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Por Artículo 19
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La tan necesaria y escupida defensa de los derechos humanos
Con su pasividad y silencio, el gobierno mexicano se ha convertido en cómplice de los ataques a defensores de derechos humanos en lugar de reconocer la importante labor que realizan. ¿Qué hay en el fondo de esta decisión?
Por Artículo 19
22 de abril, 2016
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

En estas últimas semanas revivió, y con fuerza, aquella frase que Arturo Montiel utilizó en su campaña política como candidato por el PRI para gobernador del Estado de México en 1999, que dice “los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”. Finalmente ganó la gubernatura, sumando votos a partir de este tipo de mensajes demagógicos pero, sobre todo, contrarios a la dignidad y los derechos de las personas, que de forma miope pretendía propugnar.

Ha transcurrido 17 años desde aquel episodio y de forma alarmante nos volvemos a encontrar ese argumento que, a pesar de expresarse en otras palabras o con otra tonalidad, por lo menos respecto a personas públicas, representa el mismo mensaje.

Por lo menos de 1999 a nuestros días han acontecido diversos hechos, lo cual nos obliga a observar con mayor detenimiento, realizando un análisis a fondo sobre qué implica, de dónde viene y qué consecuencias genera este discurso que ha resurgido, si es que alguna vez estuvo ausente ya que los hechos nos demuestran lo contrario. Es decir, que aquel fantasma montielista siguió recorriendo nuestro país en todos estos años.

Tenemos como ejemplos muy representativos lo sucedido en San Salvador Atenco en mayo de 2006 durante el sexenio de Vicente Fox, con decenas de detenciones arbitrarias, tortura sexual contra 26 mujeres y, en general, uso excesivo de la fuerza pública que también determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo la militarización del país durante el sexenio de Felipe Calderón, que decantó en continuas y graves violaciones a derechos humanos por parte de la fuerzas armadas, un periodo marcado por la violencia y muerte. Finalmente, en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto (quien por cierto era gobernador del Estado de México durante la represión en Atenco) la situación de los derechos humanos están atravesando una grave crisis. Léase: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Aquila, Calera, Tanhuato….

A esa conclusión ha llegado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en sus recientes visitas a México, derivado de la observación, documentación y seguimiento de múltiples casos e informes dentro de sus visitas in loco al país, así como de toda la información proporcionada por organizaciones civiles cuya labor de defensa y acompañamiento permite conocer de cerca a quienes son víctimas de violaciones a sus derechos y cuya experiencia cotidiana demuestra que se trata de patrones generalizados.

En este sentido, la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos es vital para el fortalecimiento democrático y en la búsqueda de mejores condiciones sociales, a través de la atención, acompañamiento y defensa de personas que han sido víctimas y cuya exigencia de justicia, verdad y reparación es incesante, en muchos casos perenne ante las omisiones del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, así como en la búsqueda de cambios estructurales en las normas y procedimientos, con el objetivo de incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos.

Es por ello que las y los defensores se encuentran en riesgo y son víctimas de agresiones, amenazas y, lo más grave, de asesinatos. Por supuesto, habrá siempre alguien que le incomodará su importante trabajo, buscando acallar sus voces, para que dejen de exhibir precisamente esa grave crisis en materia de derechos y mantener el status quo.

La CIDH en su reciente informe Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, analiza y muestra justamente esta situación adversa por la que atraviesan las personas defensoras. Por ello, una de sus primeras recomendaciones que emite a los Estados para enfrentar dicha criminalización es la siguiente:

“Reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad, cuyo compromiso se refleje en todos los niveles estatales, sea municipal, estadual o nacional y en todas las esferas de poderes –ejecutivo, legislativo o judicial. Ello se puede lograr a través de programas especiales, el otorgamiento de premios, ceremonias, comunicados de prensa o medidas de otra índole que visibilicen el trabajo de las personas defensoras, y que demuestren su valor e importancia para la sociedad”.

En las últimas semanas hemos visto una campaña de desprestigio que ha ido acrecentándose en algunos medios de comunicación y a través de personas con proyección pública como la señora Isabel Wallace o el señor José Antonio Ortega, que hasta presentó una denuncia penal ante la PGR por el delito de fraude en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la cual fue desechada por incumplir requisitos de procedibilidad. Es decir, el objetivo era otro: el desprestigio.

Esta campaña arreció en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presta apoyo técnico en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Este grupo ha realizado una gran labor en este caso que representa el universo de lo que sucede en el país en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la cual también es generalizada, tal como lo dijo el Relator de la ONU, Juan Méndez, a quien también se ha descalificado y tildado de corrupto. El gobierno mexicano, en respuesta a su informe sobre México, se refirió a él como “no profesional y poco ético”.

Las y los expertos que forman parte del GIEI, que a partir del 30 de abril se retira del país dejando una huella importante que debe servir a futuro en casos de violaciones a derechos humanos, también han sido descalificados arteramente llamándoles “chantajistas”, “fraudulentos”, “corruptos”, entre otras lindezas. Ese discurso ha ido contra organizaciones defensoras mexicanas tildadas sin sustento alguno como “extorsionadoras” que “lucran” con los derechos humanos; nuevamente, sólo desprestigiar.

El gobierno mexicano se convierte en cómplice de esto con su pasividad y silencio, en lugar de reconocer la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos. ¿O es que habrá algo más en el fondo de esta campaña de desprestigio? ¿Será que viene de algún pasillo de Los Pinos o de Bucareli? Lo cierto es que esos ataques y ese silencio también elevan el riesgo que de por sí ya tienen las personas defensoras y su labor tan vital, necesaria e imprescindible en México, ante la grave crisis que vivimos.

 

@article19mex

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