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La independencia de la CIDH esta en juego
De conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las personas que ocupen un cargo dentro de la CIDH deben gozar de alta calidad moral y reconocida competencia en derechos humanos, además de que el cargo debe desempeñarse a título personal, no en representación de ningún Estado, cosa que en muchas ocasiones no ocurre. Lo anterior da pie a que se comprometa la independencia y funciones de las personas, y, por lo tanto, de la propia Comisión.
Por Artículo 19
7 de junio, 2019
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Por: Ricardo Reyes (@vegetable0000)

Entre el 26 y 28 de junio, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Medellín, se renovarán cuatro de los siete cargos que integran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo regional encargado de promover y garantizar los derechos humanos en el continente americano.

Estos procesos de nominación y designación carecen de la debida transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y reglas claras, por lo que existe el riesgo de que el proceso de selección de los/las nuevos/as comisionados/as pueda verse afectado por intereses políticos y afecte la independencia y autonomía que requiere este organismo.

En las nominaciones internas que en un primer momento realizan los Estados miembro, no existen controles ni garantías para la correcta y debida nominación de perfiles, por lo que la postulación queda expuesta a la discrecionalidad y arbitrariedad de los Estados. Esto es grave, ya que, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las personas que ocupen un cargo dentro de la Comisión deben gozar de alta calidad moral y reconocida competencia en derechos humanos, además de que el cargo debe desempeñarse a título personal, mas no en representación de ningún Estado, cosa que en muchas ocasiones no ocurre. Lo anterior da pie a que se comprometa la independencia y funciones de las personas, y, por lo tanto, de la propia Comisión.

Por ello, organizaciones como DPLF, CEJIL y OSJI (1)  desde el 2015 han convocado un Panel Internacional de Expertos/as Independientes para evaluar los perfiles propuestos por los Estados miembro a través de un informe que es entregado a los propios Estados encargados de la designación.

El actual Panel Internacional (2) ha llevado a cabo la evaluación de los perfiles nominados. Estas personas son Esmeralda Arosemena de Troitiño (propuesta por Panamá); Everth Bustamante García (propuesto por Colombia); Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú); Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica); Eduardo E. Rodríguez Veltzé (propuesto por Bolivia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (propuesto por Guatemala). La presentación del informa final con los resultados de la evaluación, se realizará el viernes 7 de junio en la American University, en Washington D. C.

Las candidatas de Panamá y Jamaica buscan la reelección, pues están en el cargo desde el 1° de enero de 2016. Hace unas semanas, Bolivia declinó la candidatura de Eduardo E. Rodríguez Veltzé, pues la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la oposición rechazaron su postulación a la CIDH por supuestos conflictos de interés. Asimismo, en Colombia distintas organizaciones interpusieron una demanda en contra de la postulación de Everth Bustamante García al considerar que no cumple los requisitos para integrar el pleno de la CIDH, pues en su historial no hay evidencia de trabajo relacionado con derechos humanos, además de la gran cercanía que tiene con el poder, lo cual compromete su independencia y autonomía.

Casos como los descritos son una muestra de la necesidad de contar con mecanismos internos de nominación de candidatos y candidatas, ya que la discrecionalidad y arbitrariedad de los procesos internos, junto con el reducido número de personas nominadas, impide que haya pluralidad de los perfiles, y sean cinco personas compitiendo por cuatro lugares en el Pleno; cuatro de cuatro si al candidato colombiano le es retirada su candidatura. Lo que daría como resultado, una elección en la cual no hubo opciones a elegir.

 

La importancia de contar con órganos y/o mecanismos extraordinarios como el Panel Internacional radica en crear mecanismos paralelos que, a través de la alta calidad moral de quienes conforman el panel, puedan emitir opiniones y recomendaciones tanto de los perfiles como de los propios procesos. Así es posible proporcionar a la Asamblea General información objetiva e imparcial, para que los Estados puedan retomar en las decisiones del sentido de sus votaciones.

Este tipo de (malas) prácticas, no son exclusivas del Sistema Interamericano: en el Sistema Universal, donde existen nueve Comités de Derechos Humanos y un Subcomité, los cuales están conformados por 171 personas, los procesos de designación son igualmente decisiones del Ejecutivo que, en muchas ocasiones, nominan a personas que no cumplen con los perfiles idóneos ni con lo requerido por las directrices Addis Abeba sobre autonomía e imparcialidad.

La apuesta debe ir encaminada a regular los procesos de nominación y designación de los organismos regionales e internacionales de los distintos sistemas de derechos humanos. Que deben ir acompañados de principios como la transparencia, la participación ciudadana, la inclusión, la pluralidad, la rendición de cuentas y que siempre se lleven a cabo con perspectiva de derechos humanos. Pareciera que este punto se queda fuera cuando las decisiones políticas son la prioridad de los Estados.

No necesitamos una Comisión manipulada y condicionada. Necesitamos una Comisión Interamericana que atienda los problemas de la región, que se fortalezca a través de procesos de designación idóneos y con perfiles adecuados, que sea inclusiva y garantista. En un contexto de retorno a los nacionalismos y de gobiernos abiertamente contrarios a los derechos humanos, necesitamos una Comisión autónoma, independiente y libre que pueda garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en la región. De lo contrario, corremos el riesgo de que el espíritu de este organismo pierda su sentido y objetivos generales.

* Ricardo Reyes es abogado del Programa de Derecho a la Información de @article19mex.

 

(1)  La Fundación para el Debido Proceso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y Open Society Justice Initiative respectivamente.

(2) Integrado por Mariclaire Acosta, Juan Méndez, Carlos Ayala, Catalina Botero y Judith Schönsteiner.

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