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Por Artículo 19
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El derecho a la verdad desde los archivos
La Ley General de Archivos debe considerar el papel que desempeñan los archivos como fuente de verdad y memoria, especialmente en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Por Artículo 19
27 de marzo, 2017
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En los últimos años, la política de gestión de archivos ha estado marcada por una clara tendencia a cerrar el pasado. A primera vista, pareciera que el tema no es crítico. Sin embargo, es urgente señalar el papel que desempeñan los archivos como fuente de verdad y memoria, especialmente en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Esto es importante no sólo para conocer las atrocidades cometidas en el pasado reciente, como el contexto de la Guerra Sucia, sino para asegurar también que existirá información sobre las violaciones graves cometidas en el presente. Tanhuato, Tlatlaya, las fosas de Veracruz, entre tantos otros casos, están generando documentos e información que puede dar verdad sobre lo ocurrido. Así, la gestión de archivos no se refiere sólo a los documentos históricos, sino a los documentos en trámite y en concentración. Las decisiones que se tomen para legislar la Ley General de Archivos, que está siendo discutida, determinarán en el futuro próximo la forma en la que construiremos el pasado.

El pasado viernes 17 de marzo de 2017 fue manifestada esta preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la audiencia temática “Estado del Derecho a la Verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos en México”. La CIDH ha reconocido la existencia del derecho a la verdad. Es por esta razón que la delegación de organizaciones peticionarias (Fundación para la Justicia, Equipo Argentino de Antropología Forense, ARTICLE 19 y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia) señalaron los graves vacíos generados por su no reconocimiento. En específico, la gestión de archivos tiene un rol fundamental que cumplir para garantizar el acceso a las fuentes que den verdad sobre estos casos. En este sentido, los siguientes puntos que se encuentran en la iniciativa de Ley General de archivos se manifiestan como preocupantes por poner en riesgo y afectar el derecho a la verdad:

Primero. La bandera de la protección de datos personales ha sido utilizada para restringir acceso a documentos con información que potencialmente podría implicar a personas vinculadas a violaciones graves de derechos humanos. El artículo 27 de la vigente Ley Federal de Archivos estipula que los archivos clasificados como confidenciales pueden mantener este carácter hasta por 70 años al tratarse de datos personales, creando la contradictoria categoría de archivos “históricos-confidenciales”. Estamos construyendo una historia anónima. La Ley General de Archivos debe indicar que ninguna información dentro de los documentos históricos admite ser clasificada como confidencial ni reservada. Condenar el pasado a la confidencialidad es asegurar la impunidad del presente.

Aun cuando el artículo 5° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de 2016 indica que no pueden ser clasificada como reservada o confidencial ninguna información relacionada a violaciones graves, lo cierto es que la práctica general muestra lo contrario. Muestra de ello es que actualmente no hay consulta directa a los archivos de la Guerra Sucia; la información de casos como San Fernando y Cadereyta ha sido clasificada como reservada por el INAI.

Segundo. La propuesta de Ley no fija plazos temporales ni medidas obligatorias para que las autoridades transfieran sus documentos a los archivos históricos. Los plazos de conservación de los archivos de concentración no deben superar 30 años desde el momento de haber sido generados.

Tercero. La iniciativa llevaría a que todas las autoridades tengan la facultad de reevaluar los documentos históricos y puedan destruirlos o transferirlos de regreso a sus archivos de concentración. Esta medida permite la eliminación de documentos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas, el derecho a la verdad y el combate a la corrupción. Recientemente, ARTICLE 19 solicitó a las autoridades mexicanas información sobre casos de violaciones graves que hubieran sido compartidas por medios electrónicos (correo electrónico y mensajes instantáneos). La respuesta, en términos generales, fue que dichos documentos no existen y que, además, no están obligados por ley a conservarlos.

Cuarto. Los archivos históricos de violaciones graves a derechos humanos no sólo deben ser públicos, también deben ser difundidos proactivamente. La Ley no es determinante en lo que respecta a la difusión. Mucho menos existen políticas que garanticen el derecho a la verdad y a la memoria: los jóvenes en nuestras escuelas desconocen que se incurrió en masacres, desapariciones forzada, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio” (citando el informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado).

Quinto. La política nacional de archivos no puede quedar bajo control de la Secretaría de Gobernación como estipula la iniciativa, al controlar el Consejo Nacional de Archivos. Por el contrario, se debe permitir que el Consejo se integre con perfiles especializados en la disciplina. Asimismo, el texto que se apruebe debe reconocer la naturaleza descentralizada y no sectorizada del AGN, contar con una designación objetiva, con autonomía de decisión y con plena capacidad técnica y presupuestal.

En efecto, como señaló Ana Cristina Ruelas en la audiencia, “[…] en México el pasado no está resuelto y ha sido condenado a repetirse: las viejas prácticas se repiten desde nuevas aristas, solapadas por un entorno de impunidad y opacidad”. Estas limitaciones violan el derecho a la verdad y el derecho a la libertad de expresión de periodistas, historiadores y académicos, que buscan informar a la sociedad. Es precisamente en los años por venir, que los archivos fungirán un rol clave para comenzar a consolidar narrativas en busca de la no repetición en México. Un primer paso para lograr esto es lograr una Ley General de Archivos que se preocupe más por abrir el pasado y menos por garantizar la impunidad cerrándolo o dándole la vuelta a la página.

 

@article19mex

 

 

    Consultar el voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer McGregor Poisot en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

    Amparo en revisión 453/2015 promovido por ARTICLE 19 México y amparo en revisión 661/2014 promovido por la Fundación para la Justicia. Ambos radicados en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Informe Que no vuelva a suceder, versión filtrada a The National Security Archives. Véase “Capítulo 1: Informe general”, p. 1, disponible aquí.

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