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Por Artículo 19
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La ausencia de las mujeres indígenas en los programas sociales y el acceso a la información pública
Con la desaparición de PROSPERA, las mujeres y en particular las indígenas han perdido la posibilidad de acceder a recursos económicos y a las actividades médico sanitarias a las cuales asistían sin proporcionarles información al respecto.
Por Mayra López y Cinthya Alvarado
25 de noviembre, 2019
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El acceso a la información es un derecho humano imprescindible de las democracias para que todas las personas conozcan, ejerzan y exijan otros derechos. Asimismo, sienta las bases para la rendición de cuentas e influye consecuentemente en la construcción de una democracia participativa. Este derecho humano conlleva la obligación de los organismos públicos de transparentar y garantizar el acceso a la información sobre el ejercicio de sus funciones, para abrir canales de comunicación con la sociedad y así promover el ejercicio efectivo de libertades.

De acuerdo con Adina Barrera,1 para garantizar dicho derecho a las mujeres, los gobiernos deben no sólo informar y justificar cómo sus actos las afectan, sino que dicha información debe responder a las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres, de tal forma que este derecho permita alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Sin embargo, a cinco años de haberse aprobado la reforma constitucional en materia de transparencia, misma que buscaba eliminar las asimetrías existentes en el acceso a la información, en la actualidad continúa permeando un panorama donde se reproducen prácticas discriminatorias en contra de diversos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y, de manera específica, contra las mujeres indígenas.

A lo anterior, se suma el contexto que persiste desde principios de este año, en el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado nuevos programas sociales enfocados en aumentar las capacidades económicas de las personas en situación de pobreza, tanto en el ámbito educativo, laboral, así como la provisión de recursos destinados al campo. No obstante, la inexistencia de un enfoque de género en la asignación de estos recursos, aunado a la falta de información desagregada sobre sus impactos en los grupos destinatarios, están afectando principalmente a las mujeres indígenas.

De manera específica, con la desaparición de programas sociales como PROSPERA, un programa que surgió en 1997 con el nombre de PROGRESA, las mujeres – específicamente quienes se dedican al hogar, entre ellas muchas mujeres de comunidades indígenas- han perdido la posibilidad no solo de acceder a recursos económicos, sino que las actividades médico sanitarias a las cuales asistían como parte de este programa también se han cancelado sin proporcionarles información al respecto, o sobre la posible continuación bajo otro programa con un esquema similar.

Este ejemplo es una muestra de la invisibilización de las mujeres indígenas en el derecho al acceso a la información pública3 y cómo su restricción puede afectar otros derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente en dos aspectos: el primero, en cuanto a la escasez de información existente sobre la situación y condición de las mujeres indígenas que les informe, explique y justifique cómo estos programas sociales les afectan o pudieran beneficiarles a ellas. El segundo, por el no reconocimiento de las mujeres indígenas como sujetas de derecho con necesidades e intereses específicos sobre los derechos4 que se pretenden garantizar con estos programas sociales.

Por otro lado, las brechas de género y discriminación que se han presentado desde la cancelación del PROSPERA y en la construcción de los nuevos programas sociales, ponen en evidencia –una vez más- la visión androcéntrica del derecho5 donde se coloca a las mujeres indígenas como parte de la estadística y receptoras pasivas de una política, a la vez que las excluye de la posibilidad de acceder a información pública oportuna, completa, accesible, fidedigna y proactiva.

El actual gobierno, a la par de seguir generando políticas sociales que permitan a las comunidades indígenas el ingreso a una mejor calidad de vida, debe tomar en cuenta también las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres, además de hacer pública la información que les permita influir, decidir y participar activa y directamente en la construcción de una sociedad democrática.

* Mayra López es coordinadora de Promoción y Transparencia. Cinthya Alvarado es investigadora en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

 

1  Cfr. BARRERA Hernández, Adina C., El Derecho Humano de las mujeres al acceso a la información pública gubernamental: la experiencia en el Distrito Federal, México en Estudios en Derecho a la Información, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, enero – junio de 2016. Ver aquí. Consultado el 19 de octubre de 2019.

2 Pérez Garrido, Haydeé, Transparencia y Acceso a la Información, Reforma pendiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Razones Fundar, consultado el 16 de agosto de 2019, disponible aquí.

3 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID, 2016), en nuestro país, únicamente el 7.7 % de la población reconoce al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como institución que garantiza el derecho a la información y sólo 0.7 por ciento realiza solicitudes de información. Cabe señalar, que dicha encuesta únicamente contempla a personas de 18 años cumplidos o más, habitantes de viviendas particulares en ciudades con 100,000 o más habitantes, por lo que no se puede identificar comparativamente cuál es el nivel de conocimiento sobre el derecho de acceso a la información en las poblaciones rurales de menos de 100,000 habitantes que es donde vive gran parte de las poblaciones indígenas.

4 Cfr. BARRERA Hernández, Adina C. Op. Cit.

5 Cfr. Longwe, S. y Clarke, R., 1994, El marco conceptual de igualdad y empoderamiento de las mujeres, Gender equality and empowermen, UNICEF.

 

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