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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
"Estábamos mejor cuando estábamos peor"
Los medios críticos al gobierno morenovallista padecen el hostigamiento constante y sutil. Esos mismos medios que en los últimos días han sido un contrapeso informativo a la versión oficial sobre los hechos de Chalchihuapan.
Por Artículo 19
22 de agosto, 2014
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Por: Marcela Zendejas (@marcezendejas) y Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

La libertad de expresión en el estado de Puebla se encuentra empantanada. Una sucesión de hechos lamentables desde que el gobernador Rafael Moreno Valle asumió el poder pone en tela juicio la vigencia de este derecho humano, y en general, la posibilidad de un avance democrático en la entidad.

Quizás el evento más escandaloso que comenzó a desnudar el talante autoritario del joven gobernador fue la detención de Eduardo, Iván y Néstor. Los tres jóvenes fueron acusados de terrorismo por tener el “atrevimiento” de convocar a una manifestación el 5 de mayo del 2013 contra el presidente Enrique Peña Nieto. La captura la ejecutaron policías estatales vestidos de civil, mismos que después torturaron a los activistas. Permanecieron tres días en prisión y fueron puestos en libertad debido a la presión ejercida por la sociedad civil organizada e indignada.

El escenario ha ido agravándose con el tiempo.

En abril del 2014, la señora Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y opositora a la construcción al gaseoducto “Morales” que pasaría por la zona del volcán Popocatépetl y por 22 comunidades poblanas, fue detenida por policías estatales. El argumento del gobierno: el robo de dos celulares. A pesar de que varias organizaciones de derechos humanos y voces de la sociedad civil afirman que se trata de la fabricación de un delito y de que nunca se mostró una orden de aprehensión en su contra, la defensora de derechos humanos podría enfrentar una condena de hasta nueve años de cárcel.

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El caso más reciente es el de San Bernardino Chalchihuapan, comunidad ubicada a 20 minutos de la capital poblana. Amparado en la aprobación de la Ley Bala promovida por Moreno Valle, el operativo policiaco comandando por Facundo Rosas se cobró la primera vida, la de José Luis Alberto TehuatlieTamayo de 13 años de edad.

Javier Montes, Presidente de la Junta Auxiliar de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, en el Foro “Pensar, decir y manifestarse” organizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla el pasado 14 de Agosto, afirmó que las personas de su comunidad se manifestaron en respuesta a la reforma legal que anulaba a las Juntas auxiliares de las comunidades poblanas las facultades de registro civil.

El argumento de Javier Montes es contundente: “¿Cómo le explico a mi gente que ya no van a poder registrar a sus hijos en el pueblo en donde han vivido toda su vida? Se trata de algo mucho más profundo de lo que se ha visto en los medios, se trata de negarle el derecho de existir a un pueblo.”

Mientras que el país entero fue testigo de las imágenes de la brutalidad con la que la policía del estado de Puebla cargó contra ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, las autoridades poblanas argumentan que el niño murió a causa de “una onda expansiva de un cohetón de un grupo distinto a la policía estatal y a los manifestantes.” La inexistencia de protocolos de actuación por parte de las fuerzas policiales se hace evidente en este operativo y es simplemente inexcusable.

La respuesta del gobierno: “nosotros no fuimos, fueron infiltrados”. La teoría de la conspiración, reciclada del discurso más paranoico de la guerra fría, “fueron grupos anarquistas, subversivos”. Y en una de esas, hasta milicias chiítas o combatientes de Hamas.

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La prensa también padece el embate del gober “bala”. La última agresión tuvo lugar el 18 de agosto de este año. Se trata del robo a la casa del caricaturista del Diario Cambio, Elmer Sosa. Los responsables sustrajeron tres computadoras, dos de Sosa y una de su esposa, así como dos memorias portátiles donde el caricaturista tenía resguardado su trabajo de 10 años. Le antecede el ataque cibernético al portal de Diario Cambio sucedido apenas el 31 de julio y el allanamiento a la casa del director de Poblanerías.com.

Los medios críticos al gobierno morenovallista padecen el hostigamiento constante y sutil. Esos mismos medios que en los últimos días han sido un contrapeso informativo a la versión oficial sobre los hechos de Chalchihuapan. Del otro lado, el erario público es canalizado a medios afines para maquillar la maltrecha imagen del gobernador. Más se invierte en apuntalar la mentira oficial que en investigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.

Aunado a todo esto, no se puede dejar de lado la cercana relación que existe entre el gobernador Moreno Valle y el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia. Y es que mientras organizaciones de la sociedad civil reunidas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta le exigieron a Plascencia que se pronunciara en contra de la Ley Bala y hoy hacen la exigencia para que el gobierno de Puebla otorgue justicia y reparación del daño a las víctimas de Chalchihuapan, el Ombudsman no pestañea en recibir premios, reconocimientos y hasta inaugura auditorios con su nombre en la capital poblana.

ombudsman bala

La hipócrita visita de Plascencia a Chalchihuapan el 21 de agosto, solamente corrobora que su agenda personal predomina sobre la defensa de la sociedad. Quienes escribimos estas líneas fuimos testigos del vodevil: la foto con Elia Tamayo, madre del fallecido infante José Luis; las declaraciones tardías condenando su muerte; el señalamiento contra Facundo Rosas. No podía faltar la defensa de sí mismo, “la Ley Bala es una copia de los instrumentos de la ONU en materia de uso de la fuerza”. La grosera utilización política de la desgracia de un pueblo que ve en la CNDH el último reducto para acceder a la justicia.

El contexto que se vive hoy en Puebla es sin duda de los más adversos en todo el país respecto al ejercicio de la libertad de expresión y el libre flujo de información. “Mínimo con Marín podíamos salir a las calles y decir que El gober precioso era un pederasta”afirmaMisraim Hernández, politólogo y activista en Puebla, hablando de la época previa a Moreno Valle. “Definitivamente estábamos mejor cuando estábamos peor”.

Además de las agresiones contra comunicadores, en lo que va de la actual administración, sabemos que hay más de 30 presos políticos quienes han sido detenidos por resistir a megaproyectos y cuestionar al gobierno actual.

Las voces disidentes son insoportables en Puebla. Tal parece que el gobernador se ha dedicado a mandar un mensaje claro: en Puebla no hay cabida para la disidencia y quien se atreva asumirá las consecuencias. Eso sí, para lo que si hay cabida y espacio de sobra en Puebla, es para la rueda de la fortuna “más grande del mundo” y otras obras faraónicas que pretenden construir su candidatura presidencial para 2018.

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