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En México todos los días son de impunidad
Tan sólo en 2014, ARTICLE 19 ha documentado 222 agresiones contra la prensa, todas impunes. El panorama de violencia contra la prensa exhibe la pobre democracia en nuestro país.
Por Artículo 19
3 de noviembre, 2014
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Por: Iván Baez (@IvanABD) y Juan Vázqez (@dicejuanque)

El pasado 2 de noviembre se conmemoró el primer Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, decretado así por la UNESCO. En México este día nos recuerda que para los periodistas agredidos no existe acceso a la justicia.

El viernes 4 de enero de 2013, la periodista Carmen Olsen fue agredida por la policía de Playas de Rosarito. El supuesto crimen fue documentar el abuso de poder por parte de autoridades en el estado fronterizo con Estados Unidos. A pesar de la evidencia recogida -fotografías, video, exámenes médicos, declaraciones de testigos e incluso contradicciones en las declaraciones de los agresores- Carmen Olsen aún no obtiene justicia.

Carmen Olsen

Carmen Olsen

La periodista no sólo fue víctima de golpes, amenazas y la privación arbitraria de su libertad, además se le inicio un proceso criminal por supuestos ultrajes a la autoridad, ya que los policías que la agredieron la acusaron de ofenderlos verbalmente y por tal motivo aseguran debe ir a prisión.

ARTICLE 19 ha documentado en 2014 que el 43% de las agresiones contra la prensa son cometidas por autoridades.

Olsen era una periodista “madrugadora” y “rotaria”. Su trabajo lo hacía especialmente por la mañana recorriendo las calles de la ciudad de Rosarito. Lamentablemente, las lesiones físicas y emocionales que los policías le ocasionaron la alejaron por meses del periodismo.

Un atentado contra un periodista es un atentado contra la sociedad. El efecto que provoca la violencia contra la prensa es profundo porque vulnera el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía.

En enero del 2013, la periodista inició un proceso criminal en contra de los policías y autoridades que la violentaron. Sin embargo, por un mal cálculo, la Procuraduría del estado de Baja Califonia presentó erróneamente su caso en abril del mismo año, por esta razón el proceso sigue en espera de dar verdad, justicia y reparación del daño. La omisión de las instituciones en su deber de proteger los derechos de Olsen hace que el caso perfile a llegar a organismos internacionales para contrarrestar la impunidad prevaleciente.

Asimismo, se solicitó protección al Mecanismo de protección a periodistas (Mecanismo) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar más agresiones contra la periodista, tanto por su labor informativa como por su proceso de búsqueda de justicia. No obstante, a la fecha no se cuenta con un esquema de seguridad efectivo que se ajuste a la evaluación de riesgo que el mismo gobierno realizó. Desde ese 4 de enero de 2013, Olsen ha sufrido amenazas, golpes, robos, campañas de desprestigio, limitaciones para la cobertura periodística e incluso ha sido criminalizada por su labor ya que también fue acusada de difamación –contrario a los compromisos del Estado mexicano para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

A pesar de que las autoridades del estado de Baja California se comprometieron ante la Secretaría de Gobernación y la CNDH de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, hasta la fecha no han cumplido. Prometieron derogar los delitos contra el honor, pero impusieron condiciones para hacerlo, sujetando una vez más los derechos humanos a los intereses políticos.

En México los derechos humanos se encuentran institucionalizados. El gobierno federal utiliza al Mecanismo, a la CNDH y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para afirmar en discursos ambiguos que en el país existe total garantía de los derechos de los ciudadanos. Estos organismos se reducen a instrumentos para la presunción de resultados de los funcionarios.

El caso de Carmen Olsen es un ejemplo evidente de la falta de una investigación adecuada que permita enjuiciar a los responsables ante una autoridad independiente, que resuelva el caso sancionando a los responsables y garantice la reparación del daño. Es decir, Carmen Olsen es parte de ese 99.9% de periodistas que siguen esperando verdad y justicia.

Desde 2000, 82 periodistas han sido asesinados en posible relación con su trabajo. La gran mayoría permanecen impunes. Tan sólo en 2014, ARTICLE 19 ha documentado 222 agresiones contra la prensa, todas impunes. El panorama de violencia contra la prensa exhibe la pobre democracia en nuestro país.

Las agresiones contra periodistas y comunicadores deberían resolverse con urgencia y así dar justicia, pero la impunidad prevaleciente permite que las cifras sigan creciendo y la indefensión de la prensa se afiance en nuestra sociedad.

El pasado 2 de noviembre se cumplieron 10 años del asesinato de José Bladimir Antuna quien fuera reportero de la fuente policiaca del diario Tiempo de Durango.

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