¿El futuro de nuestros derechos digitales está en manos del Poder Judicial? - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
¿El futuro de nuestros derechos digitales está en manos del Poder Judicial?
Después de promover y buscar por siete meses la protección mediante el amparo en contra del PANAUT, en muchos casos los amparos han sido desechados por disentir en lo que respecta a la forma y no el fondo de las demandas.
Por Priscilla Ruiz Guillén y Ricardo Rojas Ruiz
4 de diciembre, 2021
Comparte

Desde 2019, las organizaciones que defienden los derechos humanos en México se han involucrado de forma recurrente en contra de iniciativas legislativas que inhiben la libertad expresión en el espacio digital. Dichas iniciativas han pretendido sobrerregular diversos aspectos de internet y de las tecnologías con la “justificación” de que eso resolverá algunos de los problemas de nuestro país, como aquellos relacionados con la violencia de género, la seguridad pública y la concentración de poder de las plataformas digitales, por mencionar algunos.

Desafortunadamente, la redacción de las iniciativas demuestra un profundo desconocimiento sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas habilitadoras de los derechos humanos, y tal ignorancia genera serios riesgos para la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la privacidad, el derecho a la verdad e incluso el de reunión y asociación pacífica de la sociedad.

Ha sido gracias a la resistencia de organizaciones, colectivas, movimientos, ciudadanos y ciudadanas que se han logrado frenar la mayoría de las iniciativas de esta naturaleza. Sin embargo, existen proyectos legislativos que sí avanzaron y se encuentran vigentes en aplicación, como es el caso de la ley que crea el Padrón de Datos de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUAT).

Recordemos que el PANAUT constituye poner en manos de una organización de manera obligatoria datos personales mismos que se encontrarán a disposición del Estado con la excusa de evitar delitos como el fraude, la extorsión e incluso delitos de índole sexual. Estos mecanismos que autorizan al Estado el acceso a datos personales constituyen una violación a la esfera jurídica de los ciudadanos, puesto que su acceso no establece ningún tipo de control judicial.

Ante la deficiencia legislativa como son términos ambiguos, duplicidad en conceptos y falta de certeza jurídica se ha activado un derecho constitucionalmente reconocido como es el amparo.

Sin entrar al tecnicismo jurídico podemos decir que el amparo es un proceso que nos permite defendernos de las decisiones como por ejemplo de aquellas leyes o normas que consideremos abusivas provenientes poder legislativo que puedan hacer un daño a cualquiera.

Es así que personas y organizaciones han recurrido ante el amparo como un medio para encontrar esa protección en contra de esas normas generales que vulneran nuestros derechos humanos. Entre ellas se puede nombrar la promovida a por miles de personas en contra del Padrón de Datos de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUAT) #NoAlPadron ante los Juzgados en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en la Ciudad de México.

El Poder Judicial (PJ) como aquel órgano del Estado encargado de impartir justicia, también ha logrado apartarnos de la verdad y la democracia a través de decisiones que se basan en tecnicismos jurídicos ambiguos, así como de instituciones dentro del mismo PJ que sufren del malestar de una burocracia lenta y de difícil acceso para la ciudadanía.

Por ejemplo, después de promover y buscar hace siete meses la protección mediante el amparo en contra del PANAUT, tan solo se tiene registro de su ingreso mediante la asignación de un número de expediente (si se tiene suerte) o en muchos casos los amparos han sido desechados por disentir en lo que respecta a la forma y no el fondo de las demandas. Es fundamental entender qué significa la entrada en vigor del PANAUT, así como también el por qué no se están atendiendo las quejas a través del juicio de amparo.

Esta vulneración a la esfera jurídica de los ciudadanos se vuelve real en el momento en el que el PANAUT entre en vigor, ya que en consideración de distintas organizaciones, colectivos y ciudadanos, dicha norma general es de carácter autoaplicativo1. Este término jurídico se utiliza para describir aquella ley que afecta los derechos de los ciudadanos en el momento en que entra en vigor, a diferencia de una norma heteroaplicativa, que requiere que una autoridad la aplique a una situación en específico y esta perjudique directamente a los ciudadanos.

El PJ ha utilizado este tipo de definiciones y conceptos jurídicos para frenar los reclamos de los ciudadanos frente al PANAUT y el actual, real y presente perjuicio para distintos derechos humanos que representa la entrada en vigor de dicha norma general. Así pues, aunque tengamos distintos mecanismos de defensa ante violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, parece una tarea difícil y agotadora el lograr probar que decisiones como la de implementar un padrón en el que se tengan que revelar datos personales y sensibles de manera obligatoria es un eminente peligro para la democracia de México y sus ciudadanos, pues va en contra de la Constitución y los derechos ahí consagrados.

Lo anterior es visible al considerar que actualmente se ha frenado la implementación del PANAUT debido a temas presupuestales determinadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su Controversia Constitucional (71/2021), más no por temas de fondo como lo serían las violaciones a derechos humanos como el derecho a la verdad, el derecho de libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho de acceso a la información, el derecho a la educación y el derecho a la privacidad y anonimato.

Los amparos se han desestimado debido a que el PJ deja en claro que para que organizaciones o colectivos puedan defender los derechos es necesario que exista un interés legítimo2. Este interés se relaciona al que cualquier persona (física o moral) tiene para que un acto de una autoridad se amolde al texto de una ley y que, a partir de esta adecuación, se beneficie a la ciudadanía; además es necesario probar que existe un daño inminente, real, actual y cualificado.

Por otro lado, un interés jurídico3 es aquel derecho que le brinda la facultad a los ciudadanos para exigir el respeto y cumplimiento de un derecho tutelado a través de una acción judicial. Pero, el PJ no considera como existentes el interés legítimo ni jurídico dentro del objeto social de asociaciones defensoras de derechos humanos y por esta razón muchos de los juicios de amparo promovidos no llegan a surtir efecto.

Sin embargo, si a instituciones con el objetivo principal de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales se le limita el acceso a la justicia por el análisis o disyuntiva de conceptos como el de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, aunado al nulo reconocimiento dentro del objeto social de su interés legítimo o jurídico, resulta difícil defender los derechos humanos en el espacio digital. ¿Cómo es posible asegurar que el PJ va a proteger a sus ciudadanos y sus derechos fundamentales del PANAUT a través del juicio de amparo?

¿Nos otorgará el PJ a los ciudadanos la protección en contra del PANAUT y de muchas otras normas generales que vulneran nuestros derechos humanos? O continuará rezagando las solicitudes o dejando en indefensión a los ciudadanos que creíamos encontrar un Poder Judicial renovado con todo y cambios para que la justicia fuera pronta y expedita y se continuara protegiendo los derechos humanos ahora también el espacio digital.

* Priscilla Ruiz Guillén es coordinadora Legal de Derechos Digitales. Ricardo Rojas Ruiz servicio social en el Programa Derechos Digitales para @article19mex.

 

 

 

1 Leticia A. Manual para entender el juicio de amparo: teórico-práctico, Ciudad de México, México: Thomson Reuters;2018

2 Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956

3 Ídem.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.