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Designaciones en el INE, ¿qué aprendizajes nos deja?
Es la tercera vez que la Cámara de Diputados designa a consejeras y consejeros electorales con este procedimiento que incluye la emisión de una convocatoria pública y la figura de un Comité Técnico de Evaluación para la preselección y valoración de las personas postulantes.
Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez
24 de julio, 2020
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Si las designaciones públicas fueran una película de suspenso o de terror necesitaríamos muchos estantes y vitrinas para colocar los premios que las distintas academias de cine les darían. Sin embargo, no estamos hablando de historias hipotéticas o de ficción sino de decisiones importantísimas para nuestra democracia, para la garantía de los derechos de las personas o de los equilibrios necesarios para una mejor convivencia política y social. Estas decisiones en su mayoría son tomadas por el Congreso de la Unión, por alguna de sus dos Cámaras, y apelan a que se garanticen perfiles idóneos para las distintas responsabilidades públicas y con ello se fortalezcan a las propias instituciones. Una de estas responsabilidades esenciales son las que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), en términos de generar certezas en la disputa por el poder político y satisfacer un ejercicio pleno de parte de los derechos políticos.

El pasado miércoles 22 de julio, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 399 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones a Carla Astrid Humphrey Jordán, Uuc-kib Espadas Ancona, Norma Irene de la Cruz y José Martín Fernando Faz como nuevos y nuevas consejeras electorales para un periodo de nueve años (2020-2029), en medio de un proceso que tuvo aciertos y también prácticas que deben mejorarse para avanzar hacia designaciones apegadas a altos estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas.

Es conveniente recordar que las reglas de este proceso de designación están establecidas en nuestra Constitución Política desde 2014, es decir, es la tercera vez (2014, 2017 y ahora en 2020) que la Cámara de Diputados designa a consejeras y consejeros electorales con este procedimiento que incluye la emisión de una convocatoria pública y la figura de un Comité Técnico de Evaluación (CTE) para la preselección y valoración de las personas postulantes.

A la distancia del 13 de febrero de este año, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 443 votos la convocatoria de este proceso, y los posicionamientos de la y los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos ahí representados prometían una designación “en bola de cristal”, qué decir… Entre los aspectos positivos, más allá de las reglas contempladas en el marco legal, estuvieron: la aplicación de un examen de conocimientos como segundo filtro, el repositorio de la información del proceso,1 la definición de criterios de pluralidad geográfica y de formación entre las personas que integraban las ternas, y las entrevistas -transmitidas en vivo- por parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a las 20 mujeres y hombres que formaban las quintetas.

Lo que debe aprenderse del proceso y en consecuencia mejorar, es:

1) En términos de la metodología, debería ser una definición exclusiva del CTE, como sucedió en 2014, y no como última palabra de la JUCOPO;

2) Garantizar la oportunidad de la información y su máxima publicidad, tanto de la valoración técnica como de las negociaciones políticas. Aquí varios ejemplos, las calificaciones de las 60 personas finalistas se publicaron gracias a las doce impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); las entrevistas a este mismo grupo no fueron transmitidas en tiempo real y por los tiempos reducidos de las siguientes etapas resultaba imposible verlas en su totalidad previo a las realizadas por la JUCOPO; y tampoco las reuniones del CTE ni de la JUCOPO fueron públicas/transmitidas en vivo, quizá esto hubiera allanado mucho los dimes y diretes de la última etapa;

3) Ampliar los mecanismos de participación ciudadana, que se limitaron al envío de preguntas a un correo que funcionó poco;

4) Contar con decisiones fundadas y motivadas, así sean personas con alto prestigio y reconocimiento público. Por ejemplo, no se dio a conocer la valoración técnica sobre el rubro de las entrevistas ni tampoco los insumos que se utilizaron para seleccionar a las y los nuevos consejeros electorales, en este sentido, se repite la tradición de narrar una síntesis curricular de las personas sin explicar de manera exhaustiva los razonamientos que justifiquen por qué se escogieron unos perfiles sobre otros, y

5) Cuidar que la integración del CTE esté ajeno a cercanías claras con algún partido político.

Al final, el proceso como el resultado son igual de importantes. Es cierto que ante lo abrupto de la última etapa del proceso, que pintaba para una decisión política más complicada, no fue mal recibida y si la comparamos con la toma de tribuna el día de protesta de la hoy presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o del ruido en las redes sociales solicitando #RechacenLaTerna en el proceso para designar a una ministra, salió bien librado. Sin embargo, aún falta trecho y poner en práctica lo aprendido en este proceso para tener designaciones en “bola de cristal”. Esperamos haya compromiso para transformar de manera efectiva estas prácticas, y no una en un pajar, para que las más de mil 700 designaciones que se dan a lo ancho y largo del país sean producto de procesos más democráticos donde se garanticen perfiles idóneos.

#SinCuotasNiCuates

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es Coordinadora del Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas (@designaciones) que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 

 

1 Disponible aquí.

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