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Por Artículo 19
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Entre Murillo Karam, Andrade y la vigilancia ciudadana
Los ciudadanos perciben que nuestra tarea democrática se agota al momento de elegir a nuestros representantes, y no somos conscientes de la acción vigilante que debemos mantener cuando los seleccionados disponen de sus puestos para colocar perfiles que no cumplen con las exigencias de un país, que con mucho mérito ha construido un sistema de pesos y contrapesos constitucionales.
Por Artículo 19
2 de septiembre, 2016
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Por: Ricardo Luévano (@rickluev)

Una designación se refiere al proceso en el que uno o varios de los poderes del Estado eligen a una persona para ejercer un cargo dentro de la administración pública. Es importante resaltarlo, porque las y los ciudadanos perciben que nuestra tarea democrática se agota al momento de elegir a nuestros representantes, y no somos conscientes de la acción vigilante que debemos mantener cuando los seleccionados disponen de sus puestos para colocar perfiles que no cumplen con las exigencias de un país que con mucho mérito ha construido un sistema de pesos y contrapesos Constitucionales.

Cada periodo votamos al presidente de la República, los senadores, los diputados, los gobernadores o al jefe de gobierno, sin embargo, perdemos la vigilancia y el control de estos personajes a menos que nos enteremos de sus acciones a través de las notas periodísticas o de un video que señala su omisión del mandato o su impune actuación en casos de corrupción o abuso de poder. Es ahí donde las redes sociales ejercen mecanismos indirectos de control, pero que generalmente atesoran la frustración de la inacción para la aplicación de la Ley.

La sátira se cuenta sola, ya que esos representantes designan a las personas que intentan “mover a México”. Por ejemplo, estos votados por nosotros designaron al ministro de la SCJN, Medina Mora; al exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; o al ex procurador Jesús Murillo Karam. Hay que reencausar el argumento, una designación es un acto con el mismo valor democrático que el voto, porque la falta de vigilancia ciudadana en estos puestos hace flexible el Estado de derecho por medio de las excepciones a la Ley que se manifiestan en la protección del sistema de partidos, sin condenas o sanciones.

Los representantes generalmente se reparten estos puestos como juegos de estrategia entre partidos, y son pocos los y las notables ciudadanas que alcanzan a incorporarse a estos espacios, ya que el filtro de la representación impide que decidamos por ellos, incluso desconocemos los criterios por medio de los cuales definen quienes son las personas idóneas para integrar estos altos cargos.

Por supuesto que hay designaciones más acomodadas que otras; algunas siguen siendo un simple dedazo del ejecutivo, un voto a media noche de los diputados, o un acuerdo a puerta cerrada de los senadores, pero la sociedad civil mexicana está decidida a impedir que estos espacios se integren por los amigos y servidores de los partidos. Frente a esta coyuntura de hartazgos, desde hace unos días varias organizaciones de la sociedad civil de la comunidad de práctica de anticorrupción, transparencia y derechos humanos, junto con la COPARMEX reimpulsamos la campaña #VamosPorMás, que vigilará diferentes designaciones prioritarias para nuestro país.

La primera designación que vigilaremos es la de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas siete personas designadas por el Senado, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declararán la victoria de las próximas elecciones presidenciales en el 2018, ya que resuelven cualquier controversia en la materia. Incluso tienen la última palabra sobre el cómputo final y declararán al nuevo mandatario representante del Ejecutivo. ¿Qué pasa si estas siete personas son beneficiarias de un solo partido?

No menos importante será la designación de la o el Procurador General de la República quien tiene funciones sobresalientes en la procuración de justicia. Cómo olvidar la recaptura del chapo Guzmán por medio de la investigación mediática de Areli Gómez o el #YaMeCansé de Murillo frente a la desaparición de los 43. Esta institución se convertirá en Fiscalía General de la República a fin de que la justicia quede facultada en manos de una dependencia de gobierno que investigará los delitos de forma autónoma y sin el consentimiento del Ejecutivo, lo que significa blindarla de cualquier interés político. La reforma político electoral estableció en la Constitución que esta Fiscalía se integrará por una fiscalía de delitos electorales y otra que atenderá actos de corrupción.

Al respecto, la tercera designación de la que deberemos ocuparnos como colectivo será la de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ya que se encargará de perseguir a cualquier funcionario público en los órdenes estatal y municipal involucrados en actos de corrupción. Gran tarea. Incluso podrá solicitar a las instituciones bancarias información sobre movimientos sospechoso o pedirles a otros países que le brinden información sobre los funcionarios mexicanos.

Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción también se encuentra de manera sobresaliente la Secretaria de la Función Pública. Aunque Virgilio Andrade renunció hace unas semanas, el mandato de esta institución exige que vigile y sancione cualquier acto de irresponsabilidad de un funcionario público, que coordine las auditorias sobre el gasto de los recursos federales y que reconozca la política de compras públicas de la Federación. Su designación no puede suceder a puerta cerrada frente a los jardines de cualquier casita blanca.

Por último, se definirá en un proceso más complicado, la designación de cinco ciudadanos o ciudadanas que formarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Este Comité tendrá una labor sin precedentes: representar a la ciudadanía en uno de los proyectos más ambiciosos que se han construido para limitar los actos de corrupción de los servidores públicos en la historia de México. Este Comité elaborará el programa de trabajo anual; realizará y propondrá políticas nacionales en la materia, y generará proyectos para mejorar los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja, entre muchas otras acciones.

La observación ciudadana de los procesos de designación es tan relevante como el ejercicio del voto, la manifestación pública o la generación de un amparo, porque son derechos humanos considerados mecanismos de control, justicia y rendición de cuentas ante acciones de gobierno que afectan a municipios, estados o al país entero. Desde la plataforma de designaciones.org y con el apoyo de una amplia comunidad de práctica de más de cien organizaciones, mantendremos informada a la ciudadanía, con la exigencia de garantizar acciones civiles para limitar las características costumbres sobre las que se soporta su incansable impunidad.

 

@article19mex

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