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Investigar al Ejército, pieza clave para el 'nunca más'
Necesitamos que se investigue al Ejército por las violaciones cometidas en los años sesenta contra estudiantes organizadxs, en los setenta en Atoyac de Álvarez, por el caso de Martha Alicia Camacho, por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, por los 43 estudiantes y por tantos casos de violaciones graves a derechos humanos por las que aún no ha respondido como institución.
Por María De Vecchi Gerli
1 de octubre, 2019
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La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por elementos de diversos aparatos de seguridad con el conocimiento, al menos, del Ejército. Cuarenta y tres estudiantes fueron desaparecidos. Además de decenas de heridos, 6 personas fueron asesinadas, entre las que se contaban tres estudiantes. Este caso llamó la atención nacional e internacional. Muchos rincones del mundo se sumaron a la lucha de las madres y padres de Ayotzinapa. La exigencia era que, ya que los muchachos habían sido llevados con vida, se les regresara con vida.

A 5 años de estos hechos, los motivos del crimen, los perpetradores, los distintos niveles de responsabilidad de diversas instancias estatales y el contexto en que se dieron estos crímenes siguen aún sin conocerse. Y todavía más, seguimos sin tener la respuesta a dos preguntas fundamentales: ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? Y ¿cuál ha sido el papel del Ejército en este crimen?

Tres días antes del aniversario de la desaparición de los estudiantes, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien en 1977 fue detenida ilegalmente por agentes de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y llevada a la Novena Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, en donde fue torturada y dio a luz en condiciones de tortura y de violencia obstétrica, y a cuyo esposo el Estado ejecutó extrajudicialmente y aún hoy continúa desaparecido. Todos estos crímenes fueron cometidos durante la etapa de terrorismo de Estado de los años sesenta, setenta y ochenta. Martha luchó desde entonces por verdad y justicia con sus compañeras de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.

En la disculpa pública del Estado hacia Martha Camacho, la sobreviviente de tortura y desaparición forzada declaró que la SEDENA perdió una “gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución”. La SEDENA, en cuyas instalaciones Martha Camacho fue ilegalmente retenida y torturada, permaneció callada. Como lo ha hecho por décadas. En este hecho histórico, la SEDENA se ausentó, confirmando su imperante impunidad y falta de rendición de cuentas.

La línea de impunidad que ha caracterizado a las cientos de desapariciones cometidas por el Estado mexicano en las décadas del sesenta al ochenta, por lo menos, como una estrategia sistemática y generalizada, han llevado al país a la grave crisis de desapariciones donde según cifras oficiales del año pasado, al menos 40,000 personas permanecen desaparecidas. Esa línea de impunidad es constante pues no ha pasado un solo sexenio en que no se cometan desapariciones forzadas en el país. Y en esta línea de impunidad, una instancia fundamental a ser señalada como agente de las desapariciones es el Ejército mexicano. Tan impune hace cincuenta años como hoy. Tan poco transparente hace cincuenta años como hoy.

En este evento de disculpa pública se encontraban madres de Ayotzinapa, quienes llevan cinco años exigiendo que se investigue al Ejército, que se investigue su participación en los hechos de esos días y que de ser el caso, se castigue a quienes resulten responsables. A 42 años de la tortura, desaparición forzada y de las violaciones a derechos humanos cometidas contra ella y su familia, Martha Camacho señaló también al Ejército.

El gobierno ha declarado que se marcarán sitios de memoria en donde funcionaron cárceles clandestinas, incluyendo emblemáticos sitios como el Campo Militar Número Uno, que ha sido señalado por décadas por las Doñas del Comité Eureka y otras organizaciones por ser un sitio donde personas que estaban desaparecidas de manera forzada y fueron después liberadas, vieron con vida a otrxs que aún figuran en nuestras listas de personas desaparecidas, como Rafael Ramírez Duarte y Juan Chávez Hoyos, entre muchxs otrxs.

Marcar los espacios de la represión es fundamental para caminar hacia la verdad, pero como la disculpa ofrecida a Martha Camacho, que significa el reconocimiento de este gobierno de la violencia estatal cometida de manera generalizada y sistemática durante las décadas del terrorismo de Estado, estas acciones no serán suficientes si no van acompañadas de acciones de justicia y de una reparación integral que incluya como un elemento central las garantías de no repetición. Ya el Estado mexicano ofreció hace 8 años una disculpa pública por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en Guerrero en 1974 y ha fallado en que ésta sea parte de la garantía del derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Este evento, que se hizo sin las familias ni lxs peticionarixs, es un ejemplo de cómo una disculpa es sólo un punto de partida y debe seguirse de diversas acciones; es un ejemplo de lo que no debe volver a suceder.

En la disculpa pública a Martha Camacho se escuchó la consigna “ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables”. Para que en cuarenta años no digamos las mismas consignas, debe realmente cumplirse con el conocimiento del paradero de cada una de las personas desaparecidas y quienes llevaron a cabo estos crímenes deben ser castigados. Para llegar a la justicia, necesitamos verdad y para esto un paso fundamental es que la SEDENA sea una institución más transparente: un paso fundamental será la apertura de los archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos en los que se implicó por acción u omisión.

Para llegar al Nunca Más, así, con mayúsculas, necesitamos que se investigue al Ejército por las violaciones cometidas siguiendo órdenes en los años sesenta contra estudiantes organizadxs, en Atoyac de Álvarez en los años setenta, por el caso de Martha Alicia Camacho, por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, por el caso de los 43 estudiantes y por tantos casos de violaciones graves a derechos humanos por las que aún no ha respondido como institución. Como se leía en el video presentado en la disculpa pública del pasado 23 de septiembre por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado el caso de Martha Alicia, la diferencia entre el pasado y el futuro debe ser la justicia.

* María De Vecchi Gerli (@maria_devecchi) es Coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas en Article 19 Oficina para México y Centroamérica.

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