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La deuda con la verdad: la masacre de San Fernando
La Fiscalía General de la República ha entorpecido la entrega de la información sobre la masacre de San Fernando (ganada en tribunales), bajo el pretexto de que las 33 mil 203 fojas que integran la averiguación previa solicitada no se encuentran digitalizadas, y por las que se requiere el pago de más de 33 mil pesos por copias simples, o más de 700 mil pesos por copias certificadas, lo cual representa un costo excesivo y desproporcionado para que nos sea garantizado nuestro derecho de acceso a la información.
Por Ricardo Reyes Márquez
28 de junio, 2021
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El próximo mes de agosto se cumplirán 11 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Poco sabemos sobre lo ocurrido, y ello no se debe a la ausencia de voluntad ni de búsqueda de la verdad sobre los hechos a lo largo de una década.

ARTICLE 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) emprendimos un viacrucis en materia de acceso a la información en búsqueda de memoria, verdad y procesos de construcción de justicia y reparación. Desde 2012 solicitamos las carpetas de investigación sobre los hechos atroces cometidos en contra de 72 migrantes en San Fernando, esto para contar con información de interés social (pues se trata de violaciones graves a derechos humanos) sobre lo sucedido y sobre las acciones llevadas a cabo por las instituciones del Estado encargadas de investigar y llevar a cabo las diligencias en materia de procuración de justicia.

En el caso del proceso realizado por ARTICLE 19, a la fecha, finales de junio de 2021, y después de contar con tres resoluciones del Organismo de Transparencia, dos sentencias de amparo por jueces de distrito, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después de criterios emitidos por el máximo tribunal constitucional en materia de violaciones graves a derechos humanos y acceso a la información, seguimos sin saber nada.

Los obstáculos actualmente no son procesales, sino materiales. Esto debido a que la Fiscalía General de la República ha entorpecido la entrega de la información (ganada en tribunales) bajo el pretexto de que las 33 mil 203 fojas que integran la averiguación previa solicitada no se encuentran digitalizadas, y por las que se requiere el pago de más de 33 mil pesos por copias simples, o más de 700 mil pesos por copias certificadas, lo cual representa un costo excesivo y desproporcionado para que nos sea garantizado nuestro derecho de acceso a la información.

Lo anterior genera una serie de violaciones a nuestros derechos a la seguridad jurídica, derecho de acceso a la información, derecho de igualdad, al principio de legalidad, al principio de proporcionalidad, al principio de gratuidad en el acceso a la información y violación a la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, en específico el derecho de acceso a la información. Lo anterior bajo el amparo y luz de lo establecido por nuestra constitución en su artículo sexto que señala que toda la información en posesión del Estado es pública, y la misma deberá regirse bajo el principio de máxima publicidad.

El derecho de acceso a la información debe ser garantizado íntegra, completa y plenamente. No debe bastar con “poner a disposición” la información en las instalaciones de los sujetos obligados, sino generar y garantizar la entrega y transferencia de archivos a las personas solicitantes, ya que de lo contrario se inhibe el acceso y consulta directa a los archivos y documentos que se soliciten y estos seguirían en posesión del sujeto obligado, cuando la información es pública, entendiendo el concepto “pública” como de todas las personas, accesible a toda la sociedad en todas sus formas y medios.

Esta situación adquiere mayor gravedad cuando sabemos que a la FJEDD, como representantes y coadyuvantes de las víctimas de la masacre de San Fernando, ha recibido, aunque a cuentagotas, la información de averiguaciones previas (como parte de un proceso penal) en versión digital, lo cual demuestra que esta información existe en ese formato, lo que garantizaría la gratuidad del acceso. La digitalización de la información ya ha sido una práctica institucionalizada de la propia Fiscalía en el tratamiento de la misma, lo que no sería impedimento para que en el caso de ARTICLE 19 nos la entreguen de la misma forma, garantizando así el derecho de acceso a la información a nosotros como solicitantes, como también a la sociedad en un aspecto colectivo.

Así, la deuda con la verdad, la memoria, la justicia y procesos de reparación, ha sido paralizada los últimos 10 años, prácticamente desde los acontecimientos en agosto del 2010. El Estado debería ser el primero en generar estas construcciones y procesos sociales de la mano de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que hemos dedicado nuestro trabajo y esfuerzo por la transparencia y la rendición de cuentas.

De lo contrario, la apuesta es al olvido y a la impunidad, a dejar abierta esta ventana de oportunidades para que atrocidades de estas características se sigan perpetuando. No por nada de 2006 a 2019, según el informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas 2021 de la Secretaría de Gobernación 1 se tienen registradas 3 mil 631 fosas clandestinas en el país, y casi más de 90 mil personas desaparecidas de los años sesenta a mediados de 2021. Aquí radica la importancia de que los procesos que lleven a cabo las fiscalías se sometan al escrutinio público, a la transparencia y rendición de cuentas, porque de lo contrario no sabemos qué diligencias se han llevado a cabo, qué procesos de investigación realizan, cuántas personas han procesado, etc.

El viacrucis administrativo y posteriormente jurídico, que llevó a una resolución de la Suprema Corte de Justicia en abril del 2019, fue una batalla de largo aliento que daba esperanzas y luces al final del camino para poder acercarnos a la verdad. Mas no fue así, pues lo sucedido en el cumplimiento de la sentencia de la Corte y resolución del INAI por parte de la Fiscalía General de la República mantiene la opacidad alrededor de la investigación que está realizando la Fiscalía.

Es importante recordar a la Fiscalía sus obligaciones en materia de acceso a la información y violaciones graves a derechos humanos, como también es importante advertir al INAI a que vigilen cabalmente los cumplimientos de sus resoluciones, más cuando versan de temas sensibles y trascendentes para la sociedad. Ejercicios democráticos como procesos de acceso a la información y la judicialización del derecho a la información, deben de ir acompañados de instituciones sólidas y democráticas, ya sea dentro del poder judicial como en los organismos constitucionalmente autónomos, y así garantizar el ejercicio de derechos a la sociedad.

La Fiscalía debe actuar con perspectiva de derechos humanos, entender que tiene obligaciones en materia del ejercicio del derecho a la verdad que van más allá de responder una solicitud o fotocopiar un expediente. La Fiscalía tiene una deuda para con la sociedad y que ha quedado a deber en aspectos como memoria, verdad y justicia. El derecho a la información es la llave para acceder a otra serie de derechos. Sin instituciones transparentes se vuelve más difícil construir justicia y, por ende, la deuda con la verdad se perpetua. Hacer pública la averiguación previa es una oportunidad histórica de rendición de cuentas de la Fiscalía y de mirar el ejercicio del derecho a la información más allá de la lógica administrativa, sino desde un verdadero enfoque de derechos en beneficio de la sociedad.

* Ricardo Reyes Márquez es coordinador jurídico y de pluralidad mediática de @article19mex.

 

 

1 Disponible aquí.

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