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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Libre expresión en condiciones de inseguridad
¿Qué tan peligroso es ejercer la libertad de expresión en México? No todos los grupos vulnerables enfrentan las mismas amenazas.
Por Artículo 19
10 de octubre, 2012
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Hablar de seguridad en el ejercicio de derechos humanos es algo relativamente nuevo en México. Seguridad es un concepto  desarrollado en las teorías militares y de la guerra centrada en las instituciones y no en las personas. Durante siglos se habló de la defensa de las fronteras nacionales, la soberanía y los gobiernos, sin embargo el enfoque de algunos especialistas, cada vez más,  en los últimos 30 años ha trasladado su atención  a la defensa de las personas y su capacidad de ejercer sus derechos y libertades.

¿Qué tan peligroso es ejercer la libertad de expresión en México? Si hiciéramos una evaluación del riesgo que implica el ejercicio de este derecho, a diferencia de otras actividades como aventarse de un paracaídas o viajar en avión, la percepción personal de las posibles amenazas tiene un peso importante.  La sensación de un nivel aceptable de seguridad compuesto de un entorno político, jurídico y personal  propicio resulta indispensable para el pleno ejercicio de este derecho, la ausencia o variación de uno de estos elementos promueve la autocensura.

Ciertos grupos  en México son especialmente vulnerables a la autocensura y la violencia en sus diferentes formas: comunidades indígenas en general, y en particular los miembros de estos grupos que profesan una religión diferente a la católica. Personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual.

Al mismo tiempo quienes ejercen la libertad de prensa, al igual que quienes ejercen la libertad de expresión para combatir o criticar la corrupción, la impunidad y los abusos del poder (formal y fáctico)  como personas que defienden derechos humanos, activistas y luchadoras sociales enfrentan una situación especialmente adversa, en gran parte debido a al fracaso del Estado en garantizar sus derechos humanos.

Una mirada más minuciosa revelaría que resulta impreciso e inclusive alarmista extrapolar los riesgos genéricos para atribuirlos a cada miembro de esos grupos. No todos los defensores o periodistas enfrentan las mismas amenazas. Es innegable que existen riesgos para activistas de ciertas causas o para quienes participar en la lucha social, pero estas varían de acuerdo a lugar y condiciones en las que se desarrolle esta labor.

Resulta inútil y hasta un poco mezquino criticar las percepciones personales respecto a las condiciones de seguridad, que, en dado caso, deben de ser transformadas a través de políticas públicas y programas espaciales. La percepción está íntimamente ligada a la confianza, si existe una percepción negativa en cuanto a temas de seguridad debe de ser interpretada por sí misma como una señal de alerta o de preocupación.

Sentirse seguro no significa necesariamente estar seguro y viceversa. La diferencia a menudo radica en la cantidad de información disponible,  para  así mediar (confrontar) las percepciones personales de cada amenaza potencial frente a la probabilidad real de que se concrete. La multiplicidad de factores (datos estadísticos, testimonios etcétera) que pueden integrarse a este proceso de análisis puede arrogar la confirmación o rechazo de la percepción inicial de cada persona. Esta mediación entre la percepción subjetiva y la información objetiva  es  una de las metodologías comúnmente utilizadas en la evaluación de riesgos. Sí a este resultado lo confrontamos con una evaluación de las capacidades (físicas, económicas, emocionales e inclusive jurídicas) de cada persona para responder, resistir y reponerse  a un determinado incidente de seguridad, obtendremos una estimación del riesgo personal.

En lugar de detenernos a detallar todo el proceso de evaluación, valdría la pena abordar en esta ocasión el papel que juega las redes de solidaridad, la sociedad civil y los medios de comunicación luego de que tiene lugar un incidente de seguridad. Los cuales pueden ser cruciales para aminorar o incrementar el impacto a la integridad física, emocional e inclusive patrimonial de una víctima. Cada uno de estos actores tienen responsabilidades que van desde lo ético hasta lo estrictamente legal.

Un organización (social, de derechos humanos, política) tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física de sus integrantes y, en la medida de lo posible, ofrecer mecanismos para la evaluación y gestión de los riesgos. Establecer mecanismo de actuación en casos de incidentes de emergencia. Existe un contexto adverso en México para el ejercicio de la libertad de expresión y las organizaciones, colectivos y redes no pueden simplemente pasar esto por alto. Aquí habrá que diferenciar el papel de las organizaciones durante la emergencia y durante las fases posteriores, tanto en la difusión o no de información, trámites legales, activación de redes nacionales e internacionales de solidaridad. En resumen, las organizaciones deben de tener la capacidad para procesar los temores (fundados o no) de sus integrantes para prevenir y en su caso minimizar el impacto de un incidente de seguridad.

El modo en el que se difunde información es un elemento clave durante y después de una emergencia, ya que puede facilitar, entorpecer e inclusive impedir la instrumentación de acciones. Su pertinencia depende de los detalles específicos del incidente, el contexto, la posible identidad de los perpetradores pero sobre todo, las decisiones de los familiares. A veces por estrategia, presión o inclusive temor, los familiares deciden no difundir información y esto debe de ser la base para las acciones que emprendan las organizaciones y colegas.

Del mismo modo, los medios de comunicación también juegan un papel importante al retomar la información que se decide difundir. Al difundir la información sobre un incidente de seguridad en el ejercicio de la libertad de expresión, los medios deben de tomar en cuenta primero la confirmación de los hechos, el respeto a la dignidad y seguridad de las víctimas, familiares y colegas, pero sobre todo cerciorarse de que dicha publicación no entorpezca las acciones emprendidas.  El trabajo coordinado entre organizaciones y medios de comunicación alrededor de un caso individual puede ser el fiel de la balanza en  el momento de disuadir y presionar a las autoridades.

Regresemos un par de semanas atrás: la imposibilidad de localizar a Aleph Jiménez, vocero del Movimiento #YoSoy132 en Baja California puso al descubierto parte de los elementos que se han planteado en este texto. Aleph al percibir un riesgo inminente y ante la falta de mecanismos de protección por parte del Estado mexicano y el propio movimiento al que pertenece, tuvo que hacer uso de sus propios recursos. La respuesta improvisada del movimiento difundió información de una desaparición forzada (violación grave a los derechos humanos). Afortunadamente el resguardo de Aleph fue voluntario, ahora le toca al movimiento fortalecer los procesos internos para gestionar las emergencias e incidentes de seguridad que potencialmente puedan enfrentar sus miembros. Esta ha sido una experiencia que les ofreció la posibilidad de ver estas deficiencias (entendibles debido a la naturaleza del movimiento) y también las deficiencias estructurales y funcionales del estado para atender este tipo de casos. Hoy más que nunca urge que las personas se sientan seguras para expresar sus ideas, descontentos y opiniones, ofrecer una red de prevención y protección abonaría en este sentido.

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