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El desamparo de la sociedad ante el silencio de la CNDH
Contrario a los estándares internacionales, desde el año pasado se han presentado 16 iniciativas legales para inhibir de forma directa o indirecta la protesta social, con argumentos propios de gobiernos antidemocráticos y premisas con fuerte tufo autoritario, y sin que la CNDH ni las comisiones estatales de derechos humanos hagan su trabajo.
Por Artículo 19
20 de junio, 2014
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Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG ) y Lucía Vergara (@LuuMafu)

Esta semana vencieron los plazos para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de Chiapas y Puebla interpusieran acciones de inconstitucionalidad contra las leyes antiprotesta, sumándose al desamparo al que se encuentra la ciudadanía de Quintana Roo cuyos derechos fundamentales tampoco fueron tutelados por los ombudsman nacional ni local.

Contrario a los estándares internacionales, desde el año pasado se han presentado 16 iniciativas legales para inhibir de forma directa o indirecta la protesta social. Desde mayo de este año Chiapas, Puebla y Quintana Roo han ido más allá de los amagos legislativos, aprobando y publicado este tipo de leyes.

Es preocupante que la justificación pública de gobernantes y legisladores no logra sacudirse los argumentos propios de gobiernos antidemocráticos: se instrumentaliza el discurso sobre innominados derechos de terceros; generan falsas disyuntivas entre protesta y libre tránsito, y fomentan el estigmatización construido contra las voces de disenso, quienes son tachados de “rijosos” y “conflictivos” dejando a un lado el fondo de las demandas sustantivas.

Detrás de estas ideas predominan premisas con fuerte tufo autoritario, partiendo de una visión negativa de la disidencia y correlativamente se impulsa una idea de homogeinedad social y política. Al mismo tiempo, se pretende construir un ideal de sociedad carente de conflicto, en el cual se confunde la normalidad democrática con la falta de discusión y debate. Por último, se alega que existen canales institucionales para procesar exigencias de derechos que motivan las protestas, cuando los poderes del Estado se han alejado de la sociedad a la que dicen representar.

La ola criminalizadora de la manifestación pública no ha cesado. Vemos con preocupación que hoy en día la ciudadanía no cuenta con medios de defensa efectivos para impugnar este tipo de leyes. Las comisiones de derechos humanos no activan sus facultades para alegar la inconstitucionalidad de las regulaciones antimarchas ante la Suprema Corte. Por otro lado, el juicio de amparo, recurso legal reconocido para la protección de derechos de ciudadanos en lo individual, sigue siendo un galimatías que lo hace prácticamente inefectivo e inaccesible en la mayoría de los casos.

Desde ARTICLE19 hemos dado seguimiento a los procesos legislativos que pretenden minimizar, limitar y socavar el derecho a la protesta como parte fundamental de la garantía de los derechos humanos. Por ello elaboramos este mapa sobre la tendencia por criminalizar y reprimir las protestas.

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