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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
La Suprema Corte que necesitamos
Ante las violaciones graves a derechos humanos registradas en Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, Chalchihuapan y Atenco por parte del Estado, la Suprema Corte cuenta con una gran oportunidad de garantizar estos derechos de manera efectiva y combatir el clima de impunidad que prevalece en México.
Por Artículo 19
19 de agosto, 2016
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

En la actualidad existen en el mundo determinados tribunales cuya función es vital para la construcción, desarrollo y/o consolidación de sistemas democráticos. Estos órganos jurisdiccionales presentan variaciones en cuanto a su estructura, facultades y denominación.

Así, encontramos Tribunales Constitucionales (ej. Bolivia, Perú, España, Alemania), Cortes Constitucionales (ej. Ecuador, Colombia, Italia), Cortes Supremas (ej. EU, Paraguay, México) y Salas Constitucionales (ej. Costa Rica, El Salvador), que pueden formar parte del Poder Judicial o ser órganos especializados no adscritos a este poder, pero lo cierto es que los asuntos que discuten y resuelven son fundamentales para las sociedades.

En México tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que forma parte y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Se compone por 11 ministras y ministros, siendo la última instancia dentro del país para resolver asuntos judiciales y se alude a sí misma como nuestro “Máximo Tribunal Constitucional”.

Sin duda, la SCJN conoce asuntos de gran importancia para el ejercicio de derechos humanos y el sistema democrático, y es por ello que debemos interesarnos en su trabajo cotidiano, observando con lupa cuestiones que van desde el nombramiento de sus integrantes, hasta los asuntos que está discutiendo y bajo qué parámetros los está resolviendo, para saber si estamos o no realmente frente a un tribunal constitucional garante de derechos, que esté a la altura de las circunstancias y acorde con la situación que atraviesa el país.

Es importante recordar que las normas jurídicas deben ser materia viva, es decir, siempre ajustadas a la realidad en constante movimiento, tomando en consideración los cambios sociales, avances tecnológicos, nuevas problemáticas y, en general, toda dinámica transformadora, sin caer en sobreregulaciones y respetando en todo momento los espacios de libertad y ejercicio de derechos de las personas.

En este sentido, la SCJN tiene una alta responsabilidad frente al fortalecimiento democrático, así como la protección y garantía de derechos en un país como México que, precisamente, atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos, conforme lo han documentado y referido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en sus recientes visitas al país.

Hechos como los ocurridos en Ayotzinapa (Guerrero), Tlatlaya (Estado de México), Apatzingán (Michoacán), Tanhuato (Michoacán), Nochixtlán (Oaxaca), Chalchihuapan (Puebla), Atenco (Estado de México) y muchos otros que forman parte de la “lista de la ignominia” sobre violaciones graves a derechos humanos por parte del Estado, son un claro reflejo de la situación imperante en cuanto a tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso letal de la fuerza pública, etc.

Ante este escenario, la Suprema Corte cuenta con una gran oportunidad de garantizar los derechos fundamentales de manera efectiva y combatir el clima de impunidad que prevalece en México, funcionando como contrapeso sustancial frente a los actos u omisiones de los poderes legislativo y ejecutivo, y no sumarse o confirmar la larga lista de agravios que tenemos.

Si bien hay ciertos avances, aún es grande la brecha entre el marco legal e institucional y lo que sucede en la realidad. Asimismo, se han presentado graves retrocesos, no obstante teniendo la oportunidad de garantizar el ejercicio de derechos. En las últimas semanas hemos constatado lo anterior, por ejemplo, en materia de tortura sexual o derechos colectivos de pueblos indígenas frente a concesiones mineras, donde la SCJN ha dejado pasar esa oportunidad histórica para dar protección y emitir criterios que abonen en ese sentido.

Otro caso fue el de la reclamada inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom) en materia de geolocalización y retención de datos, en el cual la SCJN determinó declarar la validez de estas disposiciones contenidas en sus artículos 189 y 190, dejando desprotegido el derecho a la privacidad de las personas.

Sobre la Ley Telecom, la Corte también acaba de resolver un asunto donde declaró la constitucionalidad del artículo 89, validando que los concesionarios de radiodifusión de uso social no pueden tener acceso a patrocinios como fuente de financiamiento, a pesar de que constituye un trato desigual y discriminatorio, toda vez que esa fuente de financiamiento sí se prevé para concesiones de uso público, representando una restricción e impedimento para la consecución de sus objetivos.

Asimismo, en materia de libertad de expresión y protesta social también perdió una oportunidad valiosa para garantizar plenamente estos derechos, ya que hace unos días declaró la constitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Estos artículos establecen un aviso previo de 48 horas para realizar manifestaciones “perfectamente lícitas”, condicionando y calificando a priori el ejercicio de la libre manifestación; además, la prohibición se usar vías primarias de circulación continua, reduciendo con ello el uso del espacio público, como espacio de participación y no sólo de circulación de vehículos; finalmente, la facultad a Seguridad Pública de “tomas las medidas necesarias” para evitar bloqueos, siendo una disposición ambigua, que abre la posibilidad de arbitrariedades por parte de la policía.

Y aunque en este caso la Corte acotó lo anterior, refiriendo que el aviso previo no es obligatorio darlo ni debe traducirse en permiso o autorización, estando garantizadas las manifestaciones espontáneas, y que tampoco se habilita el uso de la fuerza pública ni la disolución de manifestaciones, pudo haber ido más allá, declarando esos artículos inconstitucionales y garantizando a plenitud los derechos a la libertad de expresión y reunión.

Algo que retrató a nuestra Suprema Corte de una manera muy preocupante, fue la discusión que tuvieron las y los Ministros hace unos meses, ya que algunos de ellos pusieron en tela de juicio la pertinencia del denominado ‘litigo estratégico’, tratando de calificar la condición de quienes promuevan algún amparo, siendo que históricamente este tipo de litigio ha sido una herramienta fundamental en la búsqueda de cambios estructurales, así como para la promoción y defensa de derechos humanos en el mundo. Este tipo de discusiones no son propias de un verdadero tribunal constitucional.

Ante este panorama, resulta preocupante el papel que está desempeñando la Suprema Corte si consideramos la trascendencia de diversos asuntos que tiene pendientes de resolver. Entre ellos: el uso de la fuerza pública y que la policía pueda utilizar armas de fuego en manifestaciones; límites a la jurisdicción militar; protección a periodistas y libertad de expresión; enfermedades de transmisión sexual y discriminación; regulación del derecho de réplica; acceso a la información en casos de violaciones graves a derechos humanos, entre otros asuntos.

Temas delicados que pueden impactar de manera positiva o negativa en la vida de las personas, dependiendo qué criterios adopte la Suprema Corte, si conforme a un Estado constitucional democrático, o desde una perspectiva legal formalista como en el siglo XIX. ¿Cuál es la Corte que queremos? Exijamos que sea una que en verdad garantice los derechos de todas las personas, o seguiremos retrocediendo en estos tiempos tan adversos e infortunados.

 

@article19mex

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