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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La “democracia” en México: donde expresarte libremente te lleva a la cárcel
Desde el #1DMX en 2012, delitos como “ultrajes a la autoridad” o “ataques a la paz pública”, previstos en el Código Penal del DF, han sido utilizados de manera arbitraria por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en el DF como una herramienta para criminalizar la protesta social.
Por Artículo 19
29 de enero, 2016
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

La libertad de expresión en México se encuentra amenazada, su ejercicio no está plenamente garantizado y no sólo ello, pues además existe la posibilidad de ir a prisión por expresarte libremente. A continuación abordaré dos temas que demuestran esta grave situación.

Comencemos por una cuestión que no está sujeta a duda o discusión: todos los servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta el funcionario de cualquier regiduría pública, deben estar bajo escrutinio de la sociedad, ser observados bajo lupa, ya que las actividades que desempeñan son de interés público. Sus acciones u omisiones, cualquier decisión que tomen, tiene impacto en cada uno de nosotros, siendo más preocupante en temas de salud pública, economía, justicia penal, derechos humanos, etc.

En los últimos años, sobre todo a partir de 2012, en la Ciudad de México diversas personas, ya sea que sólo transitaban por la calle o realizan algún activismo, labores periodísticas o de defensa de derechos humanos, descubren algún hecho por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), como pueden ser detenciones, uso de la fuerza o cualquier abuso policiaco, ante lo cual deciden grabar y registrar esos hechos a través de sus dispositivos electrónicos.

A esto se le ha denominado ‘documentación ciudadana’, que cualquier persona puede llevar a cabo de manera totalmente legítima, toda vez que se trata de información de interés público respecto a funcionarios en el desempeño de sus labores, que forma parte del escrutinio al que se encuentran sujetos, y que además resulta esencial en un contexto donde las arbitrariedades de la policía en la Ciudad de México son una constante, como detenciones ilegales, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y tortura, estando documentadas tanto por organizaciones sociales como por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Por ello, los actos de documentación ciudadana resultan esenciales, pues también constituyen una herramienta de denuncia pública, que tiene dos objetivos fundamentales: 1) dar constancia de violaciones a derechos humanos para exigir que sean investigadas y sancionados los agentes que resulten responsables, combatiendo la impunidad imperante y 2) sirvan para prevenir casos futuros y evitar que continúen prácticas arbitrarias de la policía.

Uno de los últimos casos se presentó el pasado 19 de enero, cuando un integrante de la Brigada Marabunta (organización que trabaja por la manifestación libre y pacífica, realizando una importante labor de apoyo, prevención y monitoreo en protestas sociales) fue detenido por policías de la SSPDF al momento de grabarlos mientras realizaban una labor de tránsito, lo cual hizo de manera legítima y pacífica. El video lo puedes ver aquí.

Como en otros casos, los agentes de policía ante la documentación ciudadana de sus acciones, argumentan “obstrucción a su labor”, que eso “es un delito” o, como en el caso referido, se les está “intimidando”. Nada más falso. Ni es intimidación, ni obstrucción, ni mucho menos delito o falta administrativa. El compañero de la Brigada Marabunta fue trasladado al Ministerio Público de la Coordinación Territorial GAM 2, pretendiendo imputarle el delito de “ultrajes a la autoridad”, lo cual afortunadamente no prosperó ante la denuncia pública de dicha arbitrariedad.

Posted by Cesar Alejandro Castañeda Lopez on Tuesday, January 19, 2016

Esto nos lleva al segundo tema sumamente preocupante para el ejercicio de la libertad de expresión. Desde el #1DMX en 2012, delitos como “ultrajes a la autoridad” o “ataques a la paz pública”, previstos en el Código Penal del DF (artículos 287 y 362, respectivamente), han sido utilizados de manera arbitraria por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en el DF, como una herramienta para criminalizar la protesta social.

Este tipo de delitos se caracterizan por tener una redacción ambigua y amplia, utilizando términos que engloban multiplicidad de acciones e interpretaciones, como lo es “ultrajes” y “paz pública”, ante lo cual se abre un campo de posibilidades para que sean aplicados de manera arbitraria por parte de las autoridades para combatir la disidencia y castigar a quienes protestan libremente. La CDHDF ha documentado violaciones a derechos humanos a través del uso abusivo y represor de este tipo de delitos, requiriendo la derogación de “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública” (ver Recomendaciones 9/2015, 10/2015, 16/2015 y 17/2015).

En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y resolverá algunos amparos donde se plantea la inconstitucionalidad de ambos delitos, tanto por violar el principio de taxatividad penal, que obliga a una descripción clara de las conductas que regulan y las sanciones aplicables para brindar seguridad jurídica, así como su violación a la libertad de expresión, al hacer un uso desviado del sistema penal para reprimir, criminalizar e inhibir la protesta social, necesaria en un contexto tan adverso en materia de derechos humanos por el que atraviesa nuestro país.

La SCJN tiene la oportunidad histórica de declarar la inconstitucionalidad de estos delitos, establecer un importante precedente en esta materia, y que servirían también para casos futuros. En estos asuntos, la SCJN podrá demostrar si su compromiso está con los derechos humanos ante la infausta realidad que vivimos, o forma parte de la simulación institucional que tiene al país al borde de la crisis. Aquí se medirá su talante democrático.

Tanto en el caso de ‘documentadores ciudadanos’ como en la protesta social, es el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión el que se encuentra en juego. Si esta libertad no está garantizada, resulta difícil ejercer otros derechos. No puede hablarse de una democracia en México, ante este tipo de situaciones que agravan aún más la crisis de derechos humanos que padecemos, tal como lo han referido claramente la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, en sus recientes visitas al país.

La libertad de expresión se encuentra amenazada. No dejemos que terminen matándola. En ello va nuestro futuro.

 

@article19mex

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