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El “derecho al olvido” y lo que se pretende borrar
Por Martha A. Tudón Maldonado
7 de febrero, 2020
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La primera vez que alguien intentó utilizar el término “derecho al olvido” en México para eliminar información relevante para la sociedad -y que casi lo logra- data de, al menos, cinco años atrás. Fue el 28 de enero de 2015 el día en que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy en día, INAI) ordenó a Google México desvincular una nota periodística de los resultados de búsqueda cuando alguien escribiera el nombre del empresario Carlos Sánchez de la Peña. La finalidad era ocultar la noticia, cuyo contenido describía los actos ilegales que se le atribuían al empresario, así como sus relaciones con figuras públicas presuntamente involucradas, en virtud de la supuesta protección de sus datos personales.1

Aunque la resolución del INAI quedó sin efecto en 2016 tras un amparo promovido por parte de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales,2 el precedente alertó a la sociedad sobre los diversos mecanismos que -desde ese entonces- buscaban ser implementados para restringir la libertad de las personas de acceder a información que les interesa, así como mecanismos para censurar a los medios informativos que nos reportan. Sin embargo, si en su momento algo tuvo que haberse señalado como lo más preocupante de la situación, fue la manera en que Sánchez de la Peña utilizó un vacío de conocimiento técnico del INAI en su favor. La propia autoridad que debió haber sido experta en la aplicación e interpretación de la ley que la rige, en materia de protección de datos personales, nos falló.

En México, por no conocer la historia, muchas veces nos autocondenamos a repetirla una y otra vez. La experiencia de Google México, Sánchez de la Peña y el INAI cobra especial relevancia en la actualidad, porque después de cinco años ahora existe otra autoridad que interpreta equivocadamente los derechos a la privacidad y protección de datos personales, autoridad que, con su actuar y esta falta de claridad, tiene el poder de restringir ilegítimamente la libertad de expresión y debilitar las garantías para ejercer los derechos humanos a través de las tecnologías. Desde finales de 2019, el senador Ricardo Monreal ha buscado impulsar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y así reconocer e instrumentalizar el mal llamado “derecho al olvido”. La reforma busca establecer que las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación sean responsables del tratamiento de datos personales y estén obligados a la supresión de los mismos, habilitando a que toda información concerniente a una persona física sea eliminada de Internet a petición de ésta.3

La responsabilidad que les corresponde a las empresas privadas por información que ellas mismas solicitan a las personas sobre sus datos personales, por ejemplo, para fines de publicidad, comercialización o estadísticos, es legítima y legal porque efectivamente corresponde a un tratamiento de datos en términos de la legislación aplicable y mejores estándares en la materia. No obstante, lo anterior es diametralmente distinto a obligar a plataformas digitales (como las redes sociales) y motores de búsqueda a hacerse responsables por el contenido que sus usuarias y usuarios comparten en sus espacios si es que las publicaciones contienen cualquier información que identifique o haga identificable a una tercera persona, o a obligar a los medios de comunicación a temer por represalias si es que en las notas periodísticas que reportan existen datos personales (como el nombre) de alguien a quien le parezca incómodo formar parte de una noticia.

Múltiples experiencias alrededor del mundo nos recuerdan que el inventado “derecho al olvido” ha sido invocado para limitar o restringir la circulación de información de interés público.4 Más aún, desde el trabajo de documentación de Artículo 19 respecto a agresiones hacia las y los periodistas, hemos registrado un preocupante aumento de incidentes de intimidaciones, amenazas y amedrentamientos hacia periodistas independientes y medios de comunicación tras alegatos infundados y erróneos de la protección de datos personales de individuos que aparecen en notas informativas y que exigen la eliminación de las mismas. Hasta el momento, periodistas y medios de comunicación han logrado demostrar cómo estas solicitudes que reciben de eliminación de información configuran un intento de censura y no un mal “uso” o “tratamiento” de datos personales. Lo anterior cambiaría si la reforma impulsada por el senador Monreal se manifiesta como exitosa. La mala interpretación y aplicación del derecho a la privacidad y protección de datos personales quedarían plasmadas en un documento legal y vinculante, dejándonos desprotegidas y desprotegidos como sociedad porque se nos arrebataría la oportunidad de conocer la realidad, historia e información que necesitamos para formar nuestra propia opinión y decidir con base en ello.

Muchas veces los argumentos a favor de instrumentalizar el “derecho al olvido” se sustentan en simplificar el debate y el propio alcance de la política pública, mencionando que su reconocimiento servirá a personas que hayan sido víctimas de acoso, bullying o filtraciones de sus datos personales, y cuya información se encuentra actualmente disponible en plataformas digitales y en los medios de comunicación. Si el “derecho al olvido” es reconocido en los términos planteados por la reforma impulsada por el senador Monreal, es verdad que estas personas podrían solicitar la supresión inmediata de los datos, pero también es verdad que la reforma no otorga los suficientes candados para garantizar que este mecanismo no sea abusado por parte de personas que, por ejemplo, participaron en hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos, y cuyos nombres aparecen en las noticias. Los narcotraficantes, exfuncionarios corruptos, exmiembros del clérigo acusados de pedofilia podrían activar el mismo mecanismo para eximirlos de toda responsabilidad social por las gravísimas e imperdonables acciones que realizaron. La clave de una política pública exitosa es contar con la lógica, tecnicismo, estructura, capacidad de ponderación de derechos y conocimiento en materia de derechos humanos lo suficientemente robusta para que ésta sirva a quien tiene que servir.

Si la autoridad realmente quisiera garantizar el derecho a la privacidad y proteger los datos personales de las personas, podría primero comenzar por establecer los mecanismos y protocolos necesarios para que no existan filtraciones por parte de las fiscalías y ministerios públicos sobre los datos personales de las víctimas de delitos, lo cual muchas veces termina por estigmatizarlas, revictimizarlas y someterlas a juicios mediáticos. Además, comprender la eliminación de datos personales de las personas desde un punto de vista de derechos humanos, permitiría comprender dicha supresión de contenidos desde un punto de vista de restitución y de derechos de las víctimas, y no desde una mala interpretación respecto a lo que significa “tratar” datos personales.

Recordar significa mirar, conocer, debatir y cuestionar. El llamado y la exigencia son claros: detengamos políticas públicas ilegítimas, desproporcionales e innecesarias que solo terminarían por atentar contra la libertad de expresión e información y hacernos perder la memoria histórica de nuestra sociedad.

Por cierto, si se aprueba la reforma, por encontrarse aquí escritos los nombres de Carlos Sánchez de la Peña o el senador Carlos Monreal, esta nota puede ser eliminada en cualquier momento si es que alguno lo pide, todo por el simple hecho de haberlos mencionado.

* Martha A. Tudón Maldonado (@MarthaTdn) es coordinadora del programa de Derechos Digitales en ARTICLE 19 Oficina regional para México y Centroamérica.

 

1 ARTICLE 19, “El erróneamente llamado derecho al olvido no es un derecho, es una forma de censura”, Posicionamientos. Publicado el 12 de julio de 2016. Disponible aquí.

2 R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, “Iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre supuesto “derecho al olvido” amenaza la libertad de expresión en línea”. Publicado el 24 de enero de 2020. Disponible aquí.

3 ARTICLE 19, “Iniciativa para reconocer el “derecho al olvido” abre puerta a la censura y es contraria a los derechos humanos”, Boletines. Publicado el 14 de enero de 2020. Disponible aquí.

4 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de los Estados Americanos, “Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente”. Publicado en 2017. Párrafo 130, página 53. Disponible aquí.

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