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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La PGR hace política
¿Cuáles son las razones por las que la PGR ha decidido dejar el caso de la desaparición del periodista Moisés Sánchez en el fuero común? Una vez más las respuestas parecen apuntar hacia los motivos políticos por encima del Estado de Derecho.
Por Artículo 19
16 de enero, 2015
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A las 19:00 horas del viernes 2 de enero de 2015, el periodista José Moisés Sánchez Cerezo fue privado de la libertad de manera violenta por nueve hombres armados mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Gutiérrez Rosas, municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. Los hombres responsables de su desaparición también sustrajeron sus instrumentos de trabajo periodístico: una computadora, una tablet, una cámara réflex y unos celulares.

Los nueve individuos, vestidos de civil y sin capuchas, llegaron a la residencia del periodista en tres vehículos. Las características de los hechos permiten afirmar que el desconocimiento de su paradero está motivado por sus labores periodísticas, mismas que representan elementos de valoración para las condiciones de riesgo y urgencia. La Procuraduría de Veracruz ha apuntado las líneas de investigación en contra del alcalde Omar Cruz Reyes y de algunos policías municipales que actualmente están bajo arraigo.

A pesar de la gravedad de los delitos y violaciones a los derechos humanos de Moisés y su familia, y 14 días de su desaparición, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR se limita a “coadyuvar” en las investigaciones. Ello contradice de manera cínica la razón de las reformas constitucional y legal que le otorgaron a la Federación facultades para conocer de delitos contra la libertad de expresión.

Historia y razones de la facultad de atracción

El 26 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del segundo párrafo en la fracción XI del artículo 73 de la Ley Fundamental en los siguientes términos:

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”. 

El 3 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adecuación a la legislación secundaria, mediante la cual se reglamenta la reforma constitucional por la que se otorga competencia a las autoridades federales para conocer de los delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, los cuales afecten, limiten o menoscaben los derechos a la libertad de expresión, de información y de imprenta. Fueron los artículos 6 y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, 50 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 11 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República los que se modificaron para brindar la facultad de atraer casos de agresiones contra la libertad de expresión a la PGR.

Con esta reforma constitucional y legal se estableció la competencia de las autoridades federales, a través de la facultad de atracción, para investigar y juzgar aquellos delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, los cuales afecten, limiten o menoscaben los derechos a la libertad de expresión, de información y de imprenta; por lo que la Federación puede atraer y conocer cualquier caso de competencia en el fuero común, a partir de los motivos mencionados, ya sin necesidad de estar sujeto a que haya conexidad entre un delito local y uno federal para poder atraerlo.

En este sentido, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en su proyecto de decreto fueron claras al mencionar que:

“(l)a iniciativa busca mediante reforma al artículo 73 constitucional, facultar a las Autoridades Federales, para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.

En este sentido, el valor protegido de esta reforma reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y debida protección de los mencionados derechos.

Los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.

Por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.

[…]

De manera específica, las personas dedicadas al ejercicio de la actividad periodística en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Así, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Por ello, la violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto”.

En suma, la intención detrás de la reforma es la poca o nula efectividad de las investigaciones sobre delitos contra periodistas en los estados. Máxime cuando el 45 % de las agresiones contra la prensa son cometidas por los funcionarios locales que eventualmente tendrían que investigarlas o colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Toda la maquinaria legislativa se activó –por enésima ocasión- para intentar abatir la impunidad.

Caso de Moisés Sánchez: múltiples motivos para atraer, negligencia absoluta

Es importante destacar que el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece con claridad cuáles son los supuestos bajo los cuales puede atraer la FEADLE los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En el caso de Moisés Sánchez Cerezo se actualizan cuando menos 6 de ellos:

  1. cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

La principal línea de investigación apunta a la responsabilidad del alcalde de Medellín, Omar Cruz y los elementos de seguridad pública locales.

  1. cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

La familia de Moisés Sánchez, así como sus vecinos, han señalado públicamente que el alcalde de Medellín amenazó tres días al periodista antes de su sustracción violenta por exponer la situación de inseguridad que prevalece en el municipio.

  1. cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley;

El delito de desaparición forzada es un delito y una violación grave a derechos humanos.

  1. cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

Al permanecer como desparecido su vida e integridad siguen en peligro dadas las circunstancias en que fue sustraído de su domicilio, esto es, por un comando fuertemente armado que además robó su celular y su computadora. La falta de información sobre su paradero genera también una lesión a la integridad psíquica de la familia debido al estado de incertidumbre y zozobra permanente.

  1. cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

La desaparición forzada de Moisés Sánchez no solamente afecta al propio comunicador y su familia, constituyendo una grave violación a derechos humanos; también impacta al resto de la sociedad al sufrir la interrupción del flujo de información de manera violenta. Como ya se ha documentado ampliamente, Moisés –a través de redes sociales y de su periódico La Unión de Medellín- informaba sobre la preocupante situación de inseguridad en la localidad.

  1. cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

El estado de Veracruz es el más peligroso para la prensa en México. Del 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 15 periodistas en Veracruz; con Moisés Sánchez Cerezo suman cinco los comunicadores desaparecidos en esa entidad. De 2007 a 2014, se tienen documentadas 86 agresiones físicas contra la prensa en el estado, así como 22 intimidaciones contra periodistas.

A partir de lo aquí expuesto, ¿cuáles son las razones por las que la PGR ha decidido dejar el caso en el fuero común? Una vez más las respuestas parecen apuntar hacia los motivos políticos por encima del Estado de Derecho. Poco importa que cada hora sea determinante para encontrar a Moisés con vida. No interesa que en Veracruz existan antecedentes de investigaciones desaseadas cuando se trata de delitos cometidos contra periodistas en razón de su labor. Lo que impera es la estrategia del avestruz, lo que convierte a la Federación un cómplice. Otra vez, por acción o por omisión, les guste o no, fue el Estado.

 

@article19mex

 

 

Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3388-II, publicado el viernes 11 de noviembre de 2011.

 

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