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El “protocolo de impunidad” que adolece la prensa
Porque el efecto inhibidor de la inseguridad, de la zozobra y del miedo corroe el anhelo de realizar periodismo crítico, de notas que cuestionen de quienes están en el poder o decisiones que afectan el interés público.
Por Artículo 19
1 de marzo, 2019
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Por: Gabriela Castillo

“No pedimos venganza, queremos justicia”, fueron las palabras de Jorge Sánchez el 25 de febrero en el Centro De Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la presentación del informe especial de ARTICLE 19 “Protocolo de impunidad en delitos cometidos contra periodistas”.

Este informe contiene el análisis de seis casos en que se cometieron delitos contra periodistas, como castigo al ejercicio de su libertad de expresión. Los capítulos contienen las historias de persecución de justicia de Pedro Canché, Aldo Sotelo, Alejandra Rodríguez y el portal SinEmbargo, así como de los familiares de los periodistas asesinados Moisés Sánchez y Rubén Espinosa. Historias que comparten la indignación de quienes figuran en el lacerante índice de impunidad de 99.13% de la FEADLE.

El “protocolo de impunidad” resulta del análisis cualitativo de los casos, de la revisión y seguimiento de los mismos. El análisis da voz a los expedientes contienen el ideal frustrado de justicia para quienes ejercieron su libertad de expresión y fueron castigados por ello. La lista de periodistas agredidos desfila por las cifras de la FEADLE, y Fiscalías locales, en que se confunden la inactividad intencionada con la negligencia, lo mismo pasa con las diligencias que arman las carpetas de investigación.

Entre el mal funcionamiento de un sistema anquilosado, malas prácticas dentro de las propias fiscalías como sobornos a servidores públicos, peritajes hechos a modo, fabricación de expedientes para imputar delitos inexistentes con mayor premura que para investigar delitos actuales y reales, se suman al control del poder político por encima del acceso a la justicia. Pareciera que pesa más el apellido de quien figura como principal sospechoso, que el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos.

¿Qué encontramos como patrón sistemático?

Descalificación de la labor periodística y estigmatización de las víctimas como primer paso, generalmente mediático, “El lamentable hecho no tiene relación con su labor periodística, además la víctima se encontraba en (inserte lugar, hora, condición física, emocional o cualquier condición generalmente “moralmente” reprobable) pero aun así agotaremos todas las líneas de investigación” es comúnmente leído/escuchado en partes oficiales de Procuradurías o Fiscalías al enterarse de hechos que violenten la libre expresión de las y los periodistas.

Superando el primer filtro, el inicio de la averiguación o carpeta, según el caso, sigue la ausencia de análisis de contexto. No importa en qué lugar ni cuántas veces te hayan amenazado, el clima de inseguridad, de agresiones a colegas periodistas o si se generó el desplazamiento forzado interno a partir de la agresión, no se analizará, en el mejor de los casos, la investigación se llenará de hojas sin impacto real en la procuración de justicia.

En ocasiones un mismo caso genera la apertura de dos investigaciones en distintos ámbitos de competencia, es decir a nivel local y nivel federal. A primera vista, esto tendría que generar mayor impacto en el desarrollo del caso, porque hay más manos trabajando, sin embargo, no hay coordinación ni colaboración entre las autoridades y terminan por convertirse en un ping pon de negligencia y de retrasos injustificados para el acceso a la justicia, por el contrario, potencian la revictimización, exigiendo repetir diligencias.

El siguiente punto en la lista es la falta de claridad y objetividad de la atracción de casos a la Fiscalía Especial, puesto que se ha negado a retomar las investigaciones bajo la descalificación de la labor periodística: “no estaba ejerciendo su actividad cuándo pasaron los hechos” o “no era periodista, era más bien taxista que escribía”, frases que también abonan a la estigmatización de las víctimas y en ocasiones a la criminalización.

Paso siguiente: presentación de “los responsables” por parte de las Procuradurías o Fiscalías. Este paso tiene por objeto reducir públicamente el impacto social negativo de no ponerle rostro a las personas realizan los actos, y, generalmente significa para los órganos de investigación que el caso en cuestión se encuentra “esclarecido”. Poco se habla del endeble sustento con el que se sostienen las acusaciones o los métodos por los cuales se extraen de los responsables, versiones que serán sustento de toda la investigación, las incriminaciones y versiones unívocas son el sustituto perfecto de investigaciones serias.

El último requisito es el de realizar la investigación sin miras a que esta llegue a un fin, sin una guía que permita saber qué sigue, qué se quiere investigar o tan siquiera de dónde partir. En otras palabras, sin un plan de investigación que permitan un hilo secuencial de diligencias que arrojen resultados importantes.

Pero ¿por qué habríamos de poner atención en la impunidad a los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de su labor? ¿Por qué diferenciarlos del resto de los delitos cometidos?

Porque la violencia es diferenciada y las consecuencias son distintas. La impunidad, el amedrentamiento, el castigo, la tortura, las intimidaciones generan un ambiente de autocensura que redunda en desinformación. Porque el efecto inhibidor de la inseguridad, de la zozobra y del miedo corroe el anhelo de realizar periodismo crítico, de notas que cuestionen de quienes están en el poder o decisiones que afectan el interés público.

Porque son los periodistas los ojos y oídos de la sociedad, como lo sostiene Aldo Sotelo, son catalizadores de todas las ideas que convergen en la sociedad, como afirmó Alejandra Rodríguez.

Que no haya justicia para las y los periodistasla no es un problema menor, permite que se repitan los actos y limita el flujo de la información, impide la formación de opiniones sobre nuestro entorno y reflexiones para cambiarlo.

La impunidad en delitos cometidos contra periodistas debería ocuparnos, como dijo Canché. Debería tener prioridad en la agenda de la nueva Fiscalía General de la República, para trazar el camino de la verdadera transformación.

 

* Gabriela Castillo es investigadora del Programa de Protección y Defensa de @Article19mex.

 

 

Facultad constitucional a partir del artículo 73 fracción XXI

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