Gobierno de Cuba enfrenta un nuevo cuestionamiento de las Relatorías de la ONU por normativa violatoria a derechos humanos - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Gobierno de Cuba enfrenta un nuevo cuestionamiento de las Relatorías de la ONU por normativa violatoria a derechos humanos
El Decreto-Ley 35 exige a los proveedores de telecomunicaciones brindar “facilidades técnicas y los servicios que requieran” a los organismos de la Seguridad del Estado y “la información que determine” el Ministerio de Comunicaciones, por lo que atenta contra el acceso a internet, la libertad de expresión en redes sociales, el derecho a la información, el derecho a la protesta en línea, el derecho de reunión y asociación online y a la privacidad y seguridad en internet.
Por Artículo 19
1 de noviembre, 2021
Comparte

En nuestro Altoparlante de la semana pasada compartíamos con ustedes detalles de la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba”, en la cual familiares, defensores, artistas y organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de prácticas que en su conjunto constituyen patrones sistemáticos de violación a los derechos de las y los ciudadanos cubanos, en particular, quienes participaron en las protestas del 11 de julio pasado.

Un día antes de la Audiencia, es decir el 20 de octubre, los mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, recomendaron a las autoridades cubanas que modifiquen las disposiciones del Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico (Decreto-Ley 35).

La coincidencia no es menor, estamos hablando de dos sistemas de protección de derechos humanos, el internacional y el interamericano, y si revisamos tanto lo sucedido en la Audiencia como en el documento de las Relatorías, encontraremos preocupaciones comunes respecto a que el Decreto-Ley 35 pueda socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos.

Eso sin olvidar que, incluso el mismo día en que Díaz-Canel estaba de visita en México, el Parlamento Europeo aprobaba una condena a su país por la represión del gobierno a la ciudadanía cubana en las protestas de julio.

Ya en junio de 2020, tanto organizaciones como medios de comunicación habían dado a conocer la petición presentada ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para declarar inconstitucional el Decreto-Ley 370 de 2019 pues atenta contra la libertad de expresión y de prensa, y tipifica delitos menores asociados con la actividad de difusión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, que lógicamente representan al propio Estado.1 Sin embargo, dichas peticiones no tuvieron eco y, por el contrario, la disposición fue aplicada para sancionar a quienes difundían información no autorizada por el Estado.

El 17 de agosto de 2021, el gobierno de Cuba publicó el Decreto-Ley 35 y otras disposiciones jurídicas para regular el uso de las telecomunicaciones y la respuesta nacional ante “incidentes de ciberseguridad”.

La legislación tipifica delitos sujetos a una acción penal en el entorno digital como “divulgación de noticias falsas”, “mensajes ofensivos”, “difusión dañina”, contenidos que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público” o “difamación con impacto en el prestigio del país”.

El Decreto-Ley 35 exige a los proveedores de telecomunicaciones brindar “facilidades técnicas y los servicios que requieran” a los organismos de la Seguridad del Estado y “la información que determine” el Ministerio de Comunicaciones, por lo que atenta contra el acceso a internet, la libertad de expresión en redes sociales, el derecho a la información, el derecho a la protesta en línea, el derecho de reunión y asociación online y a la privacidad y seguridad en internet. Además de que sanciona en particular a periodistas, artistas y activistas y a todas aquellas personas que publiquen contenidos (memes, críticas, denuncias, información, noticias) que cuestionen o expresen descontento con el gobierno. 

A pesar de ello, hay quienes afirman todo lo contrario. Por ejemplo, Yuliesky Amador, profesor de derecho constitucional, declaró al portal de noticias Cuba.cu que el objetivo de la nueva normativa ha sido tergiversado por las mismas personas que usan las redes sociales para implementar campañas de subversión contra el Gobierno de la isla.2

Incluso afirmó que la publicación y entrada en vigor de la normativa nada tiene que ver con los sucesos del pasado 11 de julio, fecha en la que se registraron protestas públicas en más de 50 localidades en el territorio cubano frente a las cuales el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, realizaron un operativo represivo que dejó como saldo a más de  1,130 personas detenidas, de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad.3

Pero el Decreto-Ley 35 es inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos en internet, al reforzar la vigilancia sobre los contenidos en línea y amenazar la privacidad de las personas usuarias. Así lo confirman las Relatorías mencionadas al recomendar al régimen su modificación en apego al respeto de esos estándares.4

La carta de las Relatorías recomienda a las autoridades cubanas que las disposiciones del “Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico” sean modificadas “con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Además, recomiendan que el Consejo de Derechos Humanos condene «inequívocamente las medidas cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos» y exhortan «a todos los Estados a que se abstengan de adoptar estas medidas, o cesen de aplicarlas” (A/HRC/RES/32/13).

Será importante observar la respuesta del gobierno cubano ante estas observaciones de los sistemas de derechos humanos, sobre todo a la luz de la movilización anunciada para el próximo 15 de Noviembre, dada su acostumbrada falta de observancia a las recomendaciones internacionales, y su creciente práctica autoritaria que impide cualquier ejercicio de derechos.

@article19mex

 

1 Para mayor referencia del tema, remitirse a este enlace.

2 Disponible aquí.

3 Ver el monitoreo de la represión de Cubalex, en su corte del 26 de octubre aquí.

4 Ver documento aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.