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Javier Duarte: otras cuentas pendientes
Otras cuentas pendientes tiene el ahora prófugo de la justicia, más allá de los escandalosos actos de corrupción que derivaron en desfalco del erario público. Veracruz presenta “un cuadro de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de torturas”, cuyo carácter es prácticamente estructural dada “la convivencia del delito con la autoridad, en distintas estructuras y distintos niveles”.
Por Artículo 19
21 de octubre, 2016
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Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

En los últimos días ha causado revuelo la noticia sobre la investigación abierta contra Javier Duarte y su posible captura para enfrentar un proceso judicial por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Dada la enorme presión social, el gobierno federal ha sido orillado a investigar y solicitar una orden de aprehensión que ya fue otorgada por un juez y se encuentra en proceso de ejecución.

Otras cuentas pendientes tiene el ahora prófugo de la justicia, más allá de los escandalosos actos de corrupción que derivaron en desfalco del erario público. El propio Emilio Álvarez Icaza, actual Secretario Ejecutivo de la CIDH, señaló que Veracruz presenta “un cuadro de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de torturas”, cuyo carácter es prácticamente estructural dada “la convivencia del delito con la autoridad en distintas estructuras y distintos niveles”.

Poniendo foco a la violencia contra la prensa, durante la gestión de Javier Duarte 231 agresiones contra periodistas fueron cometidas, entre las cuales se registran 17 asesinatos y 5 desapariciones.

Desde un principio la relación del duartismo con la prensa, a través de la lúgubre vocera Gina Domínguez, estuvo caracterizada por la intención de mantener a raya a los medios críticos; el uso de la pauta de publicidad oficial como forma de premio-castigo a las líneas editoriales de los medios de comunicación; intentar comprar silencio de periodistas agredidos; la tergiversación y manipular información sobre hechos de violencia grave contra la prensa. En fin, presiones sutiles y no tan sutiles.

Nada extraño en el ambiente mediático-político mexicano, se pensará. Sin embargo, el contexto de control territorial por parte de cárteles de la droga incentivado desde las administraciones pasadas, aunado a la profunda descomposición institucional y la animadversión del propio Duarte hacia la crítica pública, fueron caldo de cultivo favorable para la persecución y aniquilamiento de la prensa en medio de una terrible crisis social, política y económica.

De que Duarte debe rendir cuentas no cabe duda, pero ¿es jurídicamente viable que lo haga? Para el Fiscal de Libertad de Expresión de PGR todavía es necesario que alguien interponga una denuncia o querella para investigar la responsabilidad del político hoy defenestrado. Si eso pasa, es probable que se laven las manos  -como siempre lo hacen- pretextando la falta de pruebas que acrediten que el gobernador con licencia dio órdenes directas para cometer centenares de ilícitos contra periodistas y miles más contra la población en general.

Desde una construcción jurídica más amplia y compleja habrá que cuestionarse sobre las condiciones que generó desde su gobierno para que la violencia contra la prensa aumentara en el estado de Veracruz de manera exponencial. Para ello puede ser de utilidad el concepto de “desvío de poder” y la generalización de violaciones graves a derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se configura una desviación de poder cuando existen “actos sucesivos y encadenados” con apariencia legal, que buscan ilegítimamente afectar a una persona o personas. Muchas de las actos de presión institucional en el ámbito financiero y político pudiera no ser estrictamente ilegal, pero sí ilegítimos. Lo buscaban era silenciar a voces críticas y encubrir acciones -esas sí- ilegales.

Pero es evidente que en el caso de Duarte no solamente se materializaron actos “en apariencia legales” para afectar a una persona, sino actos ilegales (agresiones por cuerpos de policía y otras autoridades, omisión de investigar agresiones, revictimización, etc.), para agraviar y silenciar a cientos de comunicadores. Ello configura un nivel de mayor responsabilidad.

Muchas discusiones académicas y jurisprudenciales se han librado a nivel global sobre lo que “sistemático” y “generalizado” significa en contextos de violaciones a derechos humanos. La Suprema Corte ha trazado algunas premisas bajo las cuáles se pueden considerar como violaciones graves y generalizadas a derechos humanos ciertos actos del poder público: a) que sean las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, y b) que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para garantizar el estado de derecho.

Partiendo de esta idea, sería simplista y obtuso pensar que solamente Duarte es responsable de la zozobra que padecen millones de veracruzanos y veracruzanas. Personajes funestos como Arturo Bermúdez Zurita, Luis Ángel Bravo Contreras, Amadeo Flores, Flavino Ríos –por mencionar solamente algunos- tendrían que rendir cuentas también, en tanto principales autores de la desgracia.

Pero también sería ingenuo que todo lo sucedido en el estado costero es obra de “malos políticos”. El operario precisó de una máquina que funcionará sobre décadas de corrupción, clientelismo-corporativismo, impunidad, pobreza, desigualdad, opacidad, ausencia de contrapesos. Por ello, el actual gobernador electo tiene posibilidades de repetir y hasta superar al duartismo.

Por esa razón, solamente mediante un mensaje contundente que ataje la impunidad relacionada con todos los actos y actores, habrá alguna posibilidad de erigir en el futuro las mejores instituciones sin que sea relevante que las ocupen las peores personas.

 

@article19mex

 

 

  CIDH, Informe Nº 43/96, Caso 11.430, México, 15 de octubre de 1996, párr. 70

  La Suprema Corte estableció parámetros para la comprensión de las violaciones graves a garantías individuales cuando tenía la facultad de investigarlas (hasta junio de 2011). Las violaciones graves, determinó la Corte en 1996, son hechos generalizados consecuentes a un “estado de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados. Tesis: P. LXXXVI/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno Tomo III, Junio de 1996, Pag. 459,Tesis Aislada(Constitucional), “GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.”

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