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Las buenas y las malas de la publicidad oficial
El gobierno de AMLO ha reducido en más del 50 % el gasto en publicidad oficial, pero no ha dejado de ser discrecional en su asignación. De 457 medios que recibieron recursos en 2020, 10 concentraron más del 50 % de los mismos y 3 de ellos más de la cuarta parte de la totalidad: Televisa, Televisión Azteca y La Jornada.
Por Ricardo Reyes Márquez
21 de agosto, 2021
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A primera vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su promesa en cuanto se refiere a su compromiso de austeridad y combate a la corrupción al reducir en un 50% el gasto en publicidad oficial. Incluso, lo ha reducido considerablemente más de la mitad en comparación con lo que gastó su antecesor, Enrique Peña Nieto. Lo que no es visible es que persisten malas prácticas que hemos venido señalado por años desde Artículo 19 y FUNDAR, mismas que se han mantenido a lo largo de las distintas administraciones.

Para el primer año de gobierno de AMLO se ejercieron 3,459 millones de pesos en comparación con los poco más de 13 mil millones de pesos que ejerció EPN, y en su segundo año, AMLO ejerció 2,248 millones de pesos en comparación con los 11,398 millones que gastó EPN. Es decir, en su segundo año AMLO ejerció una quinta parte de lo ejercido por EPN.

El histórico gasto excesivo en publicidad oficial que se suscitaba en administraciones pasadas ha dejado de ejercerse. En materia de comunicación social, el gobierno federal hizo el esfuerzo durante 15 meses de realizar la conferencia vespertina por la Secretaría de Salud, en donde se difundió de manera constante información relacionada con la pandemia que azotó el mundo entero. Claro, sin dejar de mencionar los vacíos y cortos alcances que tuvo la estrategia en algunas zonas del país al enfrentar obstáculos como la pertinencia cultural, la brecha digital, la brecha del idioma, los formatos y medios por donde se difundía la información, que no fueron pertinentes debido a las distintas realidades y distintas posibilidades con las que cuentan las distintas sociedades a lo largo y ancho del país.

Pero si bien existen los contrastes positivos en el 2020, persisten malas prácticas que es importante señalar:

Primero, la falta de criterios claros y objetivos de asignación de recursos para publicidad oficial, mismos que se pueden observar en la concentración del gasto, la más notable de estas prácticas. Históricamente, ha sido un selecto grupo de medios de comunicación quienes se han beneficiado con gran parte de los recursos ejercidos en materia de publicidad oficial. Para el 2020 no fue la excepción, pues de 457 medios que recibieron recursos, únicamente 10 de ellos concentraron más del 50% de los mismos, y 3 de ellos más de la cuarta parte de la totalidad. Lo anterior representa una distribución inequitativa y desigual.

 

Segundo, en el mismo sentido, el gobierno federal se caracterizó por concentrar las erogaciones de la pauta publicitaria en un reducido número de instituciones, pues de las 93 que realizaron gastos en publicidad oficial, 10 de ellas concentraron más del 80% del gasto. En un año afectado por el coronavirus, la necesidad de informar no solo en materia de salud, sino en cuestiones educativas, participación política, programas sociales, económicos, entre otras, ameritaba una urgencia y una importancia sobresaliente a otros años.

La información es vital para el ejercicio de derechos. Y en un contexto afectado por la pandemia es fundamental que tanto el gobierno como los medios de comunicación lleven a cabo la importante labor de difundir información referente a sus responsabilidades y nuestros derechos.

Las conferencias matutinas han intentado ser un espacio donde se garantice el derecho a la información y la transparencia, pero se ha identificado a través de diferentes espacios y medios que no cumple con esos objetivos, y que ha sido una tribuna para la descalificación y el señalamiento de adversarios (dirigidos en contra de los medios de comunicación , de organizaciones de la sociedad civil y academia, e incluso para servidores públicos), más que para un libre y circular ejercicio de derechos.

Estas prácticas son permisibles debido a que no contamos con una debida regulación en la materia. Actualmente nos regimos bajo la Ley General de Comunicación Social, la cual ha sido impugnada tanto por Artículo 19 como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un grupo de senadores y el partido político Movimiento Ciudadano. Esta agenda está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en febrero de este año intentó presentar un proyecto de resolución del amparo promovido por Artículo 19 en el que validaba la legalidad de la Ley de Comunicación Social.

Dicho lo anterior, es necesario y urgente que el máximo tribunal constitucional del país analice con perspectiva de derechos humanos los recursos que tiene pendientes por resolver en la materia, declarando inconstitucional la señalada ley, para así dar pie a la agenda pendiente de una debida y correcta regulación en materia de publicidad oficial.

* Ricardo Reyes Márquez es Coordinador Jurídico del programa Derecho a la Información de @article19mex.

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