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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La danza del Senado y la Ley de Transparencia
Es una burla celebrar la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, cuando las y los legisladores podrían haber avanzado en la protección de las víctimas de eventos que han dañado el tejido social y han generado una gran desconfianza en las instituciones.
Por Artículo 19
13 de marzo, 2015
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Por: Ricardo Luèvano (@rickluev)

La aprobación por unanimidad en las Comisiones del Senado al dictamen de la Ley general en materia de transparencia y acceso a la información, generó un standing ovation pocas veces apreciado. Vamos, cual danza de ballet entre Escudero, Encinas, Rojas, Peimbert e incluso Corral, se reconocen haber transitado a otro nivel parlamentario.

“Parlamento abiertos”, “ejercicio de co-creación sin precedentes”, felicitaciones, cariños y mimos, ya está, todos satisfechos. La cosa es que –y sin ganas de ensuciar el pas de bourrée legislativo- hay algunos puntos que debemos abordar desde la orfandad que nos genera haber tenido en las manos una oportunidad –real, sin simulación- de construir una reforma de transparencia con los más altos estándares internacionales y la co-participación ciudadana, que sentidamente vimos escurrirse en nuestras manos desde diciembre del año pasado. Las comunicaciones se hicieron más personales y menos públicas, las decisiones se tomaron en juntas, varias a puerta cerrada, o por filtraciones de los medios. Por la exigencia, se retomó la bandera de la apertura y se reimpulsó en una exposición de dos días con servidores públicos y sociedad civil que poco limitó las preocupaciones –incluso del IFAI- e incrementó las reservas a la información por sujetos obligados, presentes en la exposición.

Parece un resentido intento o un berrinche discreto que sigamos señalando las faltas de la Ley como si no entendiéramos que “no todo se gana en la política”. Ante el siniestro black swan, seguimos considerando que los puntos planteados son fundamentales para exigir el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, y con especial atención, para fiscalizar a la autoridad en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Porque ahí, en ese último punto, versa nuestra mayor indignación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al expresar que en ningún caso los Estados pueden establecer límites ilegítimos (o absolutos) al ejercicio de este derecho (acceso a la información) o mantener secreta la información sobre violaciones graves a derechos humanos y especialmente aquella relacionada con la desaparición forzada de personas, de forma tal que se impida el acceso a la misma de las autoridades encargadas de investigar dichas violaciones, de las víctimas y sus familiares, describe oportunamente –también- que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el pasado.

La macabra protección de las autoridades a sus colegas en casos como el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes de Ayotzinapa en 2011, los 43 desaparecidos en la misma región en 2014, o los asesinatos en Tlatlaya, son la pista sobre la que danza el Senado. Es absurdo que en casos de violaciones graves a derechos humanos no se haya regulado con especial énfasis la forma en la que el pleno del IFAI debe determinar si se abre o no información ante tan preocupante posibilidad. Como ejemplo, a ARTICLE 19 -organización especializada en estos temas- le tomó tres años, dos amparos, una reforma Constitucional y un cambio de pleno para que el IFAI actuara en ese sentido, es decir hay más voluntad política que orden jurídico.

La no regulación adecuada promete “buenas voluntades” para abrir la información, y en un contexto en el que Eduardo Medina Mora es ministro de la Suprema Corte de Justicia; en el que se ha cerrado la posibilidad de consultar físicamente documentos en el Archivo General de la Nación, o la posibilidad de que Carmen Aristegui en uno de los pocos espacios de contraste a la comunicación gubernamental deje de transmitir, nos queda claro, es una burla celebrar cuando las y los legisladores podrían haber avanzado en la protección de las víctimas de eventos que han dañado el tejido social y han generado una gran desconfianza en las instituciones. Dejaron el marco regulatorio como se encontraba antes de la reforma constitucional, lo que supone que todas las protestas y todos los discursos en un año tan señalado como lo fue el 2014 con la consigna “Fue el Estado” les da exactamente igual.

No nos duele como sociedad civil que no retomen nuestros argumentos, lamentamos que los argumentos del Senado no tengan la sensibilidad para protegernos y argumentar que no se puede ganar todo. Si una pieza de ballet legislativa vale más que mil fosas, no podemos sentarnos en el pantano a ver cisnes danzar, exijamos se tomen en serio las demandas sociales, la regulación en la materia no puede ser opcional.

 

@article19mex

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