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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La opacidad en la contradicción presidencial
Durante su mandato, López Obrador se ha encargado de deslegitimar constantemente la principal tarea del INAI, tergiversando un tema de derechos humanos por uno presupuestario y de adversidad política.
Por Juan Vázquez
12 de enero, 2021
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Si hay algo que aprender sobre Wikileaks es que tenemos que conocer lo que hacen los gobiernos y que toda la información generada por el Estado pertenece a la sociedad. En ese sentido, las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a lo largo de la semana pasada, exponen una visión contradictoria sobre el derecho a la información.

El 4 de enero, en su conferencia de prensa matutina, ofreció asilo político a Julian Assange, cofundador de Wikileaks. Aunque esto puede ser un acto simbólico positivo, no es una medida que promueva lo que, en el centro, se busca con la publicación de información clasificada de diferentes gobiernos en el mundo: una debida rendición de cuentas. Wikileaks demostró que el silencio se administra, que se priva a las sociedades del poder que conlleva la información. Desde entonces, no dejamos de observar cómo ésta es un campo de disputa política.

Por ello, que el mismo día cuestionara la existencia del organismo garante del derecho de acceso a la información en México resulta contrario al símbolo de ofrecer asilo a Assange. Esta no es la primera vez. Durante su mandato se ha encargado de deslegitimar constantemente la principal tarea del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tergiversando un tema de derechos humanos por uno presupuestario y de adversidad política.

Días después, el jueves 7 y el viernes 8, de nueva cuenta en su conferencia matutina, justificó su visión, describiendo a los organismos autónomos de “alcahuetes” y que su eliminación representaría un ahorro en el gasto público.

Y en medio del ruido, la opacidad contribuye a la polarización. En su informe anual de 2019, ARTICLE 19 advirtió cómo se ha potenciado “la disonancia del entorno: la tensión entre las voces (…) que ya no saben de dónde viene o cuál es la verdad”. Eliminar al órgano que vela por la transparencia y la rendición de cuentas es la receta del poder para que la mayoría de la población sea excluida de la democracia, para que la información más reveladora sobre las acciones de las autoridades permanezca oculta.

Al respecto, el gobierno de AMLO se ha caracterizado por un incremento en la opacidad y el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. ARTICLE 19 publicó que en 2019 se registró un incremento en el número de declaratorias de inexistencia de la información, 160% más que en el primer año de gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto (EPN). Incluso, el INAI dio a conocer que la Oficina de Presidencia rechazó durante 2020 el 23.7% de las solicitudes de información, argumentando falta de competencia.

Las contribuciones de Wikileaks van más allá de la mera publicación de “secretos de Estado”, que son hechos trascendentales en la esfera internacional. Permitió que conociéramos abusos cometidos por los Estados y la verdad sobre casos de violaciones graves a derechos humanos. Además, mantuvo en vilo a los gobiernos del mundo, temerosos de ser el siguiente objetivo.

Wikileaks también puso énfasis en la importancia del periodismo. En 2010 –tras la publicación del video del tiroteo a periodistas en Baghdad, del 12 de julio de 2007– se alió a medios internacionales como The New York Times, The Guardian, El País y Der Spiegel, para publicar primero en julio de ese año más de 92 mil documentos sobre la guerra en Afganistán y después en octubre los llamados “Irak War logs”. La mancuerna entre filtradores y periodistas hace notoria la necesidad de hacer digerible tal cantidad de información, explicar en términos noticiosos por qué es de interés público. Por último, en noviembre de ese año, la alianza se repetiría en lo que se llamó el “Cablegate”, en donde se expuso la comunicación entre el Departamento del Estado de los Estados Unidos y diferentes gobiernos, entre ellos el de México.

Desde distintas perspectivas, Wikileaks y el periodismo tienen como objetivo desafiar al poder político, asegurando que los gobiernos sean transparentes. Lo que deriva en un trabajo periodístico exhaustivo para ofrecer una comprensión más amplia y profunda de lo que desafortunadamente resulta cotidiano. En México, una realidad compleja donde predominan problemáticas como la violencia y el abuso de poder, asuntos que requieren ser entendidos y explicados con mayor dedicación.

El periodismo de investigación ha contribuido en nuestro país a los cambios políticos más importantes en los últimos años, gracias a trabajos premiados internacionalmente sobre corrupción como “La Casa Blanca de EPN” o “La Estafa Maestra”, por ejemplo. Detrás de la evidencia irrefutable que revelan está el ejercicio del derecho de acceso a la información y la labor de los órganos garantes como el INAI, que son quienes hacen que las autoridades, o sujetos obligados, respondan.

En el caso de “La Estafa Maestra”, Animal Político publicó que para la investigación “se realizaron más de 500 solicitudes de información y 200 recursos de revisión interpuestos ante el INAI”. Para que estos últimos se resolvieran fue clave la autonomía constitucional del instituto, ya que al ser independiente no se sujeta a las decisiones del Estado sobre el derecho a la información de la sociedad.

La opacidad se acompaña de la censura en sus formas más crueles. No hay que olvidar el riesgo que corren las y los periodistas en México, donde el costo por investigar y publicar, muchas veces, es la vida. ARTICLE 19 ha documentado 137 asesinatos de periodistas en relación con su labor en los últimos 20 años, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) determinó que nuesto país fue el más peligroso para la prensa en 2019.

Es en este contexto desolador –cada 10.75 horas se registra una agresión contra periodistas– donde AMLO se ha dedicado a estigmatizar la crítica y el escrutinio que sale desde los medios de comunicación, en lugar de ejercer acción alguna que permita combatir la violencia contra la prensa y la impunidad que la acompaña. No hay que olvidar que el periodismo es uno de los principales actores para el conocimiento a nivel masivo y un punto de partida para la reacción de la sociedad. Así pues, la pugna por el poder sigue siendo afectada por esta labor.

Es así que la contradicción del presidente se extiende también en su falta de voluntad política para generar las condiciones necesarias para ejercer libremente el periodismo. El Estado ha sido incapaz de resolver los crímenes contra periodistas y mantiene sin esclarecer el 99.13% de sus investigaciones, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Entre los casos impunes más notorios está el del uso del malware Pegasus, adquirido por el gobierno anterior para vigilar ilegalmente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entre sus objetivos estuvieron el grupo de periodistas que trabajó el reportaje de “La Casa Blanca de EPN”, entre ellos, Carmen Aristegui. El #GobiernoEspía fue aún más allá y usó el malware en contra del hijo de la periodista, quien en ese momento era menor de edad.

Si bien AMLO aseguró que durante su gobierno no se ha usado Pegasus, no hay registro documental que lo acredite. A través de solicitudes de información, El País encontró que las dependencias públicas “nunca recibieron una orden oficial para borrarlo de sus computadoras”.

Estos factores impulsados desde el poder derivan en el silenciamiento: la estigmatización del disenso, la continuidad que genera la impunidad en las agresiones contra periodistas y la clausura del acceso a la información pública. Es imprescindible decir que se tratan de graves señales del deterioro de los derechos humanos.

La información no es un privilegio sino una necesidad y un derecho. Para ello, es necesario que el Estado cumpla su obligación: garantizar los derechos de la sociedad. En este caso, eliminar los organismos autónomos implica vulnerar la libertad para que la sociedad vigile y cuestione las acciones del Estado, lo cual es esencial en una democracia.

En vísperas de la presentación de la propuesta de reforma administrativa del presidente, no basta dejar de decir que perder la autonomía para abrir paso a la opacidad y al silencio no puede ser una opción. Estos son elementos nocivos que lentamente deshacen cualquier herramienta que permita a la sociedad defender sus derechos. Instaurarlos, bajo el cobijo de la política como dogma, reduce las posibilidades de un verdadero cambio impulsado desde la sociedad y no desde el poder político.

* Juan Vázquez (@dicejuanque) es Oficial del Área de Comunicación de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

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