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El gobierno, obligado a transparentar vigilancia ilegal
Como el gobierno mexicano no tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo, debe conformarse un Grupo Internacional de Expertos Independientes que analice el espionaje de manera paralela a las investigaciones locales.
Por Artículo 19
26 de junio, 2017
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Por: Carlos Dorantes (@doross)

Los casos de vigilancia ilegal focalizada dirigida a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México han planteado interrogantes que requieren respuesta. No sólo es necesaria una investigación que lleve a la rendición de cuentas, también debe haber un proceso de apertura de información que permita conocer qué instituciones hicieron esta práctica ilegal, cuánto se gasta en esta tecnología, qué información se obtuvo y qué se hizo con la información. Los organismos garantes de transparencia tienen un rol fundamental que jugar en este proceso.

La investigación #GobiernoEspía, publicada el 19 de junio de 2017 por ARTICLE 19, Social Tic y R3D, así como la consecuente nota del periódico The New York Times, “Somos los nuevos enemigos del estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, no había generado mayor respuesta por parte de las autoridades mexicanas a excepción de una carta dirigida a la redacción del periódico estadounidense, en la que Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, deslinda al gobierno federal de las acusaciones de vigilancia focalizada.

Fue hasta cuatro días después, el jueves 22 de junio, que el presidente Enrique Peña Nieto hizo una serie de declaraciones marginales al final de un discurso y evento dedicados a otro tema. Las declaraciones fueron contundentes y alarmantes, pues condenan al fracaso la investigación judicial antes de iniciar, normaliza la vigilancia al señalar que “Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados” y, además, espera que “[…] el amparo de la ley pueda aplicarse contra aquéllos que han levantado estos falsos”. De esta manera, una investigación de meses construida por sociedad civil quedó reducida a falsos y con un mensaje en contra de quienes documentaron consistentemente esta práctica ilegal: en México “somos los nuevos enemigos del Estado”, dijo Juan Pardinas, víctima de vigilancia.

Ahora bien, el factor que nos interesa analizar en este texto es el conocimiento de la verdad de los hechos por parte de la sociedad mexicana, en específico, a partir del acceso a información. En dicho discurso, el presidente afirma que efectivamente se adquirió tecnología de inteligencia “para generar condiciones de seguridad de los mexicanos”. Aunado a esto, al haber señalamientos serios por parte de investigaciones independientes, surgen interrogantes que apuntan a conocer los contratos celebrados entre el gobierno mexicano y las empresas que produjeron los programas de vigilancia, los montos utilizados y tantas otras preguntas que se puedan ir derivando.

En primer lugar, es fundamental señalar que la vigilancia, tal como lo indican los Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que “tanto a nivel regional como universal se reconoce que las prácticas de vigilancia y la intercepción y recopilación ilícita o arbitraria de datos personales no sólo afectan el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión sino que también pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática“. Es en este sentido que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al condenar el “espionaje digital y acoso” y señaló que hay una serie de medidas internacionales esenciales para evitar injerencias e intervenciones ilegales. Exhortó a señalar qué instituciones cuentan con estos recursos tecnológicos y llamó a los responsables a rendir cuentas.

Es es evidente que se trata de un tema que importa a la sociedad mexicana y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, además de sus atribuciones para proteger la privacidad, está obligado a determinar si existe interés público para abrir dicha información una vez deba resolver recursos de intervención en la materia. De entrada, se podría señalar que en estos casos, a pesar de las reservas de información que se puedan invocar, hay tres elementos fundamentales que interesan a la sociedad mexicana: 1) recursos públicos son utilizados para cometer actos ilegales, 2) la vigilancia focalizada se realizó sin orden de un Juez Penal Federal, 3) la obtención engañosa de datos personales por parte de las autoridades constituye una violación de derechos humanos, 4) los efectos de miedo e incertidumbre que produce la vigilancia, inhiben la labor periodística y la defensa de derechos humanos de quienes buscan garantizar los derechos de otras personas.

 

De acuerdo con las obligaciones de transparencia de PGR en el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados se señala escuetamente la reserva de contratos por razones de Seguridad Nacional del 5 de julio de 2016 y culmina, tras cinco años, en julio de 2021. Sin embargo, el artículo 101 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) es muy claro: cuando “Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información.” esta información debe abrirse. El pleno del INAI tiene un rol fundamental que jugar como organismo garante en este proceso para determinar el interés público de dicha información.

En este sentido, el Consejo Consultivo del INAI integrado por ciudadanos emitió un comunicado el mismo 19 de junio, donde afirma que las acusaciones implican una violación a derechos humanos debido a “[…] la obtención de datos personales por medios engañosos.” Por ello, hace un llamado a que el gobierno mexicano haga una investigación pormenorizada y afirma que “[…] es una atribución del INAI vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones que garantizan la protección de datos personales de las y los mexicanos y, por tanto, quedamos atentos a las disposiciones que a este respecto tome el instituto”.

Hasta ahora más de 200 organizaciones latinoamericanas se sumaron a la exigencia de rendición de cuentas. Es necesario que las autoridades competentes llamen a la apertura de la información que lleve al conocimiento de la verdad de los hechos y dé pie a responder preguntas que la sociedad se está planteando. Por lo pronto, hay muestras de que el gobierno mexicano no tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo, y es por ello que las organizaciones han llamado a la necesidad de la conformación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes que analice el caso de manera paralela a las investigaciones locales. Éste es un momento clave en el que se determinará la autonomía y capacidad de nuestras instituciones en materia de transparencia y si la protección de datos personales es un derecho que se garantiza en todos los casos.

#GobiernoEspía by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

 

* Carlos Dorantes es Oficial Adjunto del Programa de Derecho a la Información en ARTICLE 19.

 

@article19mex

 

 

 

    Solamente se puede realizar vigilancia o intervención de telecomunicaciones si media una orden de Juez Federal Penal Especializado. El artículo 16 Constitucional limita la intervención de comunicaciones privadas. Para un análisis a profundidad ver el informe El Estado de la vigilancia fuera de control de R3D.

    Esto incluye una prueba de interés público con base en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que se emite tras resolver el recurso de revisión correspondiente. (LGTAIP, art.. 149).

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