La libertad de expresión en Cuba y Centroamérica
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La violencia que persiste y las voces que resisten: la libertad de expresión en Cuba y Centroamérica
En Cuba y Centroamérica el exilio se ha convertido en una puerta de escape para  salvaguardar vidas y para que personas periodistas de la región puedan continuar con su  labor.
Por Mikaelah Drullard
15 de agosto, 2022
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El hostigamiento, la persecución, el control, el silenciamiento, las agresiones y la continuidad de las violencias caracterizan la experiencia compartida de las voces críticas de activistas, artistas, personas comunicadoras sociales-comunitarias y periodistas independientes de abril a junio de este año en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, naciones cuyos gobiernos se han definido por la corrupción, la impunidad y las graves violaciones de derechos humanos.

Derivado del auge de los autoritarismos y el uso arbitrario del poder en estos Estados, la salud de la libertad de expresión, del derecho a la información y de asociación se ha visto cada vez más amenazada en Centroamérica y Cuba, alcanzando un estado de alta criticidad que pone en peligro las libertades más fundamentales no solo de quienes se atreven a alzar la voz en un contexto de elevada hostilidad contra la prensa y los activismos críticos, sino también contra la ciudadanía.

Según el análisis regional, realizado por la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, se han podido identificar algunas tendencias que nos posibilitan afirmar que hoy es más urgente que nunca defender este derecho en la región, ya que persisten cincos elementos que consideramos comunes en estos territorios:

i) Un reforzamiento de medidas focalizadas que criminalizan a activistas, personas comunicadoras sociales y periodistas independientes, con el fin no solo de restringir la libertad de expresión en el espacio cívico, tanto físico como digital, sino también con la intención de criminalizar a través del aparato legal y la ampliación de marcos normativos la labor periodística y el ejercicio de la libertad de expresión de quienes se atreven a contradecir los oficialismos de Estados.

ii) La continuidad en el debilitamiento de los aparatos de procuración de justicia y la profundización de la impunidad en torno a las agresiones contra la prensa, activismos y personas defensoras.

iii) El cierre de espacios de participación ciudadana y la imperante criminalización de la protesta social de quienes ven el derecho a la manifestación un medio para ejercer la libertad de expresión y empujar cambios de transformación estructural  y mejoramiento de condiciones sociales.

iv) El recurrente  mal uso de la palabra y el discurso desde autoridades para construir narrativas estigmatizantes en contra de periodistas independientes, la prensa crítica, activismos y personas defensoras.  

v) La presencia, en alguno de estos países, de la violencia letal en contra de periodistas comunitarios/as/es, personas defensoras de derechos ambientales y del territorio y de integrantes de las poblaciones de la disidencia sexual.

Todo lo anterior ha provocado que sea un verdadero reto ejercer de manera segura el periodismo independiente y la libertad de expresión en estos cinco países, a tal punto que el exilio se ha convertido cada vez más en una puerta de escape para  salvaguardar vidas y para que personas periodistas de la región puedan continuar con su  labor. Esta tendencia se incrementa dramáticamente en Cuba y Nicaragua, se consolida en Guatemala y Honduras y, se convierte en una nueva alternativa en El Salvador.

El estudio también nos permitió constatar el uso cada vez más común de la ley y la palabra para amordazar, censurar y criminalizar el pensamiento independiente en estos cinco países, con sus matices y particularidades. En estos Estados se han fortalecido los marcos normativos para hostigar, perseguir y criminalizar las voces críticas, a través de la creación y modificación de iniciativas, leyes, decretos y códigos penales que coartan la libre expresión. Algunos ejemplos muy concretos son:

  • La reforma al Código Penal en Cuba que tipifica el intercambio de información… la sedición y propaganda contra quienes hagan críticas o cuestionen el orden estatal y criminaliza la colaboración con organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
  • La entrada en vigor en Nicaragua de la reforma a la ley que busca prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a través de la cual obligan a las organizaciones civiles a pedir aprobación al gobierno de Daniel Ortega de sus actividades.
  • En Honduras siguen vigentes los delitos contra el honor que se usan para criminalizar y amedrentar periodistas.
  • En Guatemala el uso de la ley para obstaculizar el acceso a la información y para perseguir a periodistas.
  • Y en El Salvador la existencia de una serie de reformas al Código Penal que criminaliza la cobertura y las expresiones relacionadas con el pandillerismo en dicho país.

Lo anterior tan solo es un botón de muestra del preocupante robustecimiento del marco legal que sirve de excusa al poder para callar, intimidar y atemorizar, acompañándose de narrativas estigmatizantes que se tejen desde los autoridades y aparatos gubernamentales, con el fin silenciar las voces que contradicen la autoridad.

Pero la persistencia de la violencia no se queda solo en palabras y en marcos normativos restrictivos, sino que en países como Honduras y Guatemala la violencia letal -posibilitada por políticas de despojo extractivistas-, la corrupción, la impunidad y entornos heterosexistas, patriarcales y transfóbicos han provocado el asesinato de periodistas, personas defensoras de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas defensoras ambientales y de la tierra y el territorio.

No obstante, es necesario mencionar que donde hay violencias también hay resistencias: son muchas las voces y las esperanzas que se articulan desde el periodismo independiente, los activismos y les defensores comunitarios/as/es para combatir las ráfagas de represión, autoritarismo, control y violencia letal. Pese a este panorama desolador y las mordazas, el periodismo independiente continúa, activistas siguen alzando la voz, las calles y las protestas sociales son espacios en disputa que se mantienen vibrantes y no han sido abandonados por la gente; la documentación, observación y ejercicios ciudadanos de demanda constante de respeto y garantía de los derechos humanos, en especial del derecho a la libertad de expresión, son batallas cotidianas que se mantienen en activa disputa en aras de horizontes de vida vivibles en estos cincos territorios.

Les invitamos a consultar el Barómetro:  la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe, abril – junio 2022, y compartirlo en sus espacios inmediatos como una acción a favor de la libertad de expresión en la región.

* Mikaelah Drullard (@MikaelaDrullard) es investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19 MX-CA.

 

Nota: en este artículo limitamos a Centroamérica a los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

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