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La credibilidad del SNA se mantiene
La inclusión y el trabajo de la Sociedad Civil en lugares donde antes no estaba ha incomodado a las instituciones y organismos de la Administración Pública por el hecho de generar un contrapeso que atenta contra los intereses políticos, partidistas y empresariales al menos dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por Artículo 19
7 de julio, 2017
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Por: Ricardo Reyes Márquez (@vegetable0000)

El 13 de octubre pasado, a 90 días de que se promulgaran las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se creó su primer órgano colegiado, la Comisión de Selección SNA, encargada de designar a las y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA. Esta Comisión de Selección se integró por nueve miembros con cargo honorario, cinco provenientes de instituciones de educación superior e investigación y cuatro miembros de organizaciones de la sociedad civil, todos dedicados a trabajar temas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

De los procesos de designación que hemos monitoreado desde el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, de éste se puede presumir que fue en el que mejor se han aplicado los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y que, además, consideró la capacidad, la trayectoria profesional, la probidad y la independencia de las personas candidatas, dando como resultado la designación de cinco notables expertos y expertas en la materia.

El 29 de junio de este año, Alberto Morales publicó en el diario mexicano El Universal la nota “Evidencian “trampa” en sistema anticorrupción”, que cuestiona la metodología y decisión final tomada por los nueve integrantes de la Comisión de Selección, aún cuando dicho proceso se basó en los más altos estándares de designación ya mencionados en el párrafo anterior, y sin tomar en cuenta que la evaluación es únicamente uno de los distintos elementos utilizados para la decisión final.

Resulta irónico que después de casi seis meses de la designación del CPC surjan acusaciones y cuestionamientos al proceso, acusando a la Comisión de Selección de haber corrompido el mismo para designar a quien no tuvo que ser designado; acusaciones que fueron reiteradas por el Órgano que creó a la propia Comisión de Selección, el Senado de la República.

Ya se ha dicho mucho sobre estos cuestionamientos y críticas al proceso que llevó a cabo la Comisión de Selección. Ante ello, el pasado cinco de julio se reunieron tres miembros de la entidad cuestionada -Edna Jaime, María Elena Morera y Sergio López Ayllón-, Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar y promotora de la iniciativa Designaciones Públicas, para la presentación del #LibroBlancoSNA en el cual se detalla paso a paso la metodología empleada en el proceso de selección y designación de quienes actualmente conforman el CPC del SNA.

La participación de la Sociedad Civil, no sólo en la conformación de la Comisión de Selección y el CPC sino en todos los momentos que dieron lugar a la creación del SNA, ha sido un pilar dentro del Sistema. Basta recordar que la presidenta del CPC es quien preside el Comité Coordinador del SNA, dejando en claro que la presencia de la voz de la ciudadanía en el SNA es vital para el funcionamiento del mismo.

Más allá de deslegitimar y minimizar el trabajo y desempeño de la Comisión de Selección, es necesario tomar en cuenta los estándares y metodología usados en este proceso y tomarlos como modelo para otros futuros. Llama la atención que las acusaciones busquen debilitar no sólo a la Comisión de Selección y al propio proceso, sino la legitimidad del CPC, lo cual necesariamente afecta el funcionamiento y conformación del SNA, tomando en cuenta que aún hay designaciones pendientes dentro del mismo pero, sobre todo, que el tema en el que se centran las críticas es la inclusión de la Sociedad Civil en estos procesos y en el propio Sistema, como si de un actor incómodo se tratara.

Parte de la ironía en los cuestionamientos de esta designación es que pareciera corresponderse con un modelo y proceso pasado, avalado y aplaudido por el propio Senado, que hoy es quien se pronuncia en contra del trabajo de la Comisión de Selección del CPC. Me refiero al proceso de designación que tuvo lugar dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual se destacó por sus inconsistencias e irregularidades al ser alterada la información curricular de la persona propuesta por el presidente de la República, la maestra Paloma Merodio, incumpliendo con los requisitos formales, legales y constitucionales para ocupar el cargo. En el marco de una comparecencia defendida por senadores del PRI y del Partido Verde -entre ellos el senador Pablo Escudero-, se terminó por designar a Merodio para ocupar una vicepresidencia en dicha institución.

Pablo Escudero es quien hoy acusa a la Comisión de Selección de ser “opaca y poner en tela de juicio al propio Sistema […] y que lo único que han hecho, lo han hecho mal”.

El papel que el CPC juega, como órgano representante de la sociedad dentro del SNA, ha significado un peligro para los intereses de las demás instituciones que conforman el Sistema, de ahí la relevancia del gran papel de contrapeso que ocupa y de ahí las suspicacias que generan los cuestionamientos ya señalados.

Un claro ejemplo de estos juegos de poder es el rechazo a la consideración que solicitó el CPC ante el Comité Coordinador del SNA para que el gobierno federal brindara información sobre el programa espía Pegasus, al considerar el Comité que existen presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Los demás integrantes del Comité Coordinador se negaron a admitir la solicitud. Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública no participó en la discusión admitiendo que el programa Pegasus de la empresa NSO Group fue utilizado “legalmente” durante su administración en la PGR.

Una conclusión es que la inclusión y el trabajo de la Sociedad Civil en lugares donde antes no estaba ha incomodado a las instituciones y organismos de la Administración Pública por el hecho de generar un contrapeso que atenta contra los intereses políticos, partidistas y empresariales al menos dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

La presentación del Libro Blanco es prueba de que el CPC, una vez más, está rindiendo cuentas de su actuar. Este documento retrata cómo se condujo el proceso, siempre apegado a los principios de legalidad, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y acceso a la información. A través de éste, quienes han cuestionado la designación del CPC pueden allegarse de la información necesaria, conocer el proceso y las justificaciones del mismo y, así, tener una visión más objetiva y sustentada en evidencias y no sólo en opiniones desinformadas.

 

@article19mx

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