El derecho a la privacidad en el contexto democrático
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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
El derecho a la privacidad en el contexto democrático
Saberse potencialmente vigilada o vigilado por el Estado tiene un efecto inhibidor en el comportamiento humano, y esto es de particular importancia para periodistas, activistas, y personas víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por Martha A. Tudón M.
9 de octubre, 2021
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La falta de interés y voluntad de las autoridades por proteger los derechos humanos es una cuestión por la cual hay que preocuparnos. Este texto pretende ser una invitación abierta a que defendamos la integridad y seguridad de cómo buscamos e intercambiamos información y contenidos. Particularmente, busca que no sea fácil que la retórica gubernamental nos venda lo contrario. También, que defendamos las herramientas que nos permiten resistir ante las acciones de vigilancia estatal que potencialmente ya están desplegadas para espiar a las personas a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC): entre ellas el cifrado, un proceso que asegura que la información solo pueda ser descifrada por una única persona receptora de la comunicación que cuente con la “llave” necesaria para hacerlo; y el anonimato.

Ya nos han espiado. El caso Pegasus en México, donde instancias del Estado abusaron de su poder para espiar ilegalmente a periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos y oposiciones políticas a través de las TIC, es la evidencia más certera de ello. Ante esta realidad, algunas personas podrían señalar que “no tienen nada que esconder” y que, por lo tanto, no importaría si alguien más tuviera acceso a la información que se almacena y transmite a través de sus dispositivos tecnológicos.

Trascender este tipo de argumentaciones, que nada hacen por la democracia y todo facilitan para el autoritarismo, depende de que retemos este tipo de ideas al aterrizarlas a escenarios más cotidianos. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente: si supiéramos que nuestra jefa de trabajo, una persona prejuiciosa y conservadora, está escuchando una conversación telefónica con nuestro mejor amigo, ¿no modularíamos -hasta subconscientemente- el lenguaje y la jerga con la cual nos expresamos y, quizás, hasta preferiríamos no abordar ciertos temas en específico, como aquellos que podrían resultar polémicos o personales?

Elevemos la analogía anterior al plano ciudadano. Primer caso: si una persona periodista y sus fuentes supieran que están siendo potencialmente vigiladas por el Estado, y la pieza periodística sobre la que trabajaran precisamente hablara sobre una denuncia y exhibición de corrupción estatal, ¿se comunicarían entre sí con total libertad? Sabiendo que los principales perpetradores de agresiones hacia periodistas son agentes del Estado, ¿cómo el ejercicio periodístico se vería afectado si los mismos perpetradores fueran los que tuvieran acceso a los dispositivos personales de las personas periodistas y a la información que contienen? Finalmente, ¿cuál es el costo de la vigilancia ilegal y arbitraria para una democracia? ¿Cómo cuantificamos los daños del vacío informativo que dejaron aquellas personas periodistas que decidieron, para protegerse a sí mismas y a sus familias, dejar de contarnos sobre las “transas” de la clase política?

Segundo caso: las personas que tenemos acceso a Internet y utilizamos esta herramienta para organizarnos, coordinarnos y expresar nuestras ideas de índole político estamos participando en el espacio cívico digital. Si supiéramos que, a razón de lo que decimos y cómo nos movilizamos en Internet, llegara a existir una intervención en los micrófonos y cámaras de nuestros aparatos electrónicos, o un seguimiento activo de nuestras actividades mientras navegamos en el ecosistema digital, ¿podríamos llevar acabo el libre ejercicio de nuestra personalidad y posicionarnos frente a nuestros ideales? ¿O preferiríamos no participar en la vida pública para manifestar nuestro descontento frente al gobierno para asegurar que, tras puertas cerradas, nadie nos escuche ni observe sin nuestro consentimiento?

A partir de los escenarios anteriores se puede reflexionar acerca de cómo el derecho a la privacidad es un requisito indispensable para el ejercicio libre y significativo de la libertad de expresión, especialmente a través y con el uso de las TIC. Sin seguridad en las comunicaciones privadas, las personas carecen de un espacio para pensar, buscar y compartir información sin intrusiones, para desarrollar su propia voz y para vivir libremente y relacionarse entre sí.

Es posible que actualmente se sigan utilizando en México tecnologías intrusivas a la privacidad para seguir y registrar el comportamiento de las personas, solo que estas herramientas son llamadas genéricamente como ‘software para labores de inteligencia’. Su despliegue es aún muy probable, que ya no existe ningún control en su adquisición, despliegue y utilización. En ese sentido, tenemos necesidad de proteger legítimamente nuestros derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, particularmente a través del cifrado y la navegación en Internet a través del anonimato.

El cifrado y el anonimato no son fenómenos nuevos a causa de la evolución de las TIC. Por un lado, el uso de técnicas criptográficas para proteger la privacidad de las comunicaciones tiene una larga historia, sobre todo a partir de la actividad diplomática y del intercambio de información confidencial desde la Edad Media. Por el otro, el anonimato ha facilitado durante años la expresión de ideas controvertidas de personas y disidencias, y ha permitido la participación política de grupos y poblaciones marginados por las sociedades. En sus usos actuales en el entorno digital, el cifrado es un proceso completamente matemático y bifacético: o el contenido está cifrado y seguro, o no lo está. Lo mismo con el anonimato: o las demás personas tienen información que te identifique o te haga identificable, o no la tienen.

Sin privacidad, las personas y comunidades no pueden relacionarse libremente entre sí, buscar información controvertida y polémica sin temor a ser expuestas, ni expresar sus puntos de vista, sobre todo cuando estos tengan una connotación política. Saberse potencialmente vigilada o vigilado por el Estado tiene un efecto inhibidor en el comportamiento humano, y esto es de particular importancia para periodistas, activistas, y personas víctimas de violaciones de derechos humanos y sus asesorarías legales, por ejemplo, quienes dependen de las comunicaciones privadas para mantenerse a salvo. Por lo tanto, el cifrado y el anonimato están en el centro de los derechos humanos en la era digital, y un ataque hacia ellos es también un ataque a la democracia.

Recientemente se han presentado innumerables iniciativas en las Cámaras legislativas de México en materia de “ciberseguridad”, donde se intenta atentar desproporcionadamente contra el derecho a la privacidad de las personas, estigmatizar el anonimato y criminalizar las expresiones en línea y los usos de tecnología legítimos y cotidianos. Estas iniciativas tienen la potencialidad de establecer que “todo sea delito” y “nada sea delito”, dependiendo de cómo se lleguen a interpretar. Al final, esta falta de claridad legal es la excusa perfecta para que se espíe a la ciudadanía, además de avivar la autocensura en Internet, la persecución de las personas y generar un ecosistema de miedo e incertidumbre respecto a la aplicación del derecho penal.

Como personas ciudadanas que valoramos nuestra libertad y la democracia, es vital que luchemos contra el control estatal a través de la vigilancia. Desafiemos la desinformación que pretende criminalizar -y hasta estigmatizar- los recursos disponibles a nuestro alcance para defender nuestro derecho a la privacidad. Porque quizás la ciudadanía no tenga nada que esconder, pero la clase política sí, y espiar a quienes informan y luchan contra la corrupción e impunidad es una manera de desactivar el escrutinio y la rendición de cuentas sobre el dinero que se llevan y las violaciones a derechos humanos que llevan a cabo.

@article19mex

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