De leyes y voluntades… o la ausencia de ambas
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De leyes y voluntades… o la ausencia de ambas
Ante un contexto adverso para la libertad de expresión y el derecho a la información, los esfuerzos gubernamentales y los de la sociedad en general deben enfocarse en generar medidas y garantías para el pleno goce y ejercicio de derechos humanos.
Por Ricardo Reyes Márquez
12 de febrero, 2022
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El pasado 8 de septiembre de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una votación unánime, resolvió el amparo en revisión AR 308/2020. En su resolución, la Corte declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social (LGCS). Esta historia no es nueva, ya que no es la primera vez que el máximo tribunal constitucional del país conoce y resuelve este tema.

La historia ya es conocida, el Congreso llevó a cabo un irregular y pactado proceso legislativo en donde el 30 de abril del 2018 aprobaron la LGCS, que posteriormente publicó el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esta ley entró en vigor en enero de 2019.

Para ello, ARTICLE 19 impugnó esta nueva ley que llegó nuevamente a la SCJN, que en su sentencia del 8 de septiembre de 2021, la primera sala de la SCJN requirió al Congreso de la Unión a emitir la ley reglamentaria que regule la publicidad oficial (otra vez) antes de que terminara el segundo periodo ordinario de sesiones, es decir, a más tardar el 15 de diciembre de 2021. El Congreso tuvo 3 meses desde que se dictó formalmente la sentencia de la SCJN, y llegó el 15 de diciembre, y otra vez, no teníamos ley.

No sorprende que la falta de voluntad y la falta de compromiso político haya sido el eje nuevamente para un cumplimiento de sentencia que no llegó ni ha llegado. Los esfuerzos de las autoridades responsables en su plazo de cumplimiento de sentencia, se centraron en solicitar una prórroga al Poder Judicial para el cumplimiento de la misma, prórroga que al día 9 de febrero de 2022 no se ha definido, como tampoco se ha definido si se tiene por cumplida o no la sentencia, pues el Poder Judicial debe pronunciarse sobre las “justificaciones” que las autoridades responsables hayan argumentado para no cumplir con sus obligaciones legislativas para, en dado caso, concederles la prórroga solicitada, lo que a opinión de quien redacta estas líneas, serían injustificadas.

Entre estas “justificaciones” que ha argumentado el Congreso de la Unión, se encuentran: uno, que en enero se encontraban en receso legislativo y no podían poner en marcha un proceso legislativo; y dos, que se ha encomendado la tarea de realizar análisis jurídicos sobre la sentencia y análisis comparados entre las pocas iniciativas que se han presentado en los últimos años. Simulando labores legislativas que en nada satisfacen las pretensiones que la Suprema Corte mencionó en su sentencia, y mucho menos, en llevar a cabo un proceso legislativo destinado a la emisión de dicha ley.

La presente omisión legislativa es una deuda que el Poder Legislativo lleva arrastrando desde 2014. En febrero se cumplen 8 años de aquella reforma constitucional en la cual su artículo TERCERO transitorio se señalaba que el Congreso debía emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Ante un contexto adverso para la libertad de expresión y el derecho a la información, los esfuerzos gubernamentales, así como los de la sociedad en general, deben enfocarse en generar medidas y garantías para el pleno goce y ejercicio de derechos humanos. Una ley que regule la comunicación social sería un gran paso, sobre todo en un ambiente de violencias generalizadas, físicas, económicas, sociales, políticas, donde las víctimas directas son quienes intentan ejercer la libertad de expresión y el derecho a ser informados.

La equidad y pluralidad mediática, la democratización de los medios, la asignación debida de los recursos económicos, políticas para el ejercicio de derechos, son elementos que conforman una ecuación donde las variables dependen de la voluntad política, una voluntad y compromiso político que ha estado ausente ante un gremio necesitado y vulnerable.

Las agresiones contra medios y periodistas no son ajenas a esta realidad de la regulación de la publicidad oficial. Las condiciones generadas por la ausencia de regulaciones tienen impacto en las vidas de las personas que ejercen el periodismo. Tan solo en lo que va de este año, en 42 días han asesinado a 6 periodistas en México, y las respuestas y/o acciones gubernamentales no se han enfocado en la atención de los problemas, ni en posibles medidas encaminadas a la prevención de las múltiples violencias que ocurren día a día a lo largo y ancho del país.

Los riesgos son altos, por un lado, existe la posibilidad de repetir lo sucedido en el 2018, cuando el partido que tenía mayoría en ambas cámaras, el PRI, impuso su voluntad y creó una ley a modo, una ley pactada con sus alianzas partidistas. Y por otro existe, de igual forma, de simular un cumplimiento que no satisfaga lo establecido en la sentencia ni en la constitución, y que el balón se siga pateando y postergando, todavía más, la emisión de esta ley.

* Ricardo Reyes Márquez es coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del programa Derecho a la Información de @article19mex.

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