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Internet: el proyecto más importante del sexenio
La única forma de robustecer los derechos fundamentales de los que gozamos los mexicanos es mediante la rendición de cuentas para lograr el adecuado uso de los recursos del Estado. Sólo así podremos gozar de un fortalecido estado de derecho.
Por Artículo 19
9 de septiembre, 2016
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Por: Miguel Guevara (@miguelguevaraii)

En años recientes ha quedado de manifiesto la gran importancia que tiene Internet como habilitador de derechos. Sin embargo, la promesa de internet sólo se puede materializar si toda la población tiene acceso a este servicio. En México, los sectores más desfavorecidos no cuentan con acceso a internet ya sea por falta de cobertura o por altos precios.

Una de las razones por las que en México el acceso a internet se concentra en los deciles de mayor ingreso se debe a un diseño tropicalizado de políticas públicas. Hoy en día es posible proporcionar internet a grandes áreas geográficas a través del espectro radioeléctrico. En México el espectro ha sido históricamente asignado a operadores privados bajo esquemas de subasta de diseño anglosajón. Estos esquemas derivan en altos costos del espectro radioeléctrico que incentivan la cobertura e inversión en áreas de alto poder adquisitivo, dejando fuera a las regiones más lejanas del país y las de menores ingresos.

Para corregir esto, la reforma constitucional en telecomunicaciones del 2013 planteaba la creación de un operador mayorista de segundo nivel. La idea detrás de este operador es sencilla: eliminar las subastas que derivan en altos costos del espectro y asignar el espectro a un operador con obligaciones de cobertura. El esquema es innovador por diferentes razones. En primer lugar, le permite a los operadores disponer de capital para el despliegue de infraestructura en zonas que pueden no ser tan rentables o de difícil acceso. En segundo lugar, el modelo constitucional de asignación de 90 MHz en la banda de 700 MHz le permite a los operadores producir gigabytes a un costo más competitivo que cualquier otro operador en el mercado. Así se incrementaría drásticamente la competencia y los precios bajarían.

Este es, sin duda el proyecto de telecomunicaciones más importante en la historia del país y probablemente del mundo. Nunca antes se ha intentado crear una red abierta y compartida de tal magnitud y extensión. No es una exageración compararlo con el programa de infraestructura carretera de los Estados Unidos del siglo pasado que detonó la competitividad en el país vecino. Internet es al siglo XXI lo que las carreteras fueron al siglo XX. Finalmente, nunca había sido tan urgente dotar de conectividad a la población de menores ingresos.

Lo anterior podría parecer evidente, sin embargo no es trivial. Más allá de los trillados beneficios económicos que pueden venir acompañados del acceso a internet, hoy internet es fundamental para el ejercicio de derechos políticos, para la protección de derechos humanos y para la rendición de cuentas.

Por dar un ejemplo, Artículo 19 realizó una investigación con grupos de mujeres indígenas marginadas en los estados de Chiapas y Tabasco. Durante el estudio se le mostró a las participantes cómo realizar solicitudes de información gubernamental por medio de internet. Mediante este ejercicio, las habitantes de las comunidades en donde se realizó el estudio descubrieron que estaban en padrones de beneficiencia gubernamental, sin embargo, ninguna de ellas recibía los apoyos.

Este ejemplo es sumamente importante en el contexto actual de la democracia mexicana. La única forma de robustecer los derechos fundamentales de los que gozamos los mexicanos es mediante la rendición de cuentas para lograr el adecuado uso de los recursos del Estado. Sólo así podremos gozar de un fortalecido estado de derecho.

Es por lo anterior que el proyecto de la red compartida tiene una importancia mayor. El calendario propuesto en la reforma constitucional establecía que los primeros despliegues de la red deberían de comenzar a más tardar a finales del 2014 y que entraría en operación antes de que concluya el 2018. Hasta ahora, el proceso de asignación ha sufrido múltiples retrasos y el primer hito no ha sido cumplido.

Hace unos días, el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz, expresó que hay confianza por parte de los inversionistas para invertir en este magno proyecto. La secretaria tiene la obligación de asegurar que el proyecto se ejecute en los tiempos legales establecidos para no perder la confianza de los interesados y asegurar que las áreas más desfavorecidas del país tengan un mapa de ruta de acceso a la conectividad en internet.

Por parte de la sociedad civil, vale la pena, poner mucha atención en este proyecto y vigilar que los plazos legales se cumplan. Nuestro país no se puede dar el lujo de perder la oportunidad de darle acceso a internet a los millones que más lo necesitan.

 

@article19mex

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