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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La publicidad oficial, en los titulares de nuevo
Muchos medios tienen tanto interés como la gran mayoría de la clase política para preservar el status quo, que no es otra cosa que mantener el significativo flujo de dinero que implica la comunicación social (eufemismo con el que oficialmente se le identifica).
Por Artículo 19
13 de mayo, 2016
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Por: David Mora Vera (@dmoravera)

De vez en vez la viciosa publicidad oficial toma los titulares en México. En algunas ocasiones por sus imprevisibles, lamentables -e incluso risibles efectos (como la presentadora Andrea Legorreta “educando” a sus televidentes en política cambiaria). En otras, cuando usando la poca información disponible se hacen denuncias de sus sobregastos y excesos (como El Sabueso o el proyecto Publicidad Oficial). En unas más, cuando estallan escándalos por el oscuro e ilegal entorno en que se pacta la misma (recientemente, con el anónimo que acusa al Grupo Televisa de recibir dinero en efectivo de partidos políticos y gobiernos estatales a cambio de tiempo de cobertura informativa). Y muy rara vez, cuando un paso se da hacia la regulación de la misma (la última ocasión, poco se cubrió otra iniciativa de ley presentada por el PRD).

La brevedad de estos momentos acalla el gran problema que subyace en los titulares. Corremos el riesgo de quedar entre los falsos argumentos de libertad de expresión que formulan los medios sobre la legalidad y legitimidad de sus contenidos y las vacuas promesas de legisladores y autoridades de regular la materia. Lo cierto es que muchos de los primeros, los medios, tienen tanto interés como la gran mayoría de los segundos, la clase política, de preservar el status quo, que no es otra cosa que mantener el significativo flujo de dinero que implica la comunicación social (eufemismo con el que oficialmente se le identifica). Y aquellos pocos de los primeros que junto a la minoría de los segundos sí cuentan con un genuino interés de reforma, no cuentan con capital político, social y financiero suficiente para generar el cambio.

Dos lapsos muestran lo anterior. El primero, de 8 años, 4 meses y 29 días, o el tiempo que cumple a 12 de mayo de 2016 la omisión de legislar el párrafo octavo del artículo 134 constitucional: el 13 de noviembre de 2007 el Congreso se obligó a sí mismo a legislar a más tardar en 30 días la publicidad oficial; y sin embargo, 128 senadores y 500 diputados después no tuvimos ley alguna. El segundo, de 2 años y 11 días, porque los optimistas congresistas se obligaron -de nuevo- a que el 30 de abril de 2014 tendríamos, por fin, dicha ley; y sin embargo, siete iniciativas después, no hay discusión ni dictamen alguno.

Los medios hacen relaciones públicas, no periodismo: Adrián López de Noroeste from Article19 on Vimeo.

Ahora bien, en esta ecuación debo contar una tercera parte: el Judicial, que hasta ahora se ha mantenido en la inacción frente a los abusos que configura la publicidad oficial para las libertades de expresión e información. Sobre esta rama corre este blog, pues la ministra y los ministros de la Primera Sala en la Suprema Corte habrán de discutir la omisión del Legislativo, la viabilidad de impugnarla en un juicio de amparo, su forma sutil de censurar contenidos independientes y acrecentar la información dócil o acrítica con el poder.

En esta discusión, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia propuso a los ministros y ministra un ejercicio de política y derecho comparados. La conclusión: así como en México, en Colombia la publicidad oficial se formula en la opacidad y ocultamiento, adolece de criterios específicos y técnicos en su contratación, se instrumentaliza como mecanismo de censura en espacios radiales, televisivos e impresos; sirve más como subsidio informal, discrecional y subjetivo para medios de comunicación, y carece de controles para no afectar la libertad de expresión y de información. 

“La dependencia a la publicidad oficial condiciona a la prensa”: Aleida Calleja, Observacom from Article19 on Vimeo.

La diferencia, que juega a favor de México, consiste en tener una mención constitucional y la obligación de regular la materia. No es menor. Por lo menos es suficiente para que un tribunal constitucional que se considere garantista exhorte al legislativo para generar las condiciones de discusión y aprobación de la regulación. No hacerlo no sólo es legitimar un abuso a la Constitución, también es contribuir al status quo (un estado de las cosas inconstitucional, como bien podría llamarse siguiendo el ejemplo colombiano) y prolongar la violación continuada a las libertades mencionadas.

Los argumentos están puestos y la prioridad del tema no es menor. Espero no ser ingenuo al esperar que la próxima vez que la publicidad oficial esté en titulares, sea porque la Corte sentencia el vicio en el estado de las cosas.

“Gobiernos violan derechos al ocultar información sobre #PublicidadOficial”: Joel Salas, comisionado del INAI from Article19 on Vimeo.

 

@article19mex

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