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Democracia en el precipicio, adiós al espacio público
A partir de 1 de diciembre de 2012 se han recrudecido las acciones policiacas, así como las normativas y narrativas tendentes a perseguir la disidencia. Se ha creado un estigma y criminalizado a quienes pretenden expresar su descontento y exponer sus demandas en el espacio público.
Por Artículo 19
26 de junio, 2015
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Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

La garantía de la protesta social en México enfrenta graves retrocesos desde diversos frentes. Ello nos ayuda a tener un termómetro claro del verdadero estado de la democracia o, de plano, preguntarnos si vivimos en una.

Sin ser un patrón novedoso, observamos que a partir de 1 de diciembre de 2012 se han recrudecido las acciones policiacas, así como las normativas y narrativas tendentes a perseguir la disidencia. Se ha creado un estigma y criminalizado a quienes pretenden expresar su descontento y exponer sus demandas en el espacio público.

Tan sólo en la Ciudad de México, donde se considera que existe plena vigencia de las libertades democráticas –en comparación con el contexto violento y de inestabilidad social presente en otras regiones del país–, se ha impuesto en la administración actual una visión policiaca que parte no solamente del uso injustificado y excesivo de la fuerza, sino de una retórica que busca legitimar el encarcelamiento de manifestantes y la construcción de legislación y protocolos ambiguos para disolver protestas.

Una muestra es la Ley de Movilidad, cuyos promotores alegan públicamente una supuesta armonización de derechos, pero que en realidad apunta a la sobreposición de un mal comprendido derecho a la circulación sobre cualquier oportunidad de utilizar la plaza pública como lugar de lo político.

Qué decir de estados como Quintana Roo o Puebla, donde se han promulgado leyes que habilitan restricciones desmedidas de espacio y tiempo para manifestarse (en el primero) o el uso de la fuerza letal (en el caso del segundo).

Más grave aún es que a este patrón legislativo se suman más de 20 iniciativas similares presentadas en estados como San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y a nivel federal. Ordenamientos con una significativa carga ideológica que desnuda el talante autoritario de quienes hoy gobiernan a distintos niveles; invocan a innominados derechos de terceros para avanzar en un proyecto político, económico y social excluyente, carente de contrapesos y controles ciudadanos.

En el terreno, han bastado 30 meses del gobierno federal para cometer más de 500 detenciones y decenas de agresiones físicas en contextos de manifestaciones. Volteando hacia atrás, parecen ya lejanos los actos de represión contra las manifestaciones como las del 1 de diciembre 2012, 2 de octubre de 2013, 20 de noviembre de 2014 en la ciudad de México; o la ocurrida en Chalchihuapan, Puebla, donde perdió la vida el menor de edad José Luis Tehuatlie Tamayo debido a un disparo de bala de goma.

Viendo los hechos más recientes, tenemos a San Quintín en conflicto debido a las condiciones de vida de miles de jornaleros, demostrando así la languidez de la justicia social con la que sucesivos gobiernos se han llenado la boca. Por otro lado, encontramos la respuesta gubernamental virulenta en Guerrero y Oaxaca –donde se movilizaron contra las elecciones del 7 de junio–, un despliegue militar que solamente puede entenderse como si de un estado de excepción se tratara. En el operativo en Tixtla, Guerrero, se registró el asesinato por parte de la policía federal del líder social Antonio Vivar Díaz.

Se han acumulado tantos agravios, tantos retrocesos, tanto cinismo durante los últimos dos años. Si no reculamos en la defensa de nuestras libertades y derechos debido al avasallamiento, lo haremos por el olvido, resultado de la sobresaturación.

¿De dónde partir, más allá del lugar común que habla del retorno del PRI en el gobierno, el desgate institucional y la abulia social?

Cuando vemos que a la represión le sigue la retórica de la justificación, acompañada de la manipulación legal y política de los sucesos, no podemos hablar de hechos aislados sino de eventos precedidos de un perfecto cálculo político. ¿Cuál es su premisa fundamental y las categorías a partir de la cual se delinea?

Como punto de partida identificamos como víctima o agraviada de la estrategia gubernamental a eso que hemos llamado genéricamente disidencia. Pero ¿cómo nos representamos a esa disidencia? Tal vez a esa masa amorfa y heterogénea de sujetos sociales que parten de estrategias distintas y hasta divergentes entre sí, pero que tiene como punto de coincidencia constituirse como adversarios del statu quo. Dichos individuos y colectivos colocan en la arena pública una acumulación de agravios históricos bajo la forma de necesidades y exigencias insatisfechas.

Y es precisamente a esa disidencia, a esos sujetos sociales que han categorizado como enemigos cuya anulación, confinamiento o expulsión de la comunidad política encuentra plena justificación.

En efecto, a los justos reclamos de una vida digna los malos gobiernos responden con balas de goma y gases lacrimógenos. Al reclamo por mayor libertad, de acabar con la impunidad, de cesar el ataque generalizado a la población mediante métodos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones y detenciones arbitrarias, se despliega toda la fuerza del estado que deriva en más violencia. Es la lógica de neutralizar –y hasta aniquilar– a ese que se presenta como el otro, el extraño, simplificado en el vándalo, incendiario y desestabilizador. El paso previo y posterior, en forma circular, es el uso de un discurso mediante el cual se criminaliza a las víctimas y se victimiza a los verdugos.

Así somos fieles testigos de lo que Achille Mbembe ha llamado la necropolítica, un proyecto de guerra perpetua y normalización del estado de excepción, en el cual se instrumentaliza la existencia humana y se destruye materialmente los cuerpos. Un proyecto político donde se echa a andar una lógica securitaria, donde las personas pierden derechos y carecen de estatus político. Por ello no resulta extraño que los gobernantes invoquen Estado de derecho e imperio de la ley precisamente para anular la dignidad humana.

Ante la idea falsa del consenso como salida a la crisis política, de un desarrollo encarrilado sobre la corrupción y la exclusión, y de una legalidad violenta como encarnación de la paz social, vale la pena traer a la memoria las luchas que han logrado en México los magros avances que hoy denominamos democráticos. Una ciudadanía exigente que se niega a desparecer como tal, como sujeto, y que se redefine y erige sobre la base de ese espejeo con su pasado de resistencias. El pasado que se hace presente al tomar las calles y poner nuevas agendas en ese espacio que por ser público nos pertenece.

Aferrase a no perder el espacio público para dialogar, deliberar, exigir, vociferar y construir parte de una construcción que rechaza la inevitabilidad de un ejercicio de poder autocrático, paralizante de la capacidad de pensar, hablar y actuar. Una intolerancia que pretende colonizar de manera progresiva nuestro lenguaje, nuestras ideas y nuestro caminar. Así no nos veremos arrastrados hacia la incapacidad de articular lo que de humano hay en el mundo.

Por ello es tarea vital horadar las gruesas paredes de un poder embelesado con su soliloquio. En este punto comparto una intuición que encuentra su formulación más adecuada en palabras de Jorge Luis Borges: pensar, analizar, inventar es la normal respiración de la inteligencia; es por eso que todo ser humano debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en el provenir así será.

 

@article19mex

 

 

Mbembe, Achille, Necropolitics, Public Culture, Duke University, 2003, traducido por Libby Meintjes. El concepto tiene una genealogía que parte del pensamiento crítico occidental pero que contextualiza la situación de despojo y violencia social que prevalece en las sociedades post-coloniales. Entre dichas nociones encontramos la “sociedad de control” ( Gilles Deleuze), “Estado de seguridad” ( Giorgio Agamben), “sociedades disciplinarias” (Michel Foucault), que si bien no parten todas ellas de la eliminación de los sujetos subalternos, guardan condiciones y elementos similiares y puntos de coincidencia.

Retomado de “Tesis sobre la Historia” de Walter Benjamin. Bajo esta premisa, el pensador de la Escuela de Frankfurt alertaba sobre la incapacidad de la razón para alertar la llegada del fascismo en la Europa de los años 30.

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