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La Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza es un riesgo para la protesta social
La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza pone en riesgo el ejercicio de la protesta social. No queremos un nuevo sexenio de represión, arbitrariedades, detenciones ni muertes por el hecho de protestar.
Por Artículo 19
27 de mayo, 2019
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

El Congreso de la Unión acaba de aprobar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que se deriva del marco jurídico establecido para la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional, junto con otras leyes y cuya reforma constitucional se publicó el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha ley fue aprobada primero por el Senado el pasado 21 de mayo en un procedimiento veloz, además de haber publicado ese mismo día las iniciativas a dictaminar. La Cámara de Diputados sesionó y aprobó los dictámenes enviados por el Senado el jueves 23 de mayo.

Sin embargo, un tema que no fue objeto de revisión por parte del Congreso, pero que resulta muy relevante y donde debe ponerse énfasis, es el relativo a las implicaciones que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza tiene sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social. Dicha ley contiene un capítulo específico para regular la “actuación de las policías en manifestaciones y reuniones públicas”, con dos artículos, 27 y 28, pero claramente debe leerse en conjunto con todas las disposiciones que contiene, así como con el contexto particular del país.

Esta Ley Nacional, conforme a su artículo 1°, “tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública”. Asimismo, los agentes obligados para su aplicación, los define en su artículo 3°, fracción I, como aquel “servidor público integrante de las instituciones de seguridad que con motivo de su empleo, cargo o comisión hace uso de la fuerza. Se considerará agente al elemento de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad privada en términos de la ley, cuando colaboren en tareas de seguridad pública”. A la luz de esto, resultan preocupantes y restrictivos algunos puntos:

1. Contiene un enfoque equivocado y pernicioso para entender la protesta social, que consiste en el “control de multitudes”, establecido en sus artículos 16 y 40. Si bien establece un apartado para la capacitación que deberán recibir estos agentes, en su contenido se establece “el manejo y control de multitudes”.

Este enfoque debe abandonarse y partir de uno que tenga como objetivo la protección del ejercicio de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, en donde las autoridades tienen la obligación de garantizar y facilitar el pleno desarrollo de los derechos que se encuentran en juego, así como velar por la protección tanto de quienes se manifiestan como de las personas que no lo hacen.

2. Contiene conceptos que resultan regresivos y peligrosos al momento de su interpretación y aplicación, durante protestas. Estos se refieren a manifestaciones “con objeto lícito” y que “se tornen violentas”.

Calificar a priori a las manifestaciones que tengan “objeto lícito”, nos lleva a concluir indefectiblemente que habrían protestas con “objeto ilícito”, lo cual quedaría a la interpretación del mando operativo o los agentes (sean policías o elementos de las Fuerzas Armadas, como ya se refirió arriba) que determinen esa “ilicitud” y puedan hacer uso de la fuerza y de armas, conforme al artículo 27 de dicha ley, interpretado a contrario sensu, que establece: “Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacificas con objeto lícito”.

Sumado a lo anterior, hacer referencia a manifestaciones que “se tornen violentas” omite el principio de distinción e individualización de actos violentos ocurridos en protestas sociales. Éstas, en tanto ejercicio de derechos fundamentales, gozan de legitimidad de origen. Por ello, la autoridad no debe llevar a cabo acciones que entorpezcan de manera general y absoluta el desarrollo de las manifestaciones.

De manera que en caso de que se cometan actos de violencia o, incluso, constitutivos de delitos, las autoridades deben actuar específicamente frente a esos casos, conforme a la legislación aplicable, garantizando los derechos de las personas y el debido proceso, y minimizando a un nivel proporcional y excepcional en todo momento el uso de la fuerza, ni genere condiciones de mayor conflictividad que limiten el ejercicio de la manifestación.

Asimismo, el término de “orden público” que normalmente se utiliza en las legislaciones de uso de la fuerza y manifestaciones públicas, tal como lo ha referido la Comisión Interamericana “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”, como medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima ya que no se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se.”

3. Otro punto preocupante que contiene dicha Ley Nacional se refiere al tema de las armas, debiendo observarse en conjunto con lo que aquí se ha desarrollado. En su artículo 15, se establece un listado de armas “incapacitantes menos letales”, que incluye el uso de instrumentos tales como “dispositivos que generen descargas eléctricas” o “bastón PR-24” para el uso de la fuerza por parte de los agentes ya referidos.

Aquí es importante recordar y distinguir tanto el uso como el tipo de armas. Si bien normalmente se catalogan este tipo de armas en un nivel anterior a las armas letales o de fuego, debemos subrayar que aquellas armas son potencialmente letales y dependen de algunos factores, tales como la persona que haga uso de ellas, el contexto en que se utilicen y la persona a quien se le aplique la fuerza.

Para ser claros, un agente policial o de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que de manera desproporcional y/o arbitraria decida utilizar algún arma de este tipo, en las condiciones que también ya se refirieron en los puntos anteriores, puede generar la muerte de una persona ya sea con un golpe de bastón o una descarga eléctrica. Como también lo ha referido la Comisión Interamericana, en muchos casos las afectaciones a la integridad física o la vida han sido ocasionadas por el mal uso de este tipo de armamentos”, (Informe Anual 2015, CIDH, Capítulo Uso de la Fuerza).

Finalmente, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza omite temas importantes como la creación de un observatorio independiente u órgano de supervisión ciudadana que dé seguimiento a su aplicación, tal como se estableció en el Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 28 de noviembre de 2018.

Es de vital importancia que las autoridades garanticen la máxima publicidad, una transparencia proactiva y plena rendición de cuentas en la aplicación de dicha ley, así como la capacitación y evaluación de las y los agentes, de manera periódica y continua, no sólo con cursos que queden en simples papeles o diplomas. De igual forma, la evaluación psicológica de las y los agentes es importante, para saber si se encuentran o no en condiciones para hacer frente a diversas situaciones que pudieran presentarse y el manejo de las mismas, si son capaces de dialogar o conciliar, o su respuesta puede trasladarse a extremos perniciosos que pudieran afectar la integridad o vida de las personas.

En resumen, la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza pone en riesgo el ejercicio de la protesta social. Tal como se ha documentado desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante de represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública.

La Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos deberá revisar la ley y ejercer sus facultades en pro de los derechos fundamentales. No queremos un nuevo sexenio de represión, arbitrariedades, detenciones ni muertes por el hecho de protestar. Se deberán analizar y activar las acciones jurídicas pertinentes a partir de la próxima publicación y entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

* Luis Knapp es Coordinador legal del Programa de Protección y Defensa de @article19mex.

 

CIDH, Capítulo V, Informe Anual 1994, “Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Informe El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018. FLEPS. Puede ser consultado aquí.

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