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Coordenadas para el análisis: Trump y las plataformas digitales
Actualmente nos encontramos ante una distorsión de las relaciones de poder entre los actores y sectores que forman parte de la gobernanza de Internet. El principal problema es la excesiva centralización del poder de las empresas en varios niveles de la infraestructura de las TIC.
Por Vladimir Cortés Roshdestvensky y Martha A. Tudón M.
18 de enero, 2021
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Enero 2021 recibió al mundo con un caso emblemático para analizar el poder de las plataformas digitales desde una perspectiva de derechos humanos. El caso corresponde a la violencia desatada en el Capitolio estadounidense tras las expresiones del presidente Trump, y cómo ello llevó a las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, a suspender temporal o permanentemente sus cuentas. Además del hecho que plataformas de distribución de aplicaciones móviles y servicios de alojamiento, como Amazon, Google y Apple, decidieron remover a la red social Parler de su catálogo, por considerar que la plataforma era mayormente utilizada por grupos de ultraderecha simpatizantes de Trump para proliferar mensajes de incitación a la violencia.

El análisis del caso no es menor, unilateral o sencillo. Implica considerar diversas coordenadas de reflexión, particularmente sobre cómo el ejercicio de los derechos humanos en línea, o los ‘derechos digitales’, dependen inexorablemente de la arquitectura y gobernanza de Internet. Resguardar a la red como el espacio cívico digital en el que se ha convertido amerita generar una discusión amplia, alejada de reflexiones reduccionistas que tienen el potencial de convertirse en regulaciones en detrimento de nuestras propias libertades.

La cuestión subyacente a desbaratar es si las empresas privadas deben ser las que decidan qué contenidos pueden estar disponibles a través y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tomando en cuenta quién decide y de qué manera, y si tal decisión es aplicada con los mismos criterios alrededor del mundo. De no existir una respuesta estructural ante casos como el de Trump, seguirán existiendo restricciones a los contenidos basadas en decisiones personales de quienes trabajan en las empresas, incluyendo de sus direcciones ejecutivas (CEO) tras presiones políticas. Al final, solo las decisiones apegadas a estándares internacionales de derechos humanos que vigilen su legitimidad, necesidad y proporcionalidad son las que protegerán a las personas y al espacio cívico en que Internet se ha convertido.

Internet se creó siendo libre, abierta e incluyente, esa es su naturaleza. Lo anterior quiere decir que la manera en que operan los cables y fierros la hacen una red multidireccional e interactiva, donde diversos actores y sectores son necesarios para hacerla funcionar. Internet también funciona a través de la convergencia de diversas reglas, entre las que destacan la autorregulación de las empresas (proveedoras de servicios de conexión, plataformas digitales, entre otras), las legislaciones nacionales, las responsabilidades en materia de derechos humanos, los tratados internacionales y los protocolos, por mencionar algunas. La participación equitativa y cooperativa entre las empresas, los gobiernos, la academia, las personas usuarias de las TIC, la sociedad civil y la comunidad técnica -para el cumplimiento de dichas reglas- hace que ningún actor o sector pueda atribuirse su gestión en exclusividad. Este diseño descentralizado y abierto permite garantizar su globalidad y mitigar violaciones o abusos.1

Sin embargo, actualmente nos encontramos ante una distorsión de las relaciones de poder entre los actores y sectores que forman parte de la gobernanza de Internet. Hoy más que nunca, y como el caso lo expone, el principal problema es la excesiva centralización del poder de las empresas en varios niveles de la infraestructura de las TIC. Estas corporaciones, por razones de mercado, ejercen un poder enorme sobre los contenidos que circulan en línea y sobre las personas que comparten y tienen acceso a los mismos, lo que afecta la manera en que Internet se experimenta.2

Otro problema, el cual le sigue como consecuencia, son las ‘soluciones’ lanzadas por los gobiernos para diluir la centralización del poder, concretizadas a través de propuestas de regulación. Del desconocimiento, unilateralidad y vocación autoritaria desde la cual varios gobiernos han intentado regular ‘lo digital’ es que las supuestas soluciones impliquen siempre la aplicación extraterritorial de normas nacionales y un retroceso en materia de derechos humanos.

La mayoría de las propuestas de regulación promueven restricciones que amedrentan la libertad de expresión, el acceso a la cultura, ciencia o conocimiento, el acceso a la salud, la protección de datos personales y/o la privacidad, por mencionar algunos derechos. Además, no ofrecen las suficientes salvaguardas para evitar que los gobiernos exploten la regulación en su beneficio, presionando a las empresas para censurar contenido legítimo o eliminar cuentas de personas que les incomoden -como personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos-. Por último, incrementan el desbalance entre las relaciones de poder de quienes participan en la gobernanza de Internet, ya que los gobiernos verían aumentado su poder de gestión de la red con respecto a los demás actores y sectores.

Considerando que las empresas ofrecen servicios remotos y en general no tienen presencia jurídica en los países en los que operan, es necesario ofrecer soluciones que abonen y no restrinjan el ejercicio de libertades y derechos. Asimismo, es imprescindible comprender y respetar la naturaleza de Internet.

Una manera de atender el problema sería contrarrestar el poder de las grandes empresas, en lugar de regularlas. Esto incluye el establecimiento de medidas que favorezcan la competencia económica, al reducir las barreras de entrada al mercado y prohibir a las empresas más poderosas (o “gatekeepers”) el excluir a nuevos competidores del mismo, o que aprovechen su poder para controlar el acceso de las pequeñas empresas a otros mercados. A nivel local, los gobiernos también podrían desplegar políticas para garantizar que las personas usuarias de las TIC decidan libremente qué plataformas digitales desean utilizar. Lo anterior incluye, por ejemplo, el establecimiento de mecanismos adecuados para que ninguna empresa tenga más alcance que otra en sus territorios por planes de tasa cero o zero rating.

Otra manera complementaria de atender el problema requiere el compromiso de las propias empresas. Los Principios de Santa Clara proporcionan un conjunto de normas de referencia que las empresas deberían de adoptar para ofrecer procesos claros y transparentes de rendición de cuentas, garantizando que la aplicación de sus decisiones sea justa, imparcial, proporcional y respetuosa de los derechos humanos de las personas usuarias. Mientras las empresas no se apeguen al cumplimiento de dichos principios, la toma de decisiones sobre los contenidos en línea seguirá siendo apresurada, reactiva y poco transparente en el futuro.

Sin embargo, hasta que las personas usuarias no puedan decidir libremente qué plataformas digitales consumen, las grandes empresas no verán un incentivo concreto para evolucionar y satisfacer las demandas de quienes utilizan sus servicios. Más allá de un compromiso ético empresarial y de respeto a los derechos humanos, son los incentivos económicos los que llevan a las empresas a tomar decisiones y mejorar sus productos. Si las personas usuarias tuvieran la libertad de migrar a otros servicios, probablemente elegirían aquella empresa que resguarde y respete sus derechos y libertades. Por ello, la competencia económica juega un papel primordial en el ecosistema digital y la naturaleza de Internet.

Sobre si el caso de Trump fue censura o no, es necesario reconocer que esta pregunta seguirá estando en el debate actual. Para algunas personas lo será, y para otros actores se trató de una acción legítima frente a un suceso de violencia que propició la muerte de personas. Lo que es importante resaltar son dos elementos. Primero, que la moderación de contenidos por parte de las plataformas de redes sociales cuando se refiere a la incitación a la violencia, los discursos de odio, la desinformación, o cualquier otra expresión, debe alinearse al derecho internacional de los derechos humanos. Y segundo, que si bien la libertad de expresión tiene límites, cualquier restricción debe estar apegada a los principios de necesidad, legitimidad y proporcionalidad.

De ahí la necesidad de que las decisiones de las plataformas de redes sociales no obedezcan a la buena voluntad, la presión política o a normas comunitarias -maleables y, en ocasiones, insuficientes-, sino por el contrario, que estén apegadas a los derechos humanos. Tal es el caso del Plan de Acción de Rabat cuando se está frente a discursos que representen un riesgo inminente y real de violencia.

El análisis no se agota, es complejo y no es casualidad que lleve años en construcción. La respuesta no puede depender de ocurrencias mañaneras, o medidas regulatorias desde el plano legislativo. Dada la complejidad del tema y la naturaleza de Internet, debe privilegiarse un enfoque de múltiples partes interesadas donde las voces de sociedad civil, las personas usuarias, la academia, el sector privado y el gobierno estén presentes.

*  Martha Tudón (@MarthaTdn) es coordinadora del programa de derechos digitales. Vladimir Cortés (@vladyruzo) es oficial del programa de derechos digitales para la oficina regional de ARTICLE 19 México y Centroamérica.

 

 

1 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente”, 15 de marzo de 2017, párrafo 17, página 16.

2 Álvarez Ugarte, Ramiro, “El ostracismo de Trump”, CELE – Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información.

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