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Justicia abierta y COVID-19, el caso Lozoya
El principio de justicia abierta presenta desafíos y restricciones debido al contexto de la pandemia. La cuestión es si estas restricciones al acceso público a las audiencias de Lozoya son consistentes con la justicia abierta, o no.
Por Ricardo Reyes Márquez
31 de julio, 2020
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La madrugada del pasado viernes 17 de julio arribó a México el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, extraditado de España y acusado por lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht. En estos días se están llevando a cabo sus audiencias.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de una resolución del juez de control adscrito al Reclusorio Norte (quien fue el encargado de librar la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya), anunció que, debido a la emergencia sanitaria decretada en el país, las audiencias se efectuarán a puerta cerrada y se narrarán en tiempo real y vía WhatsApp a los medios de comunicación acreditados, aún cuando es común que en distintos sistemas jurídicos que emplean la oralidad en sus juicios, estos sean transmitidos en tiempo real a través de diferentes formas y medios de comunicación.

Esta modalidad hace cuestionar si la medida es proporcional y necesaria en un contexto como el actual, sobre todo porque el propio CJF anunció que lo que su oficina de comunicación social comparta en el chat con los distintos medios de comunicación, no sería una transcripción oficial, lo que pone en duda la certeza de la información de lo que ocurra en las audiencias, ¿cuáles serían los reportes y versiones oficiales?

Es evidente que las audiencias y el caso Lozoya representan un tema de trascendencia nacional y mediática y de gran interés público, por lo que se ha exigido al CJF que, de conformidad con el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales -que establece el principio de publicidad-, y el artículo 6 de la Constitución Mexicana -que habla sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y el principio de máxima publicidad-2, las audiencias sean acreditadas como asunto de interés público y así garantizar el acceso a las mismas, dotando de transparencia y máxima publicidad al proceso frente a los medios de comunicación y a toda la sociedad. El principio de publicidad menciona que las audiencias que integran el proceso penal son públicas, con los límites necesarios para proteger los derechos de las partes. Así, todas las personas tienen la prerrogativa de presenciar la calidad en la impartición de justicia y, específicamente, “los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia”, como lo estipula en su artículo 5º el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Asimismo el propio CNPP contempla excepciones a la publicidad de los procesos, siempre y cuando estos obedezcan a justificaciones legítimas y ponderables, tal como lo señalan los artículos 15 y 64 de dicho Código3.

La falta de transparencia y publicidad en las audiencias se traduce en restricciones innecesarias y desproporcionadas y compromete diversos derechos reconocidos tanto en la constitución como en criterios internacionales4.

Es importante mencionar que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información debe ser establecida por ley, perseguir un objetivo legítimo, ser necesaria y proporcionada (test tripartito). No debe haber otro medio menos restrictivo para lograr el mismo resultado5. Asimismo, las normas internacionales y regionales de derechos humanos destacan la función vital de las y los periodistas y los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión e información, particularmente en asuntos de interés público.

Por lo tanto, es de suma importancia que se analice adecuadamente la decisión del Juez de control que determinó dicha medida, como también requerir al Estado para que proporcione los medios y medidas adecuadas para garantizar el acceso y la información a los medios de comunicación y a la sociedad. Si la medida obedece al problema de contingencia sanitaria, buscar herramientas como la transmisión en vivo de las audiencias a través de diferentes plataformas, formas y medios de comunicación, así como el acceso a las versiones estenográficas y audios de las mismas, y así garantizar de manera efectiva la publicidad, transparencia y rendición de cuentas de este proceso. ¿Qué tan transparente debe ser la justicia virtual?

El principio de justicia abierta presenta desafíos y restricciones debido al contexto de la pandemia. La cuestión es si estas restricciones al acceso público a las audiencias son consistentes con la justicia abierta, o no. En Inglaterra y Gales la respuesta es afirmativa debido a que con las restricciones se garantiza la justicia abierta con la posibilidad de seguir las audiencias vía remota a un tercero, accediendo a las transcripciones y grabaciones de audio de las audiencias, y los medios acreditados tienen acceso a las audiencias o poder seguirlas a distancia, garantizando así, la publicidad de las mismas. En Estados Unidos, en el Tribunal de Distrito de Columbia sucede algo similar, las audiencias se llevan a cabo por teleconferencia o videoconferencia facilitando el seguimiento de las mismas al público y los medios de comunicación, garantizando así la justicia abierta.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha desarrollado criterios en los cuales se reconoce que, en temas de interés público, debe prevalecer el escrutinio público y la rendición de cuentas por los actos y omisiones del Estado y el gobierno. La prensa y la opinión pública están colocadas, junto con las autoridades, como los controladores principales del funcionamiento adecuado de la democracia6 y sus instituciones. Por estas razones, el derecho a la libre expresión se considera como una de las formas más efectivas para denunciar la corrupción7.

Es de suma importancia recordar que la búsqueda y difusión de información relativa a temas de corrupción, dada la importancia para la consolidación, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos, está protegida por la Convención Americana en su artículo 13. Asimismo, la transparencia y el acceso a la información están reconocidos como las principales herramientas en la lucha contra la corrupción.

Así, es trascendental destacar el papel que las y los periodistas y los medios de comunicación juegan en una sociedad democrática y las funciones que cumplen para el ejercicio de la libertad de expresión y la información, particularmente en relación con los asuntos de interés público. Ello conlleva la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública. De igual forma, la sociedad tiene también el derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los resultados de sus actividades.

La justicia abierta debe ser garantizada, sobre todo en casos tan mediáticos y trascendentes como el caso Lozoya, en el cual el ojo público está puesto y vigilando con las limitadas posibilidades existentes. Las instituciones del sistema de justicia en México deben adaptarse para garantizar la transparencia, la máxima publicidad y la rendición de cuentas.

* Ricardo Reyes Márquez (@vegetable0000) es Abogado del Programa de Derecho a la Información.

 

 

1 Principio de publicidad.- Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.

2 En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad

3 Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad: En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación Aplicable.

Artículo 64. Excepciones al principio de publicidad. El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando: I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él; II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas; III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente; V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo establecido por los Tratados y las leyes en la materia, o VI. Esté previsto en este Código o en otra ley. La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia.

4 El derecho a la libertad de expresión está protegido por los estándares internacionales de derechos humanos, en particular el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) y el Artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), así como los tratados regionales sobre derechos humanos – Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). Estos instrumentos protegen el derecho a la libertad expresión en términos amplios: los Estados deben garantizar el derecho a la libertad de expresión, el cual consiste en el derecho de buscar, recibir e impartir información e ideas de cualquier tipos e independientemente de las fronteras

5 Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Disponible aquí.

6 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Marco Jurídico Interamericano de libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2009, párrafo 33.

7 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Marco Jurídico Interamericano de libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2009 párrafo 34.

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