mal hechas y poco pensadas, con discursos moralizantes que no generan un incentivo para que todas y todos nos cuestionemos las raíces del problema.

Peor aún, por la poca o nula responsabilidad que las y los legisladores se auto-adscriben al momento de aprobar este tipo de legislaciones, la mayoría de estas leyes 1) confunden conceptos y nociones y no brindan elementos claros para identificar a una conducta como delito, por lo que “o todo es delito” o “nada es delito”, dependiendo de por dónde se mire la redacción; 2) fallan en analizar el nivel de responsabilidad de quienes incurren en el delito, ya que no toman en cuenta que existen diversos actores en Internet que “hacen posible” que los contenidos se compartan en línea, y 3) nunca consideran excepciones que permitan establecer proporcionalidad en las sanciones cuando, por ejemplo, una persona periodista comparta imágenes que sean de interés público o donde se involucren personajes con notoriedad pública.

Este tipo de deficiencias generan condiciones inconclusas para determinar qué se elimina o no de Internet, en detrimento de la libertad de expresión y del libre flujo informativo. Así, las legislaciones funcionan como mordazas y borradores, utilizadas a conveniencia de quien las aplique e interprete. En consecuencia, esto también genera un efecto que inhibe la consecución de justicia y reparación. Lo peor es que estos efectos no se encuentran solamente en iniciativas evidentemente mal redactadas, como aquella presentada en el Congreso de Sonora hace un par de semanas y que se encuentra aún en discusión, sino que subyace en el sentido de todas las reformas que ya fueron aprobadas en varios estados de la república.

Ojalá esta columna pudiera brindar más respuestas que denuncias, pero solo pretende evidenciar lo que ya es obvio: que no tenemos congresos serios que admitan la magnitud y escala de la violencia que viven las mujeres y que actúen conforme a ello.

* Martha Tudón (@MarthaTdn) es Coordinadora de Derechos Digitales en ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

 

 

1    Dafne García, “Organizaciones feministas, el principal frente de lucha contra la violencia digital”, Pie de Página, 14 de agosto de 2020, disponible aquí.

2    Ibíd

3   ARTICLE 19, Carta técnica sobre la penalización de la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual en México, 30 de enero de 2020, disponible aquí.

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