Continúan malas prácticas en publicidad oficial
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Continúan malas prácticas en publicidad oficial, impostergable que el Congreso legisle
Se ha reducido el gasto de publicidad oficial, pero no las malas prácticas de discrecionalidad en su asignación. Ello es fruto de relaciones no democráticas entre algunos medios de comunicación y el poder público, que venimos arrastrando desde tiempos del partido hegemónico.
Por Artículo 19
20 de agosto, 2022
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La promesa del actual gobierno de eliminar las viejas prácticas de opacidad, excesos y compadrazgos que se mantuvieron en sexenios pasados se van quedando en eso: en promesas que a tres años parecieran estar destinadas a no cumplirse.

Un ejemplo de ello se observa en la manera en que se están ejerciendo el presupuesto en materia de publicidad oficial, con una aparente falta de planeación que cumpla con los criterios de idoneidad, equidad y transparencia en su asignación, distribución y gasto, lo cual ha provocado de nueva cuenta una serie de malas prácticas como en sexenios pasados.

De acuerdo con el Sistema de Comunicación Social (COMSOC) de la Secretaría de la Función Pública, en el 2021 el gobierno federal ejerció 2 mil 459 millones de pesos en publicidad oficial, de un total de 3 mil 50 millones de pesos que se aprobaron, es decir, no se usó el 19 % del monto autorizado por el Congreso, lo cual significa que se dejaron de gastar recursos para el fin destinado que es comunicar información de interés a la población.

Planeación deficiente

Otra práctica que desde FUNDAR y ARTICLE 19 encontramos durante los primeros tres años de este sexenio es la concentración del ejercicio de los recursos para publicidad oficial en los últimos meses del año, lo que se conoce como “gasto decembrino”. En diciembre del 2019 se emplearon 83.82 % (3 mil 105 millones); en 2020 el 69.06 % (mil 715 millones) y en 2021 el 77.06 % (mil 895 millones).

La concentración también se ve reflejada en la manera en que las instituciones del Estado lo han ejercido, ya que de 137 instituciones a quienes se les asignó dinero, 10 ejercieron el 80.92 % (6 mil 998 millones) del total general en la mitad del sexenio, mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08 % (mil 650 millones).

Particularmente en 2021, las dos instituciones que más gastaron en publicidad oficial son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 733 millones y la Lotería Nacional (LOTENAL) con 518 millones. Esta última es una de las dependencias que también en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto año con año ejerce millones en publicidad oficial y no conocemos las razones de su relevancia. De las 107 instituciones que ejercieron publicidad oficial, 10 aglutinan el 82.84 % (2 mil 37 millones) y el 97 restante el 17.16 % (422 millones de pesos).

Concentración del gasto en pocos medios

En cuanto a los medios de comunicación, de 2019 a 2021 de 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos tienen el 50.01 % (4 mil 325 millones), mientras que los 768 restantes el 49.99 % (4 mil 323 millones). Ello refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado en otras ocasiones.

En el año 2021, Televisa, TV Azteca y La Jornada fueron los medios de comunicación que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio. En total, entre los tres medios suman 2 mil 552 millones de pesos, es decir el 29.52 % del total general. Televisa ha recibido 933 millones; TV Azteca, 848 millones, y La Jornada, 771 millones.

El Legislativo no ha cumplido con la regulación

A lo anterior se suma el incumplimiento por parte de los legisladores y legisladoras de la obligación de regular debidamente la publicidad oficial, contraída en virtud de la reforma constitucional en materia político electoral aprobada en el 2014, en cuyo artículo TERCERO transitorio ordena al Congreso regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en lo que respecta al gasto de comunicación social.

Esta misma exigencia se ha hecho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de dos sentencias, la última en el año 2021, en la cual este Máximo Tribunal ordenó al Congreso establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro de la vigente Ley General de Comunicación Social.

En suma, se ha reducido el gasto de publicidad oficial pero no las malas prácticas de discrecionalidad en su asignación. Ello es fruto de relaciones no democráticas entre algunos medios de comunicación y poder público que venimos arrastrando desde tiempos del partido hegemónico. Lo preocupante es que impera la lógica de “premio y castigo” sobre las líneas editoriales de los medios como criterio real para asignar el gasto/presupuesto de comunicación social, y eso condiciona la pluralidad informativa y la independencia editorial. En sí, limita el avance de la democracia misma al poner un obstáculo estructural al flujo de información.

La regulación de la publicidad oficial es un tema prioritario que no ha sido resuelto, el Congreso de la Unión ya no puede postergarlo más. Se necesitan medios libres.

@article19mex

 

Texto de colaboración entre Fundar México y ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica.

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